Las comunidades del PP ahora sí se ven reconocidas en el anteproyecto de ley
El nuevo borrador de Anteproyecto de la Lomce presentado por el Ministerio ha dado un vuelco; apenas tiene que ver con el anterior, el presentado en septiembre. Ahora sí puede reconocerse en él la reforma educativa de un Gobierno del PP. Las 68 páginas bien pueden ser una reconciliación con el partido y su programa educativo, pero también, según los sindicatos y los grupos de izquierda, con la enseñanza privada y con la Conferencia Episcopal. Son muchas las reivindicaciones de todos estos sectores recogidas en el borrador, aunque también se recogen otras muchas del profesorado. El sindicato ANPE ha tenido a gala reconocer la admisión de algunas de sus aportaciones.
Sólo queda un detalle para abrazar los postulados ‘populares’ y es el reconocimiento explícito de la libertad de elección de centro por parte de las familias. La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, destacó la ausencia de este aspecto durante la Conferencia Sectorial del martes. Igualmente puso el acento en la ambigüedad de una expresión tal como que las administraciones educativas tendrán en cuenta la “demanda social” en su planificación educativa, una de las novedades que parece querer satisfacer a los concertados y de las comunidades del PP.
Para el PSOE, el nuevo borrador supone un “giro conservador sin precedentes, porque subordina la política educativa del Gobierno a los intereses de los sectores más ultras del PP”, y “un paso más hacia un modelo regresivo en igualdad de oportunidades y en calidad”.
En cambio, tras la Conferencia Sectorial, los consejeros del Partido Popular salieron satisfechos –pero sin aspavientos– porque consideraban que el texto ministerial había mejorado considerablemente al dotar al sistema de mayor flexibilidad y de nuevas vías, por ejemplo, facilitando el título de ESO a quienes cursen un programa de FP Básica (PCPI actuales).
Hecha la lectura política de una reforma cada vez más política, pasemos a identificar las novedades formales.
Refuerzo de las troncales
Éste es el principal vuelco que ha dado el texto del Ministerio en lo que a “arquitectura del sistema” se refiere, y así lo reconoció el propio Wert. El ministro admitió la “rigidez” del primer borrador porque fijaba, una a una, las materias de cada curso. Ahora estructura cada etapa y cada curso en bloques de asignaturas en función de quién es el responsable de su diseño.
Hay materias troncales, cuyo contenido definirá el Ministerio en su práctica integridad; también fija el horario mínimo para cada materia de este bloque, obligando a que la suma de todas ellas no sea inferior al 50% del total del horario lectivo. Una de las sorpresas es que en este bloque no está presente la lengua cooficial para las comunidades bilingües, pese a lo cual el Ministerio ha admitido a posteriori que los alumnos sí tengan que examinarse de ella en evaluaciones y reválidas. Las autonomías podrán “completar y desarrollar los contenidos” de las troncales “dentro de los límites” fijados por el Ministerio. Preguntada la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, si el Gobierno se había reservado el 100% del contenido de las troncales, respondió afirmativamente, si bien matizó que lo que ellos elaborarán será “un currículum simplificado”.
Luego hay “materias específicas”, que no deben superar el 50% del horario lectivo y entre las que encontramos Educación Física y Religión o Ética; y o bien una segunda lengua extranjera, o bien Educación Artística.
Finalmente están las “materias de especialidad”, donde se ha metido la lengua cooficial y todo aquello que las administraciones o los centros quieran impartir. Será su libertad y su responsabilidad acoplar el horario con el de las específicas, sin invadir el 50% mínimo de las troncales. En este sentido, lo deseable por parte del Gobierno, es que las comunidades den libertad a los centros para escoger sus materias de especialidad.
Aunque ha sido celebrado, incluso por docentes y directores como impulso a la autonomía de centro, en el fondo –en el sentido curricular– queda, en última instancia, en manos de los gobiernos autonómicos. Por otro lado, el texto del Gobierno reconoce a los centros la competencia de fijar sus propios métodos pedagógicos.
