La escasez de recursos públicos lleva a ajustar los presupuestos

Sea de manera explícita o solapada, las comunidades están ajustando sus cuentas públicas –también en Educación– ante la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit y de afrontar una etapa de menos recursos públicos. Aunque las diferencias por comunidades son notables y sea difícil saber dónde o en qué se están reduciendo o ajustando los recursos, debido a la falta de transparencia de algunas administraciones, el caso más paradigmático de unas cuentas austeras es el de Castilla-La Mancha.

En esa comunidad, la presidenta regional, Mª Dolores de Cospedal presentó el 2 de diciembre pasado la segunda parte de un plan de ajuste que afecta a la enseñanza. Además de otras medidas ya adelantadas con anterioridad, como la reducción de los 33 centros de profesores a uno solo, con un ahorro de 9,3 millones, la presidenta desveló que se reprogramarán las rutas de transporte con un ahorro de 14,5 millones de euros, la gratuidad de libros de texto ya no será universal sino en función de la renta familiar, con un ahorro de 10,9 millones y los interinos se contratarán solo hasta el 30 de junio de 2012, además de llevar un control de las bajas, lo que significará otro ahorro de 100 millones de euros.

Para el sindicato CSI-F, no obstante, lo más grave es el mensaje que Cospedal lanzó en la presentación de estas medidas, y que consiste en que se “compatibilizará la red pública de la mejor calidad con una red concertada y privada” para que sean los padres quienes elijan. Esta única red de enseñanza –ya consagrada en sistemas educativos como el catalán– es todavía una novedad en otras comunidades con menor presencia de la Concertada. “Si lo que pretende –dice CSI-F– es aumentar la ratio pública-concertada, ya no sería una cuestión coyuntural debida a la crisis económica, sino algo que afecta al propio sistema tal y como se ha establecido en Castilla-La Mancha a diferencia de otras comunidades”. Además, para esta organización, “no podría significar más que dos cosas en la actual circunstancia de bajo crecimiento demográfico: o cerrar centros [públicos] en beneficio de privados o concertar centros que actualmente son privados”.

En una comunidad como la canaria, cuya gestión de la Educación está en manos del PSOE, el secretario de FE-CCOO en las islas, José Barroso, criticó la semana pasada que los centros privados y concertados reciban 42,64 euros por alumno y mes de los presupuestos, frente a los 16,38 de los públicos. Si a estas cantidades se suman las cuotas de las familias, los privados concertados reciben siete veces más que los públicos. La patronal de privada CECE, por su parte, cree que un aumento de recursos a estos centros en Canarias –hasta alcanzar la media nacional– permitiría un ahorro anual de 344 millones. En definitiva, la crisis actual llevaría a que la enseñanza concertada ganase más peso en todas las comunidades, ya que sale más barata a las administraciones. Además, los padres están preocupados con la conflictividad en las aulas públicas, especialmente en Madrid, donde las continuas huelgas y medidas de protestas estarían provocando un trasvase de alumnos hacia la enseñanza concertada, nada conflictiva.

En Baleares, donde el nuevo gobierno también se encontró con deudas en las arcas públicas, el consejero Rafael Bosch ya ha dicho que el presupuesto educativo mejorará a lo largo de la legislatura, pero que en cualquier caso garantiza los servicios educativos básicos. La prioridad del gobierno balear es afrontar los pagos de las nóminas de los trabajadores de la enseñanza. La reducción allí ha sido de 54,7 millones, incluidos gastos de personal, lo que representa un 6,65% menos que el año pasado. Bosch ha insistido en que el ajuste presupuestario de su departamento se llevará a cabo para poder mantener los actuales salarios de los profesores –a diferencia de los que sucederá en otras comunidades– y a pesar de tener que asumir un déficit heredado de 26 millones de euros.

Pero incluso en comunidades ricas como la del País Vasco o Navarra se han producido recortes. La secretaria general de STEE-Eilas en Euskadi, Belén Arredondo, aseguró hace unos días que la política de recortes del Gobierno vasco estaba “debilitando los servicios públicos como la Educación y la Sanidad”. Según el sindicato, la reducción del presupuesto educativo es del 3,8%, con un 2% menos de las partidas destinadas al euskera y del 4,8% en la partida de formación lingüística del profesorado “en una estrategia para potenciar el inglés en detrimento del euskera”.

En otras comunidades, los sindicatos han optado por la movilización preventiva, como sucede en Andalucía o Extremadura. En este último caso, UGT ha denunciado que en el proyecto enviado a las Cortes –y que fue rechazado incluso por los socios del gobierno, de IU–, se reducía en 23 millones la partida destinada a universidades y también había recortes en las cuantías para “apoyo, refuerzo y orientación educativo”, según este sindicato, que rechaza que “la corrección de estos recortes se haga trasvasando fondos de otras partidas de Educación”.

Serna dice que no hay recortes, pero no le creen

• Como nadie cree que a estas alturas no se recorte en Educación, algunos sindicatos han realizado protestas o declaraciones públicas de advertencia. Pero en Cantabria, el consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, aunque ha asegurado que su Gobierno ha cumplido con el compromiso de no recortar en los presupuestos, la oposición lo le ha creído. Serna presentó los datos en el Parlamento. Los centros públicos recibirán 256 millones, un 4,5% menos que en 2011 pero debido a que se ha eliminando la partida de gratificaciones por jubilación anticipada voluntaria. En cuanto a la financiación a los colegios privados, la partida para el próximo año es de 76,5 millones, un 3,3% más que en 2011, pero el consejero ha explicado que esa subida no implicará “cambios significativos en los conciertos”. Serna afirma que se ha presupuestado “lo que se va a gastar”, mientras que el anterior gobierno no consignaba todo el dinero que al final de año había destinado a esta red, y que ha ido creciendo en los últimos años, aunque “se ocultaba de manera vergonzosa”.
• Para la diputada y exconsejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, el presupuesto “pone en riesgo los avances de los últimos años, atenta contra la enseñanza pública y es un ataque a la equidad del sistema”. Tezanos cree que los fondos destinados a personal docente van a bajar porque sube la ratio profesor-alumno, teniendo el cuenta que ha crecido el número de estudiantes. Por su parte, el diputado del PP, Pedro Luis Antonio, zanjó la discusión al decir que si una plaza en un centro concertado cuesta mucho menos que en uno público (2.899 euros frente a 7.558) quiere decir que los conciertos están contribuyendo a que se destinen más recursos a la escuela pública.
• Por otro lado, y en cuanto a los gastos de funcionamiento, la Junta de Castilla y León ha revelado que los 1.100 centros públicos de esta comunidad acumulaban un remanente de 16 millones de euros, sólo 6 menos de los que la Junta debía transferirles este trimestre, por lo que habrá que recurrir a ellos.