El baremo de admisión en Madrid priorizará a hermanos y RMI

Según ha sabido Efe de fuentes de la Consejería, el nuevo baremo se aprobará en breve mediante una Orden y entrará en vigor para el curso 2012-13. Los cambios afectarán tanto al sistema de zonas de escolarización como a los criterios de admisión de los centros educativos. En el primer punto se trata de avanzar hacia una promesa que hizo Esperanza Aguirre antes de las elecciones autonómicas de mayo pasado, cuando propugnó que los padres podrán elegir libremente el colegio de sus hijos independientemente de la zona en la que residan.

La Orden establecerá que todas las familias, independientemente de la localidad y la zona en la que vivan o trabajen, sumarán puntos por domicilio en cualquier centro que soliciten de la Comunidad de Madrid. Eso supone cuatro puntos a todas las familias que soliciten un centro educativo que esté en la zona de influencia de su domicilio o lugar de trabajo y dos puntos si eligen cualquier otro centro de la región madrileña. Hasta ahora el criterio era de cuatro puntos por zona de influencia al domicilio o lugar de trabajo, dos puntos por ubicarse en la zona limítrofe del mismo municipio y cero para el resto de zonas y localidades de la región.

El nuevo baremo eleva hasta ocho puntos los que obtienen los aspirantes a entrar en un centro en el caso de tener algún hermano ya matriculado o bien que trabaje en él alguno de los padres. La normativa prevé que a partir del ejercicio 2012-13 las familias que reciban la RMI sumarán dos puntos a la hora de elegir el centro educativo. Esta fórmula quiere asegurar el principio de igualdad de oportunidades y evitar el fraude y la concentración de alumnos por el nivel de renta.

La próxima Orden de Admisión eliminará el punto que sumaban en su admisión los alumnos celiacos, puesto que la Ley de Seguridad Alimentaria, en vigor desde 2011, ya exige a los centros que cuenten con menús adaptados para esos alumnos. No se registrarán modificaciones en la puntuación por discapacidad, familia numerosa o en el que otorga la dirección del centro en función de otras circunstancias que sean justificadas con criterios públicos y objetivos. Una novedad más es que desde el próximo curso se eliminará la adscripción única de colegios a institutos.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha manifestado que su Gobierno "está decidido" a dar a los padres plena libertad para elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos, sin que se vean "penalizados" por un baremo como el actual, que favorece la proximidad al domicilio familiar. "Estamos decididos a que los padres tengan la libertad de elegir a qué colegio quieren llevar a sus hijos", ha subrayado Aguirre, según la cual se trata de "no penalizar" a las familias que "no tienen la fortuna de poder vivir cerca del colegio al que le gustaría llevar a sus hijos". Para la presidenta, "lo importante" es que los padres y madres de los alumnos puedan tener los puntos necesarios para acceder a los centros escolares donde prefieren que estudien sus hijos, "sin que cuente el lugar donde está el domicilio". Según Aguirre, la puesta en marcha del nuevo sistema de baremación "tiene muchas complicaciones", por lo que no comenzará "este curso, el que empieza ahora en septiembre, sino el que viene".

Para el consejero madrileño de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, el nuevo sistema de admisión tiene un "altísimo componente social" y demuestra "la preocupación" del ejecutivo regional por las personas más necesitadas. El consejero ha destacado que el nuevo sistema "pone en valor" a los solicitantes de la Renta de Mínima de Inserción (RMI) o a las familias que carecen de cualquier tipo de prestación, subsidio o ingreso económico, que ha cifrado en más de 17.000. En opinión del consejero Victoria, este plan es producto de "la sensibilidad" de la Consejería de Educación y Empleo "con las personas que más lo necesitan" y "una muestra de que las políticas sociales son prioritarias" para el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los sindicatos CCOO y UGT de Madrid han rechazado el área única educativa del Gobierno regional porque "favorece la segregación, la desigualdad social y beneficia a los centros concertados", mientras que para las asociaciones católicas y de centros privados la medida favorece la igualdad de oportunidades. Para el secretario de Enseñanza de CCOO de Madrid, Francisco García, la medida que quiere implantar el Ejecutivo de Esperanza Aguirre introducirá "desorden" en la red de escuelas públicas pues, según ha dicho a Efe, no garantiza plaza "al 80% de las familias que prefieren llevar a sus hijos a colegios próximos a su casa".

