Asturias cederá a los centros el 35% del currículo de la comunidad
Un plan de autonomía que no ha dejado indiferente a la comunidad educativa asturiana. Ha sonado muy bien para algunos, pero que ha generado un rechazo inmediato por parte de otros, sobre todo las organizaciones sindicales. La consejera de Educación asturiana, Ana Isabel Álvarez, y su viceconsejero, Argimiro Rodríguez, presentaron el pasado 27 de septiembre en la Junta General del Principado un plan de autonomía para los centros educativos no universitarios que incluye la cesión a éstos del 35% del currículo escolar que le corresponde desarrollar a la Administración asturiana para que lo redacten adaptándolo a su alumnado.
Pero el plan no termina ahí. La Consejería asturiana quiere que los centros también tengan autonomía de selección de personal para esas asignaturas propias, y que dispongan de capacidad ejecutiva para buscarse recursos cediendo instalaciones o programando cursos extraescolares. Los sindicatos de la Pública no han tardado en reaccionar y han mostrado su rechazo hacia lo que entienden que es un intento de favorecer a la enseñanza concertada. Para CCOO “hay directrices inequívocas de privatización en la Educación asturiana”, y ANPE califica de “auténtica temeridad la atomización del sistema educativo asturiano”. “Acabaremos con 392 modelos de enseñanza distintos, tantos como centros educativos”, afirman desde este último sindicato.
Pero el Gobierno regional no se marca plazos. “Vamos a ir muy despacio, pero hasta donde haga falta, hasta conseguir que los centros escolares dispongan de su propia normativa en todos los ámbitos de la Educación”, señaló el viceconsejero. La Administración asturiana apuesta además por un perfil de directores de centros que provengan más del mundo de la gerencia que de la Educación. “¿Necesita un hospital tener un gerente que sea médico? Pues no. Lo mismo puede ocurrir con un colegio”, manifestó la consejera en la Junta General.
Experiencia piloto
El plan de autonomía de centros tendrá para el próximo curso una experiencia piloto que afectará a dos colegios de Primaria, dos institutos de Secundaria, un centro integrado de FP y una Escuela de Idiomas, y con los límites que marca la ley. Álvarez remarcó que “este plan no supondrá dejación de funciones por parte del Principado. El objetivo es evaluar los resultados e ir ampliando este modelo de forma progresiva al conjunto de centros de la comunidad con el propósito de que los padres puedan elegir libremente el centro de sus hijos”.
“El modelo a seguir es homólogo al madrileño y se basa en los principios de autonomía de gestión, autonomía curricular, libertad de elección a los padres, profesionalización de la dirección y evaluación de resultados”, analizan desde CCOO. Para este sindicato “la cesión a los centros del 35% del currículo es una dejación de funciones”. Desde ANPE se preguntan: ¿Hablan de autofinanciación cuando en los centros educativos, en muchos casos, no hay dinero ni para folios?”. “Es abrir la puerta al copago en Educación. Las familias se verían obligadas a correr con parte de los gastos del centro”, estima CCOO.
ANPE señala que “si se pretende más autonomía, ésta se debe producir en las aulas; con más financiación para una dotación adecuada y óptima de los recursos existentes, menos burocracia en la tarea docente y más autoridad para el profesorado que permita impartir las clases con normalidad”. Respecto al personal, el sindicato recuerda que “existe una normativa estatal que establece el sistema de acceso a la función docente e incide en que los centros educativos no son empresas”. Y en cuanto a la profesionalización de la dirección, resalta que es conocida “la nefasta experiencia de gestión en materia de personal por entes ajenos al mundo educativo”.
Competencia estatal
CCOO recuerda que la fijación de las enseñanzas mínimas es competencia del Gobierno y de las comunidades autónomas en el porcentaje establecido, a fin de asegurar una formación común que garantice la validez de los títulos”. “Si fijasen las enseñanzas mínimas podrían no ser equiparables y tendríamos centros con distintas calidades de enseñanza”, advierten desde la organización sindical.
Además, apuntan que “la profesionalización de la dirección con perfil gerencial es apostar por una gestión de tipo empresarial en lo público, como si los centros fuesen establecimientos comerciales que tuviesen que competir con sus productos en el mercado”.
También se ha pronunciado el sindicato Suatea para el que “cualquier entrada del sector privado en el servicio público es para hacer negocio, un camino que han seguido el tripartito catalán, con su Ley de Educación, y Esperanza Aguirre con la financiación masiva de los centros privados”.