Los docentes verán reconocida su autoridad y podrán tomar medidas correctoras
La Consejería de Educación ha redactado el anteproyecto de esta ley, que ahora tendrá que ser sometida al dictamen del Consejo Escolar antes de ser aprobada por el Gobierno y remitida al Parlamento. El titular de Educación, Miguel Ángel Serna, ha presentado, en rueda de prensa, las grandes líneas del anteproyecto y además ha anunciado un decreto de autonomía de los centros, que será debatido con los directores para que hagan sus aportaciones con el objetivo de que también esté aprobado en septiembre.
Con ese decreto se pretende reconocer que "no todos los centros son iguales" ni por su alumnado ni por los intereses de los padres ni por las condiciones del profesorado, desde la idea de que la excelencia en la educación pasa por dar autonomía a los centros, con los que se firmarán contratos programa. El PP se comprometió en su programa electoral a impulsar tanto la autonomía de los centros como a reconocer la autoridad del docente con una ley, ha recordado Serna. Y esa ley, según el consejero, envía un claro mensaje: el Gobierno de Cantabria considera que la labor del profesorado es de tal importancia para el presente y para el futuro que quiere reconocer su autoridad para protegerle y le da capacidad para tomar decisiones, sabiendo que tiene a la sociedad detrás.
Serna ha recordado que el reconocimiento de la autoridad, que se extenderá también a los directores, implica que el profesor gozará de la protección que reconoce con esa figura el ordenamiento jurídico ya que el atentado a la autoridad es un delito. Además implica presunción de veracidad para el docente, que no tendrá que demostrar que los hechos sean ciertos. El anteproyecto distingue entre dos tipos de conductas: el incumplimiento de las normas de convivencia, que es en el ámbito donde podrá actuar el profesor con medidas correctoras "ágiles e inmediatas", y el incumplimiento gravemente perjudicial para la convivencia, que requiere "una sanción más importante y un procedimiento más detenido en la toma de decisiones".
Las faltas injustificadas de puntualidad y asistencia, las actitudes que perturben el desarrollo normal de la actividad escolar, las acciones que faciliten el acceso a personas que no formen parte del centro o los daños leves en las instalaciones son algunas de las conductas que pueden ser sancionadas por el docente. Esas sanciones pueden ser una amonestación verbal o por escrito, la suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares la realización de tareas fuera del horario laboral o la reparación de los daños materiales que haya causado. Como conductas graves se considera el deterioro o daño grave a las instalaciones, el consumo de sustancias perjudiciales para la salud, la introducción de estas sustancias o de objetos peligrosos, el acoso físico moral y las amenazas.
Las sanciones en esta casos serán las mismas que las que se aplican ahora, e incluso se ha rebajado el tiempo previsto de expulsión de un mes a veinte días, una medida que deberá estar acompañada de otras de carácter educativo, ha explicado el director general de Ordenación e Innovación Educativa, José Luis Blanco. También se le podrá cambiar de centro si la "disfunción" que ha causado es tan grave que no pueda permanecer más en él.
En cuanto al decreto, Blanco ha concretado que los centros podrán desarrollar su propio currículo y organizar la dirección según sus necesidades, además de contar con autonomía para gestionar sus recursos. El consejero ha apuntado, en ese sentido, que se modificarán las cantidades que pueden gestionar los centros en sus pequeños contratos. Según Serna, la clave de este decreto, que se desarrollará a través de una orden, son los contratos programa que se acordarán con los centros para que desarrollen sus propios programas, con el apoyo de la Consejería.