UGT-Madrid también rechaza el área única porque, según señalan en un comunicado, no se tienen en cuenta los criterios de integración y de cohesión social, ya que se potenciará que los alumnos "salgan de su entorno". Este hecho, unido a otras medidas que ya se han implantado en la Comunidad de Madrid como los "ranking" de centros o el Bachillerato de Excelencia, "rompe los principios de equidad e igualdad" que deben primar en el sistema educativo, según señala UGT-Madrid.

En el extremo opuesto se sitúa la organización de Escuelas Católicas madrileñas, que en una nota de prensa hacen una "valoración altamente positiva" de los nuevos criterios de baremación para la admisión de alumnos, porque opinan que favorecen el derecho a la libertad de enseñanza y eliminan el "condicionamiento y la determinación" del tipo de alumnado del sistema actual. CECE-Madrid también apoya la reforma de Aguirre sobre los criterios de admisión de alumnos, al entender que "se incrementa la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades" y que representa un "notable avance" que se refuerce la puntuación por tener hermanos matriculados en el centro.

Para el sindicato de enseñanza ANPE-Madrid la medida refuerza la elección de centro con "criterios de máxima objetividad, sin discriminación alguna" y garantiza "de forma efectiva la igualdad de oportunidades para todos". Este sindicato estima asimismo que el nivel de renta es un criterio "muy sensible" pero "no debe ser determinante para la elección de un centro sostenido con fondos públicos".

La Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa) y la FAPA Giner de los Ríos han discrepado sobre el nuevo baremo que, para la primera, supone "un gran avance", mientras la segunda lo considera "una concesión a la escuela privada concertada". La Cofapa ha expresado su satisfacción por el proyecto, que "da un paso importante en la mejora del sistema educativo", ya que supone "un avance en la libertad de las familias para elegir el centro escolar que quieran para sus hijos, y favorece la igualdad de oportunidades". Con ello, se fomenta "una mayor colaboración entre familia y escuela, se refuerza el prestigio de los centros de enseñanza y se logra aumentar el reconocimiento de sus profesores", señala Cofapa en un comunicado.

Para la FAPA Giner de los Ríos, esta normativa supone "una concesión a la escuela privada concertada, que lo venía pidiendo desde hace tiempo para dar entrada a los alumnos que habían admitido en la etapa previa a la educación obligatoria". Según el presidente de esta FAPA, José Luis Pazos, las escuelas concertadas "suelen seleccionar a sus alumnos de Educación Infantil en función de su nivel socioeconómico, en mayor medida, ya que las cuotas que tienen que pagar en esta etapa son altas".

Cuando empieza la Educación obligatoria, estos niños ya admitidos tienen que someterse a la baremación general y, los que no alcanzan los puntos, se tienen que ir del centro para que entren otros, algo que "rompe la selección que estos centros habían hecho en etapas previas", ha continuado Pazos. Además, en la crisis actual "la zona única favorece a los centros concertados más elitistas, ya que ahora podrán admitir a los hijos de familias con nivel socioeconómico alto procedentes de otras zonas". A juicio de Pazos, sólo una pequeña parte de las familias quieren escolarizar a sus hijos en zonas distintas a donde residen o trabajan, y el refuerzo de la puntuación por tener hermanos en el mismo centro ya existía. En cuanto a la RMI, "no va a cambiar, porque se tendrá en cuenta en la pública y no en la concertada. De hecho, se va a garantizar que las familias de baja renta no van a tener prioridad en la concertada". "Para esto, no se necesita romper la zona de escolarización", ha apostillado.

La Consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, ha advertido que los colegios que reciban menos demanda de alumnos con la entrada en vigor del área única educativa, "tendrán que ponerse las pilas y trabajar mejor", mientras que los más demandados deberán ser "ampliados y replicados". "El Gobierno es el que tiene que conocer las preferencias educativas de las familias y adaptarse, y no al revés", ha indicado Figar, que ha insistido en que el objetivo de la zona única es que "las familias no se queden atrapadas en un barrio a la hora de elegir colegio".

En cuanto a las críticas de la oposición de que la libre elección sobrecargará de alumnos los centros que se consideran mejores, la consejera ha indicado que eso ya sucede y que "está bien que la administración sepa cuáles son, para replicarlos y ampliarlos". Por el contrario, ha dicho que los colegios "que no pide nadie, tendrán que ponerse las pilas y trabajar mejor" y también ha rechazado que las familias vayan a escoger más la escuela concertada porque ha asegurado que la opción preferida de los madrileños es la escuela pública "y el bilingüismo está atrayendo a más alumnos".

