El Gobierno empuja a las empresas a implicarse de lleno en la FP dual

Más facilidades e incentivos no ha podido dar el Gobierno a las empresas para que se impliquen en la formación cualificada de su propia mano de obra. El Real Decreto que regula la FP dual poco regula. Si alguien esperaba un control del Ministerio de Educación semejante al que va a ejercer en el resto del sistema educativo, le habrá sorprendido no encontrar ningún mecanismo de vigilancia, exigencia previa, evaluación o rendición de cuentas sobre los convenios entre las empresas y los centros educativos que van a sustentar esa FP dual llamada a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, a dinamizar el tejido empresarial español y a disminuir el índice de abandono escolar temprano.

El Gobierno deja al libre albedrío de las empresas la definición de los convenios de formación y al de las Administraciones autonómicas, la supervisión y el control.

Y todo ha sido bien acogido, en líneas generales, incluso por los sindicatos, en parte, porque los proyectos piloto desarrollados en algunas comunidades están dando más satisfacciones que problemas.

La nula tradición de las empresas españolas de implicarse en la formación no podía romperse de otra manera que no fuera dejándoles carta blanca para ello, según los inspiradores de este proyecto a largo plazo que trata de imitar modelos consagrados en Alemania y Austria, salvando las distancias con su volumen industrial.

En España, que el tejido esté sustentado por pymes se ve, en principio, como un escollo que puede superarse poco a poco, mediante acuerdos gremiales y regionales, y concentraciones empresariales. Las Cámaras de Comercio tienen reservado un papel clave.

Cada convenio, un mundo
La FP dual no es una, sino tantas como empresas se impliquen en la formación y convenios se firmen con los centros. Los acuerdos suscritos deberán contemplar el programa de formación; el número de alumnos participantes; el régimen de becas; la jornada y el horario en el centro y en la empresa; las condiciones que deben cumplir empresas, alumnos, profesores y tutores, y los seguros necesarios para el desempeño del trabajo.

Aunque la letra del decreto (publicado en el BOE del día 9) dice que los convenios se redactarán de acuerdo a las condiciones que las Administraciones establezcan, los responsables del Ministerio de Educación asumen que las preferencias de las empresas irán a misa –siempre que sean coherentes con el ciclo formativo–.

Por ejemplo, serán las responsables de seleccionar al alumnado que participe en el programa. No todos los estudiantes de un ciclo en un centro podrán estudiar FP Dual, por lo que el modelo actual seguirá siendo el mayoritario durante un tiempo.

La empresa ‘X’ ofrecerá un número limitado de plazas, las que les interese conforme a su capacidad y sus expectativas, y decidirá, por tanto, qué tipo de alumnado quiere.

En este punto los sindicatos han dado la voz de alarma. Javier Carrascal, secretario de organización de ANPE, advierte de que “es una puerta abierta a romper el principio de igualdad de oportunidades”.

Otro punto variable es la llamada “beca salario”. Primero, no es obligatoria, por lo que el incentivo económico para el alumnado no está garantizado. Segundo, cada empresa decidirá cuánto ofrece. Si bien la Administración autonómica también puede aportar, las experiencias piloto demuestran que sólo pagan las empresas.

Respecto a la distribución horaria de las prácticas, también es el empresario el que decide lo más conveniente; incluso también si la formación académica –o parte de ella– se imparte en la empresa, o en el centro pero con formadores de la empresa.

El Real Decreto fija un mínimo de trabajo práctico en la empresa del 33% del total de la formación, y no fija un máximo. En este sentido, no establece mínimos para la formación académica.

El programa que suscriba, además, no tiene por qué abarcar los tres años del ciclo de Grado Medio: puede incluir sólo uno de ellos.

La principal queja sindical es que la FP dual puede institucionalizarse como fuente de mano de obra barata, ya que el producto del trabajo del aprendiz genera pingües beneficios al empresario. Por mucho que aporte, el estudiante no es un trabajador y por él no se paga Seguridad Social. En el Ministerio admiten que, sin duda, el modelo está lleno de incentivos para las empresas y que éstas no son ONG ni van a implicarse en la FP como una iniciativa de Resposabilidad Social Corporativa. Si la Administración, fundamentalmente a través del profesorado de los centros –responsable último de la evaluación del alumno–, vela por que la formación recibida en la empresa es la adecuada conforme a los programas de estudio y por que los estudiantes alcanzan las competencias profesionales pertinentes, se supone que todos ganan:
La empresa se asegura mano de obra cualificada en lo suyo y se ahorra el tiempo de formación del personal contratado. El estudiante “aprende a trabajar en la empresa, participa de ella y va a ser preparado en función de las necesidades de ésa, por lo que tendrá muchas papeletas para ser contratado después”, observa Javier Carrascal, de ANPE. Además, puede recibir un dinero que sirve de incentivo.

• Proyectos piloto en todas las CCAA
• Todas las comunidades autónomas ya han puesto en marcha proyectos piloto de FP dual y la satisfacción es la tónica común, también en el Ministerio, que ha recibido informes de cada región y ha comprobado la amplia variedad de programas. Por ejemplo, en Madrid los estudiantes sí son dados de alta en la Seguridad Social por la empresa, a diferencia de lo marcado ahora por el MECD.
• Más de 1.500 jóvenes han participado ya en los programas en marcha. Sólo en Madrid, se han beneficiado unos 750 en 89 empresas, según la Consejería.
• Se han realizado proyectos en 18 de las 26 familias profesionales. Faltan en Actividades Deportivas, Artes Gráficas, Artesanías, Imagen Personal, Imagen y Sonido, Industrias Extractivas, Marítimo-Pesquera, y Vidrio y Cerámica. Las más recurrentes son Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y Mantenimiento, Fabricación mecánica, Electrónica, Informática y Comunicaciones, y Hostelería.
• La distribución horaria y la carga formativa es de lo más variado. Hay proyectos en los que se ha optado por trimestres o periodos completos en la empresa, alternando con periodos completos en el centro educativo. Otras han optado por un modelo mixto, en el que el alumno pasa unas horas de la jornada en el centro educativo y otras en la empresa.
• La retribución al alumno, en todos los casos, ha corrido a cargo de la empresa, oscilando la beca entre los 250 y los 500 euros al mes. En Madrid cobran 450.
• Las Claves

­­­-Procedimiento
La iniciativa parte de la empresa, que se dirige a un centro para ofrecerle un programa.
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• Remuneración

Es en concepto de beca y su pago no es obligatorio. La Administración puede participar de ella. La empresa no paga a la Seguridad Social: el alumno, por mucho que aporte, no es un trabajador.
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• Evaluación

El profesorado del centro mantiene su responsabilidad de evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno.
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• Organización horaria

La fija la empresa. El Gobierno establece para la participación de ésta un mínimo del 33%.
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• Alumnado

Lo pide la empresa y fija el número y los requisitos.

• Administración

El Gobierno central no interviene. Sólo en caso de que un proyecto implique a varias CCAA. La supervisión, el control y la evaluación corresponden a cada autonomía.
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• FP tradicional

Seguirá dominando. Los programas no alcanzarán a todo el alumnado de FP.