Suspendidas oposiciones en Andalucía para 33.154 candidatos hasta que se pronuncie el TC

El Gobierno ha denunciado ante el Tribunal Constitucional a la Junta de Andalucía por la convocatoria de oposiciones, al considerar que incumple un decreto del Ejecutivo que prohíbe la incorporación de nuevo personal en servicios esenciales.
MagisnetMartes, 24 de abril de 2012
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Así, el Consejo de Ministros ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Orden de la Consejería de Educación andaluza del 13 de febrero de 2012 en la que se convoca un proceso de selección de 2.389 plazas para cuerpos docentes no universitarios. El planteamiento del conflicto comporta la suspensión de la Orden de la Consejería de Educación de Andalucía.

Según explica el Gobierno, el número de plazas convocadas "contraviene las limitaciones" que con carácter básico, "y por tanto vinculantes para las comunidades autónomas", estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011. Dicha norma prohíbe la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones, en servicios esenciales, y en consecuencia la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10 por 100 la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo. Este real decreto ley fijó nuevos límites básicos para el año 2012 en materia de Oferta de Empleo Público, "por lo que cualquier convocatoria autonómica anterior queda desplazada y, para no extralimitarse, debe ajustarse al nuevo marco, lo que no ha ocurrido con la convocatoria andaluza de profesores", añade el Gobierno.

La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica "no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30 por 100 de efectivos". Por ello, el Consejo de Estado concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las Administraciones públicas para el citado ejercicio", subraya el Gobierno.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha acusado al Gobierno central de actuar con "deslealtad institucional" por la denuncia presentada ante el Tribunal Constitucional por la convocatoria de oposiciones para profesores y ha lamentado el "daño" ocasionado a la comunidad y a los más de 33.000 aspirantes. En un comunicado, la Consejería de Educación ha asegurado que ha conocido a través de los medios de comunicación la medida acordada por el Gobierno central y ha indicado que la ha adoptado "sin comunicación alguna ni requerimiento previo a la Administración autonómica".

Según la Junta, el Gobierno central disponía desde el pasado 9 de enero, fecha de la publicación del decreto que aprobó la oferta pública de empleo, para recurrir "pero ha esperado a agotar todos los plazos posibles, dejando transcurrir cuatro meses". Esta decisión supone "un grave perjuicio" para los opositores que aspiran a las 2.389 plazas convocadas por la Consejería de Educación, señala el comunicado.

Además, la Junta señala que el Gobierno central ha elegido la vía del Tribunal Constitucional, que paraliza el proceso, "lo que supone la opción más perjudicial para los 33.154 aspirantes, a los que la Consejería de Educación muestra su total apoyo". La Consejería de Educación asegura que en todo momento ha mantenido informado al Ministerio de Educación, sí como al de Hacienda y Administraciones Públicas del proceso.

Por su parte, el consejero andaluz de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, ha calificado de "injusta" e "inédita" la suspensión de las oposiciones, un proceso de empleo público al que aspiraban más de 33.000 opositores. En rueda de prensa, Álvarez de la Chica calificó como "un viernes negro para la Educación pública y para Andalucía" tras el anuncio del Gobierno central de recurrir la convocatoria de oposiciones de Secundaria, que quedan suspendidas hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

El consejero ha mostrado su apoyo a los más de 30.000 opositores que no podrán concurrir a la oferta de empleo prevista para julio, "que hoy viven un día duro tras tantos meses de esfuerzo y de dinero empleado". De la Chica ha considerado "inaceptable" el comportamiento del Gobierno central y del Partido Popular, al que ha exigido que se posicione ante esta decisión y negocie con Rajoy la retirada del recurso a las oposiciones andaluzas. "No entendemos por qué han tomado la decisión el último día posible, porque si consideraban la convocatoria inviable, tenían que haberlo dicho el 9 de enero, y no ahora", ha reprochado.

Álvarez de la Chica ha detallado que el procedimiento para paralizar las oposiciones a Secundaria en Andalucía es "inédito" y "el que más daño hace" a los opositores y que además deja a la Junta de Andalucía sin capacidad de defensa. "El Gobierno ha permitido al País Vasco celebrar sus oposiciones sólo porque las siguientes elecciones son allí, y acaban con las posibilidades de trabajo de 30.000 jóvenes en Andalucía", ha subrayado el consejero de Educación.

Por otro lado, la Plataforma de Interinos y Aspirantes por la Educación Pública, IU, PSOE y el sindicato CCOO han mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno. La Plataforma de Interinos y Aspirantes por la Educación Pública ha acusado al Gobierno de dejar "sin reposición al personal que se jubilará este año haciendo uso, a través del Ministerio de Hacienda, de su capacidad para impugnar en el Tribunal Constitucional las oposiciones de secundaria previstas para junio".

Según esta Plataforma, el Gobierno pretende "castigar" a Andalucía "por haber dicho no a las políticas de recortes en las pasadas elecciones andaluzas". Para la Plataforma "se está empezando a crear una Educación dual, la de ricos y la de pobres, que en un futuro próximo hará precarizar tanto la Educación pública que será prácticamente imposible acceder a la educación superior a los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país."

CCOO ha señalado que "el anuncio de la impugnación de las oposiciones docentes de Andalucía por parte del Gobierno de España pone de manifiesto un nuevo ataque del PP a la Educación pública andaluza y al estado de bienestar". Según Jose Blanco, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, "el Gobierno de España pretende, con esta nueva medida, hacer valer sus recortes en contra de la escuela pública imponiendo su modelo educativo en el que la Educación pública no es valorada a pesar de su carácter compensador de desigualdades".

La secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Andalucía, Araceli Carrillo, ha rechazado la decisión del Gobierno, que "actúa por intereses meramente políticos, dejando al margen, sin importarle lo más mínimo, los intereses de miles de personas que ven frustrada una posibilidad de hallar un empleo estable para el que se estaban preparando desde hace tiempo". Carrillo ha explicado: "De media, un opositor se suele gastar alrededor de 1.500 euros entre temarios y preparación en academias, por lo que, si hacemos la cuenta, podemos decir que miles de familias ven, tras la decisión del Gobierno de Rajoy, cómo alrededor de 50 millones de euros quedan tirados ahora por la borda". El recurso del Gobierno es una "agresión" a Andalucía y un "maltrato" a los opositores, según Carrillo, que ha añadido que el Ministerio "ha tomado una decisión sin diálogo alguno que refleja una deslealtad absoluta" con la Junta de Andalucía.

El coordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, ha considerado "nefasta para la Educación en Andalucía" y ha señalado que "Arenas y el PP están perjudicando gravemente a más de 30.000 andaluces", en alusión a los aspirantes a una de las 2.389 plazas de la convocatoria de Secundaria, FP y Régimen Especial. Para Valderas, "el PP de Andalucía está jugando contra el pueblo andaluz y contra la mayoría de los ciudadanos de esta comunidad autónoma". Valderas ha llamado a los andaluces afectados por los recortes a que construyan con IU "una gran trinchera en Despeñaperros para que las políticas neoliberales de Madrid y Bruselas no entren en Andalucía".

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