Figar ha valorado positivamente que se incluyan los primeros auxilios en la nueva asignatura de Educación Cívica, pero ha recordado que no compete a la Comunidad "regular el plan de estudios" y sobre las presuntas irregularidades del ex rector de la Complutense, Carlos Berzosa, ha opinado que "las universidades no tienen que dedicarse a construir pisos" y que la Cámara de Cuentas "tendrá que determinar las responsabilidades". Ha descartado también que la Comunidad quiera "dirigir" las universidades porque eso "choca con el sacrosanto principio de la autonomía universitaria" y ha dicho que el Gobierno regional se limita a "poner restricciones y sanciones para quienes sobrepasen los límites de gasto", lo cual no es "la tónica común".

Sobre el cambio de temario para las oposiciones, ha comentado que "los nuevos temarios se publicaron en el BOE, sin previo aviso, poco antes de las elecciones generales" y sin que el Gobierno socialista anunciase modificaciones. Ha considerado que el cambio afectará "a los que hayan decidido presentarse en diciembre a las oposiciones de junio, que no es lo habitual, ya que la mayoría de opositores llevan años estudiando, con lo que les beneficiará que se haya retirado el temario del 18 de noviembre".

CCOO y UGT han valorado positivamente el compromiso de la Consejería de Educación de hacer un diagnóstico de las necesidades de profesorado centro por centro, manifestado por la nueva directora de Recursos Humanos de la Consejería, Teresa Martínez de Marigorta, en la reunión de la Mesa técnica. Sin embargo, tanto CCOO como UGT coinciden en lamentar las palabras de la consejera de Educación, Lucía Figar, que dijo en Telemadrid que los colegios que reciban menos demanda de alumnos tras la puesta en marcha del área única "tendrán que ponerse las pilas y trabajar mejor", mientras que los más demandados serán "ampliados y replicados", en palabras de Figar.

Para el responsable de Enseñanza de CCOO, Francisco García, las palabras de Figar constituyen "un ejercicio de cinismo, porque los centros que sacan los peores resultados son los que escolarizan un mayor número de alumnos de un entorno socioeconómico menos favorecido". A su juicio, las pruebas externas que realiza la Consejería en los centros "no miden el valor añadido que aparta cada centro, porque no es lo mismo escolarizar en un centro de la calle Serrano que en uno de Entrevías", ha continuado García para quien lo que necesitan estos centros "un diagnóstico y más apoyo para igualarse con los demás". En la misma línea, UGT considera que "quien tiene que ponerse las pilas es la Administración, que es la única que puede dotar a estos centros de los medios y del personal necesario. Si hay alguna carencia, los únicos que tienen capacidad para resolverlo es la Consejería", según la secretaria de Comunicación de UGT, Virginia Fernández.

En cuanto a la Mesa técnica, ambos sindicatos ven "imprescindible" hacer un diagnóstico para establecer los cupos (plantillas) necesarios en cada caso, y han pedido a la Consejería que no sólo consulte a los centros de Secundaria y Formación Profesional, sino también a las Escuelas Oficiales de Idiomas, conservatorios y Enseñanzas Artísticas, que se han visto afectados por las Instrucciones de inicio de curso. Para CCOO, hay que "volver al cupo de docentes que había hace dos cursos, en 2009, para poder garantizar la atención a la diversidad en los centros", y tener en cuenta tanto la ratio de alumnos como la demanda de plazas, ya que "el curso pasado miles de chavales se han quedado fuera de la oferta de grado medio por la escasez de plazas en FP", según García.

UGT ve positivo que "la Administración ha reconocido que el caos generado en los centros a principio de curso no se puede volver a repetir" y se haya comprometido a hacer un diagnóstico preciso "a la mayor brevedad posible para que se pueda trabajar en un borrador de la orden cuanto antes". Ambos defienden "la Orden ministerial de inicio de curso del año 94 como punto de partida de la negociación, ya que está en vigor en España", según García, y no aceptan que las 20 horas lectivas fijadas en las Instrucciones de inicio de curso de la Consejería tengan carácter general. "Hay que poner sobre la mesa cuáles son las tareas encomendadas al profesorado", la tipificación de las actividades y su distribución semanal y anual, ya que "existe una gran ambigüedad en los términos empleados en la Ley de Medidas Fiscales para los horarios de docentes", concluye Fernández.