Una sentencia obliga a la Concertada a abonar los salarios sin aplicar ningún recorte

Los centros concertados deben abonar a sus trabajadores los salarios íntegros acordados en convenio, sin aplicar la reducción análoga realizada por el Gobierno vasco en las retribuciones del personal funcionario de los centros públicos. Así lo decidió el pasado 15 de febrero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en una sentencia a favor de los sindicatos ELA, STEE-Eilas, UGT, CCOO y LAB y en contra de dos de las patronales concertadas, Kristau Eskola y Asociación Independiente de Centros de Enseñanza (AICE), al estimar que “no resulta ajustado a derecho” el recorte de los salarios como consecuencia de las medidas de ahorro fijadas por el Gobierno vasco.

La sentencia ha creado un gran revuelo entre las patronales de la enseñanza concertada, y no sólo en el País Vasco, ante la posibilidad de sentar jurisprudencia. El director general de Kristau Eskola, Aitor Bilbao, advierte de que “el impacto económico de esta sentencia, cifrado en nueve millones, supondría la inviabilidad económica de la gran mayoría de los centros, abocados a la desaparición por su incapacidad de financiarse por otras vías”.

Bilbao, que presentó el pasado 24 de febrero un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lamentó también la absolución del Gobierno Vasco, impulsor de la medida que ha provocado la reducción. Y es que tras la modificación de la Ley de Presupuestos para 2010 el pasado mes de junio, el Departamento de Educación redujo la aportación que realiza para gastos de personal a los centros concertados, de manera que estos profesores vieron sus sueldos recortados en igual porcentaje que los docentes de la Pública –el famoso recorte del 5%–, aunque cobran de media el 95% de un sueldo de funcionario.

Aunque el recorte se hizo efectivo en septiembre, ya en junio los centros concertados trasladaron la reducción a las retribuciones de su personal docente y no docente en los términos fijados por la Administración vasca. Inmediatamente, los sindicatos interpusieron un recurso contra las patronales del sector que ha concluido en esta sentencia del TSJPV.

Kristau Eskola atribuye el sentido de la sentencia al “desconocimiento de parte del Tribunal sobre el sistema de pago delegado que afecta a los centros concertados”. No obstante, valora de manera satisfactoria el voto particular del presidente del Tribunal, quien defiende que dichos centros se limitan a distribuir o entregar a sus trabajadores la retribución conforme a la cantidad que previamente les ha dado el Gobierno Vasco, por lo que discrepa con la decisión de eximir de responsabilidad al Ejecutivo. En este punto, la patronal apela a la responsabilidad del Gobierno Vasco ante la delicada situación a la que la sentencia aboca a los centros concertados. Aitor Bilbao insiste en que “los centros han cumplido y cumplirán la ley, por lo que precisamente son llevados ahora a un callejón sin salida”.

Por su parte, la consejera vasca, Isabel Celaá, aseguró la pasada semana que “el Gobierno vasco no tiene más salida que aplicar el recorte porque no podemos saltarnos una ley de presupuestos que ha salido del Parlamento” y remarcó que “la obligación que tiene el Gobierno es con respecto a los módulos de financiación que la ley regula”.

Otras vías de financiación
La consejera precisó que “la sentencia dice que las patronales tienen que cumplir y que tienen otras fuentes de financiación, de forma que el Gobierno está exonerado de cualquier responsabilidad a este respecto”. “Ellos verán con los representantes de sus trabajadores cómo modifican esta situación. Muchas otras empresas lo han hecho y, a fin de cuentas, la Concertada es una organización entre patronales y trabajadores”, manifestó Celaá.

Al igual que hace la consejera, la sentencia del TSJPV también interpreta que los centros concertados disponen de otras vías de financiación alternativas. Escuelas Católicas, que también ha sido muy crítica con la sentencia, recuerda que “tanto las actividades como los servicios complementarios citados en la sentencia, tienen carácter voluntario y no lucrativo, y no tienen ninguna relación con el pago de salarios del personal que imparte las enseñanzas regladas declaradas gratuitas”.

Según Escuelas Católicas, “los titulares de los centros concertados han respetado en todo momento las reglas del régimen de conciertos al firmar en 2009 unas tablas salariales dentro del marco de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Para la patronal de centros religiosos “si alguien no ha respetado dichas reglas es la Administración, al reducir la cuantía de las cantidades destinadas al personal, dentro del periodo de vigencia de los conciertos y sin mediar ningún tipo de denuncia al respecto”.

Por último, Escuelas Católicas, recuerda que “habrá que esperar a la decisión del Tribunal Supremo, en contestación al recurso de casación interpuesto por Kristau Eskola, para conocer el alcance real de la sentencia del TSJPV, cuyas consecuencias pueden trascender del ámbito del País Vasco y afectar al futuro inmediato del resto de convenios colectivos de enseñanza concertada (nacional, catalán, Educación Especial, etc.)”.

13.000 DOCENTES ACUDIRÁN A LOS TRIBUNALES

• El recorte salarial que ha aplicado el Gobierno vasco a los docentes de la Concertada ha terminado creando un grave conflicto entre sindicatos y patronal. El último capítulo se produjo el pasado miércoles, cuando el sindicato ELA anunció que impulsará la presentación de denuncias individuales contra la patronal para lograr que los profesores recuperen el recorte en los salarios. Calculan que cerca de 13.000 profesores podrían acudir a los tribunales.
• El sindicato explicó que presentará demandas individuales contra las patronales Kristau Eskola y AICE “para forzar el pago de los salarios tras la sentencia del TSJPV”. Además, van a exigir “la responsabilidad subsidiaria al Gobierno vasco en el pago de las cantidades demandadas”. “Es el único camino que nos dejan. Si la patronal no cumple con el convenio y con la sentencia y sigue sin restablecer las cantidades que nos han sido retraídas sólo nos queda esa vía”, dijo el representante de Enseñanza de ELA, Xabier Irastorza.
• Entre 12.000 y 13.000 trabajadores estarían afectados por el traslado a sus salarios de los recortes que se produjeron en la enseñanza pública, con montantes que podrían variar desde los 500 a los 2.000 euros –entre un 1,5 y más del 5% del salario– dependiendo de la categoría del trabajador y del centro, según los datos de ELA. “La patronal dice que obligar al pago les colocaría con una deuda de nueve millones, pero nosotros ya la tenemosy ya lo estamos pagando. Ahí no hay duda”, criticó Irastorza.
• “Kristau Eskola y AICE decidieron que esa rebaja no les iba a repercutir en sus cuentas y para eso optaron por traspasar el peso de los recortes a los trabajadores”, detalló Irastorza. Una decisión que, según ELA, “es un flagrante incumplimiento del convenio que ellos mismos han firmado, así como una violación de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva”.