Concluye el primer intento de medir la participación de los padres en la UE

Hasta ahora no existía ningún indicador de participación de los padres en los sistemas educativos para el seguimiento de las políticas educativas de los países europeos desde la perspectiva de los derechos humanos. “El punto de partida de este trabajo –según Michele Brunelli, profesor de la Cátedra Unesco de la Universidad de Bérgamo (Italia) y coordinador del proyecto– son los derechos individuales y colectivos de los padres tal y como son reconocidos dentro de las legislaciones de los Estados miembros que han participado”. En una primera etapa se definieron los indicadores para enmarcar el proyecto en el enfoque de los derechos. Entre los derechos escogidos figuran los individuales, como el de escoger la escuela que deseen para sus hijos, la posibilidad de recurrir las decisiones y, en tercer lugar, el derecho de ser informados en cuanto a sus derechos y al progreso de sus hijos.

En el ámbito de los derechos colectivos, el proyecto analiza la participación de los padres en las estructuras formales organizadas del sistema educativo.

Los resultados, que se muestran en los gráficos, indican que en cuanto al resultado global existe una cierta variedad de normas educativas en materia de participación que se manifiesta en una diferencia de casi 30 puntos entre el Reino Unido, que ocupa el primer lugar en el indicador global, y Luxemburgo, en último puesto. España se sitúa en un apreciable tercer puesto, después del Reino Unido y Bélgica.

Indicador por indicador
Si analizamos indicador por indicador, las diferencias aumentan. En lo que se refiere a la valoración de cada derecho, el de recurso es el único que obtiene la puntuación máxima ya que en todos los países participantes existen mecanismos de recurso en donde los padres pueden ejercer el derecho de recurso.

Los resultados del derecho de información son bastante buenos en la mayoría de los países. Según Michele Brunelli, coordinador del proyecto, “la información que reciben los padres es hoy más abundante, generalizada y asequible”. Por lo común, los países con menor puntuación son los que no hacen públicos los resultados alcanzados en la evaluación de sus centros o en los cuales la información no se adapta a las características de los padres de cada centro determinado.

En cuanto al derecho de participación, la diferencia es de más de 60 puntos entre el Reino Unido, en el que las posibilidades de participar son múltiples, y Suecia, donde no existen órganos de participación a todos los niveles y desde hace poco se está pensando en la formación de los padres en este campo.

Finalmente, el derecho de elección de centro es el que recoge la más amplia variación de resultados, pasando de 25 para Luxemburgo y 100 para el Reino Unido y Bélgica. La razón principal de esta diferencia se debe a la existencia y eficacia de las medidas financieras que permiten a los padres la elección de centros distintos de los públicos. En algunos países, los padres pueden escoger el centro que deseen sin ningún gasto suplementario. En otros, en cambio, sólo pueden escoger aquellos padres que tienen una buena situación económica.

En suma, los derechos individuales y colectivos que promueven la participación de los padres dentro de las escuelas son bastante respetados. Gran Bretaña y Bélgica son los países donde los derechos analizados son más efectivos. Por otro lado, España, Portugal, Italia, Rumanía y Suiza presentan valores por debajo de la media de todos los países.

La investigación pone en evidencia también la necesidad de una campaña pública europea para sensibilizar a los padres a participar en el marco de los mecanismos que existen actualmente y promover así una ciudadanía activa en este campo. Sin embargo, los autores del informe reconocen que esto “no es suficiente para garantizar una participación de calidad”. “Para ello, señala Michele Brunelli, debemos formar a las partes implicadas en el enfoque de los derechos, como se propone esta investigación”. Por otra parte, se necesitará mucha más información de la disponible hoy.

Tras la primera y segunda etapa del proyecto, se inicia ahora un proceso que termina con la implantación de módulos de formación destinados principalmente a los padres de familia que, a través de las asociaciones respectivas, podrán utilizar estos indicadores para el seguimiento de las políticas educativas.

En una última etapa se quiere crear un observatorio de participación de los padres que permita evaluar, de manera periódica, las políticas públicas dentro de este ámbito.
“Desde hace unos 15 años, –señala Michele Brunelli, coordinador del proyecto– la participación de los padres ha ido cobrando más importancia y hoy es un derecho reconocido por todos”. Según el profesor italiano, “la colaboración entre la familia y la escuela asegura, a su vez, la coherencia educativa y el enriquecimiento cultural que los chicos necesitan”. El informe revela que, sin embargo, a pesar de que la posibilidad para los padres o sus representantes de participar existe desde 1970 en el marco de estructuras formales, no es sino desde los años 90 –con la elaboración de proyectos de reforma educativa– cuando la autonomía de las escuelas y la participación de los padres en su gestión se encuentran conjuntamente en el centro de los debates y de las legislaciones.

El informe pone el énfasis en la importancia de que los padres, ya sea a través de asociaciones o de órganos de participación, puedan dar su opinión y apoyar las causas relacionadas con sus derechos intentando mejorar las normas y la prestación de los servicios educativos. La Unión Europea recuerda, en este sentido, que “conviene promover colaboraciones más eficaces entre los actores clave para garantizar, dentro del marco de una responsabilidad compartida, la plena participación de todos en el desarrollo de los sistemas de Educación y de formación”.