El conflicto catalán
Llevar la lengua cooficial al reducto de “materia de especialidad” es una de las cosas que más ha dolido a la Generalitat de Cataluña y a los partidos nacionalistas de allí.
Al blindar a las troncales –Lengua Española entre ellas– con un 50% del horario lectivo, el Gobierno central se asegura que la lengua cooficial no le va a comer terreno y, además, que se cumple la legalidad, es decir, que se imparten las horas de castellano que fijan los decretos estatales de enseñanzas mínimas, y que no cumple el Ejecutivo catalán en contra incluso de sentencias judiciales.
La otra pata del conflicto con Cataluña es la obligatoriedad de garantizar que un niño pueda estudiar en castellano si así lo piden sus padres, financiando a la familia una escuela privada que enseñe en la lengua oficial del Estado si no tienen en su zona una escuela pública o concertada que lo haga, aunque luego se haya matizado este aspecto. También se niegan a incluir enseñanza en castellano de al menos una parte del currículum.
Al menos, en lo que se refiere a profesorado, el Ministerio ha echado marcha atrás en una de las medidas que más ampollas había levantado con el borrador anterior: la posibilidad de la Administración de desplazar al profesorado (reasignarlo, recolocarlo) de manera arbitraria.
Se mantiene, sin embargo, la potestad dada a los directores para rechazar a docentes que le envíe la Administración y para fijar requisitos de admisión del profesorado.
El Claustro de profesores recupera algo del peso perdido en el primer borrador. También el Consejo Escolar, siquiera como mera formalidad. Así, por ejemplo, se dice que una función del director es “dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar” del centro.
También se ha atendido a la reclamación de que las evaluaciones censales se celebren dentro de los 175 días lectivos.
Evaluaciones
Finalmente, el Ministerio se ha reservado el diseño de todas las evaluaciones censales, aunque serán las comunidades las responsables de su ejecución. Precisa que evaluará sólo de las materias troncales, con alguna excepción.
En lo que respecta a los territorios bilingües, el Ministerio aceptó en la Conferencia Sectorial que las pruebas puedan realizarse en la lengua que los alumnos hayan cursado sus estudios y, además, aceptó que también evalúen la competencia en la lengua cooficial, aunque ésta no sea materia troncal.
Los exámenes serán corregidos por personal externo al centro.
Repetición
Se endurece el paso de curso en la ESO. El texto precisa que con tres o más suspensos habrá que repetir curso, aunque si ninguna de las materias suspendidas es Lengua o Matemáticas, el Claustro puede decidir que promocione.
Otra de las sorpresas ha sido la desaparición de Educación Cívica y Constitucional, la maniobra de Wert para alejar la polémica Ciudadanía. Pero el PP no quería verla ni en pintura. Por otro lado, ha aceptado meter una alternativa con empaque a la materia de Religión, reivindicación histórica de la Iglesia desde el diseño de la LOE. Se llama “Valores éticos”.
Para terminar, una buena noticia para los concertados: renovarán cada seis años.
- Luz verde al profesorado extranjero
- Por fin Madrid vio atendida su ya larga reivindicación de permitir la contratación de profesorado extranjero de habla inglesa para sus colegios e institutos bilingües. José Ignacio Wert ha accedido a incorporar esa posibilidad a la Lomce, aunque en términos poco explícitos. El borrador dice: “Para cada curso, las administraciones educativas podrán excepcionalmente incorporar expertos como profesores bilingües o plurilingües, atendiendo a las necesidades de programación de la enseñanza para el desarrollo del plurilingüismo. Dichos expertos deberán ser habilitados por las administraciones educativas, que determinarán los requisitos formativos y, en su caso, la experiencia que se considere necesaria. En cualquier caso, los expertos deberán estar en posesión de la titulación requerida para cada especialidad”. No especifica que se pueda contratar a extranjeros, pero la Consejería madrileña lo ha interpretado como una luz verde que, además, puede matizarse en el trámite parlamentario. La Comunidad de Madrid contrató este curso 26 docentes de Irlanda y Reino Unido por falta de profesorado habilitado para impartir determinadas materias –Educación Física y Tecnología– en inglés.