Un estudio constata el déficit educativo de España a pesar de su nivel de gasto

En época de crisis y de déficit público, se plantea la cuestión de cómo financiar la Educación y los otros servicios sociales. Además del copago, o cualquier otra forma de colaboración entre el sector público y el privado, muchas son las voces que reclaman vincular la financiación a la consecución de unos objetivos educativos. En países como Gran Bretaña, los centros escolares que no los alcanzan simplemente se cierran. Sin llegar a imponer en España ese modelo de mercado, de sesgo liberal, sí que se van introduciendo mecanismos de rendición de cuentas. Un reciente estudio encargado por el Colegio Libre de Eméritos señala, por ejemplo, que “el aumento del gasto y de la regulación no ha contribuido a paliar nuestro déficit educativo”.

En cuanto al aumento de gasto, es evidente que, aunque cada vez se invierte más en Educación, los resultados no son los deseados. “Tampoco ha contribuido a ello el que los profesores españoles estén mejor pagados o atiendan a clases más pequeñas”, dice el estudio de los profesores Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez.

Además, el intervencionismo del Estado tampoco ha ayudado a mejorar la Educación. “Quizá habría que plantearse qué impacto tienen sobre tan pobres resultados académicos, por ejemplo, el exceso de regulación administrativa y la falta de supervisión externa de los resultados obtenidos, además de cuestiones más difíciles de medir, como la responsabilidad y el esfuerzo personal”.

Por otra parte, la rendición de cuentas está muy presente en la empresa privada, pero los expertos reclaman una responsabilidad similar a los centros públicos. En este sentido, el estudio del Colegio Libre de Eméritos advierte de que “existen en nuestra sociedad una serie de lugares comunes sobre la Educación que se repiten en los medios y en la discusión pública”. El primero de ellos es el supuesto de que “la Educación pública es superior a la privada”. Para los autores del informe, “lo óptimo es, probablemente, una combinación de ambas, variando las proporciones en función del nivel educativo y de las características y preferencias sociales”. “La financiación pública es necesaria –aclara el informe– pero no así la provisión pública directa del servicio, y menos en condiciones de monopolio o exclusividad”.

¿Financiación insuficiente?
Otro lugar común “muy extendido”, según estos autores, es el que sostiene que “las deficiencias de la Educación pública se deben a una financiación insuficiente”. Sin embargo, en nuestro país, “los aumentos en el nivel de transferencias públicas al sector educativo han tenido escaso reflejo en una mejora de los indicadores de resultados”, señala el informe. La primera conclusión es, por tanto, que hay que profundizar en el sistema mixto público-privado, tanto en titularidad de centros como en fuentes de financiación.

El gasto en Educación pública –e incluso el aumento de esta partida en los últimos años– se ve claramente reflejado en una serie de indicadores que, en teoría, debería determinar la calidad de la enseñanza, como se refleja en la tabla de esta página. Por ejemplo, el gasto en profesores es muy superior en España a la media de la OCDE (73 y 63 por 100 respectivamente del gasto total) y al de países como Finlandia (54), o Francia (58), e inferior al de otros países como Portugal y México (más de 80), y ha crecido en la primera década del siglo XXI aunque por debajo del PIB.

Como consecuencia, los costes salariales de los profesores son también superiores a la media de la OCDE en todos los niveles: Primaria, Secundaria Obligatoria y Secundaria Superior. Hay cuatro factores que determinan estas diferencias en los costes salariales: el salario en sí mismo, el tamaño de la clase (o la ratio de estudiantes por profesor), y el tiempo dedicado a la instrucción por parte de los estudiantes y por parte de los profesores, que no tienen por qué coincidir.

Los dos primeros, los sueldos y en especial el reducido tamaño de las clases, son los que contribuyen en mayor medida a explicar el coste salarial superior de la enseñanza obligatoria en España, mientras que el tiempo dedicado a la docencia actúa en sentido contrario, al reducir costes.

El Colegio de Eméritos señala que –a la vista de que la inversión en Educación en España es buena– “quizá habría que plantearse qué impacto tienen sobre tan pobres resultados académicos, por ejemplo, el exceso de regulación administrativa y la falta de supervisión externa de los resultados obtenidos, además de temas más etéreos –y más difíciles de medir– como la cultura de la responsabilidad y el esfuerzo personal”.

Entre otras medidas, el informe propone exámenes externos con validez en el historial académico de los estudiantes, administrados por el Estado o por las comunidades , que proporcionen “un claro incentivo y motivación a los estudiantes para superarse”.

Además, los autores de este informe se preguntan si esta falta de seguimiento de los resultados alcanzados por los estudiantes “impide medir los efectos que las sucesivas regulaciones educativas, la aportación de más fondos públicos o privados, o la contratación de más profesores puedan tener sobre dichos resultados escolares”. En cualquier caso, “el aumento del gasto sin control ha demostrado no ser una alternativa satisfactoria y viable”, añade el texto.

Por otro lado, el informe atribuye a la falta de cualificación de los docentes otro de los factores de la mediocridad de nuestra Educación. “Por estrictas que sean las oposiciones para entrar en el Cuerpo de Maestros y profesores de enseñanza Secundaria, el nivel de éstos no puede ser muy alto cuando los opositores ostentan un título devaluado”. En Finlandia, por el contrario, se ha establecido un numerus clausus muy restringido, con exámenes de entrada rigurosos, para poder cursar los estudios que permiten ser maestro.

En definitiva, y esta es la más severa de las conclusiones del estudio, “no existe un proyecto o modelo que sirva de guía para su reforma”. “Las leyes educativas parecen más inspiradas por los vaivenes de la política y por ocurrencias ocasionales, que por un modelo racional y coherente que persiga dar un servicio acorde con las necesidades sociales, y mucho menos por un consenso de políticos y estudiosos”, señalan los autores. Y en el plano de las aportaciones positivas, el Colegio de Eméritos dice que –a diferencia de lo que plantean algunos– “la solución no requiere seguir aumentando el gasto público hasta alcanzar un determinado porcentaje de la renta; ni tampoco regular aún en mayor detalle qué deben enseñar, y cómo, las escuelas”. “Lo que se impone es una verdadera reforma que conlleve un cambio de modelo o paradigma”. En este sentido, “los informes de la OCDE de los últimos años marcan el camino”, dicen las conclusiones del informe. Pero, en cualquier caso, el estudio concluye que la reforma debe ir antes que el aumento de financiación.