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Wert se da más tiempo para alcanzar el consenso con todas las fuerzas políticas

Diego FranceschLunes, 17 de diciembre de 2012
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El ministro Wert compareció por segunda vez desde que ocupa su cargo en la Comisión de Educación del Congreso el pasado 12 de diciembre para presentar el borrador del anteproyecto de ley. Tras la polémica lingüística, Wert trató de reconducir el debate –sin demasiado éxito– hacia los temas propiamente educativos de la reforma. Entre la cuestión de las lenguas cooficiales y los prejuicios ideológicos de la oposición, la reforma parece abocada a no lograr el consenso. Y eso a pesar de que el Ministerio trata ahora de contentar a casi todos en aspectos que no considera esenciales.

La oposición insiste en considerar que se trata de una ley “segregadora”, a lo que el ministro responde que con esta crítica “se está haciendo un flaquísimo favor no solo a la ley, que sería lo de menos, sino a todos aquellos alumnos que pueden y que deben optar por esta vía de la formación técnico-profesional” y a los que se les está diciendo que “se trata de un camino no deseable y de una vía de segunda categoría”.

Con respecto a las mal llamadas reválidas, Wert indicó que “está demostrado que la realización de estas pruebas externas estandarizadas mejora los resultados académicos de los alumnos en una proporción equivalente a medio curso escolar más al llegar a 4º de la ESO”. En PISA, estas pruebas representan 16 puntos más. Sobre la primera de las pruebas, que el borrador último sitúa en 3º de Primaria, el ministro reconoció que no existe acuerdo y algunas comunidades reclaman que se adelante a 2º con vistas a la detección precoz de dificultades de aprendizaje. Wert indicó que “las pruebas de Primaria las consideramos más abiertas a una valoración más amplia con las comunidades autónomas porque sobre ellas parece haber menos identidad de criterio”.

Para contradecir a quienes las consideran como “reválidas”, el ministro dijo: “No las concebimos como barreras o como obstáculos para la titulación, sino como herramientas que tienen que ayudar a la Educación integral para asegurarse de que los conocimientos y las competencias están asentados”. “Por decirlo gráficamente, no sirven para pasar un examen, sino para seguir avanzando en el proceso educativo”, añadió el ministro.

El cuarto y último aspecto de la reforma al que se refirió el ministro fue la autonomía, e indicó que los centros pueden hacer uso de esa autonomía “para desarrollar sistemas pedagógicos propios, para facilitar y promover el trabajo de los docentes, para procurar una especialización de los centros y el desarrollo de acciones de calidad en cooperación con las administraciones educativas y para introducir herramientas de gestión que aseguren los procesos de mejora, la planificación por objetivos y una mayor autonomía en la gestión de personal y económica orientada a dotar a los centros de mayor eficiencia”.

Crítica de los socialistas
Por parte del Grupo Socialista, el portavoz Mario Bedera criticó que el Ministerio “lleva desde el mes de junio dando bandazos” y añadió que “hay una razón, creemos nosotros, para este desbarajuste, y es que usted en ningún caso a lo largo de este proceso ha contando con la comunidad educativa”. Ya sobre el fondo de la ley, Bedera señaló que “no mejorará la calidad, va a empeorar, porque las reválidas harán que se desprecie la formación integral; porque se va a descuidar todo lo que no sea troncal, y como las reválidas además tienen efectos sancionadores, punitivos, efectos selectivos y no formativos, se va a acabar entrenando a los chicos solo para que superen la prueba”. Además, añadió que “no siempre una buena puntuación en los exámenes estandarizados refleja un aprendizaje eficiente y se pierde individualidad y creatividad”.

Respecto a los recursos para la aplicación de la ley, el portavoz socialista recordó que “si la LOE tuvo una memoria económica de 7.000 millones, usted va a arrancar con una memoria económica de menos 5.200 millones”, en referencia a lo que lleva recortado el Gobierno en materia educativa.

Sobre la segregación de alumnos, Bedera insistió en que el Gobierno está “diseñando una carrera de obstáculos que, unida al proceso de selección temprana, va a tener un efecto fulminante y radical, que va a ser expulsar del sistema a los alumnos con más dificultades, porque su ley –añadió– no va contra el fracaso escolar, su ley va contra los alumnos que han fracasado, y todos sabemos qué alumnos son estos, a qué un grupo social pertenecen”.

La diputada del PNV, Arantza Tapia, indicó en primer lugar su “sorpresa” por “la urgencia en presentar esta ley cuando creemos que todavía está bastante verde”. Además le hizo una advertencia: la de “no utilizar esta ley como excusa, no utilizar la mejora ni el intento de obtener una mayor calidad para hacer una intromisión en competencias exclusivas de las comunidades autónomas”. La diputada incidió en el distinto punto de partida de las comunidades autónomas con vistas a la mejora de sus resultados, por lo que no se mostró de acuerdo en la homogeneización del sistema educativo que pretende la ley. “En el Estado tenemos 17 sistemas muy distintos, con rendimientos muy distintos y con resultados que en algunos casos avalan la forma de hacer de muchas comunidades autónomas”, dijo la diputada vasca. Sobre las reválidas aseguró que “no vamos a estar de acuerdo, porque además no nos gustan las tutelas, queremos referentes y objetivos, no tutelas”.

Por parte de CiU, el diputado Martí Barberà criticó en primer lugar el proceso de diálogo con las comunidades para luego entrar al fondo de la ley. En este sentido señaló que “los que somos profesionales de la Educación sabemos que el día a día es la solución, la atención individualizada es la solución; no pruebas uniformadoras y generalizadas”. Aunque no negó la validez de las evaluaciones, matizó que ha de ser “una evaluación formativa, pero como herramienta, no como fin, no como única clave”. Respecto a la “invasión de competencias” Barberà fue tajante al decir que “lo que quiere la Lomce es asumir la regulación de todo el sistema educativo, limitar la capacidad autonómica y vaciar de competencias las comunidades autónomas”.

Por parte del Grupo Popular, la diputada Sandra Moneo se refirió en primer término a la acusación de ser una reforma segregadora. “No hay nada más segregador, más injusto, más excluyente, que expulsar a más de una cuarta parte de los alumnos sin futuro del sistema educativo, y ese es su modelo educativo, esa es su LOE”, dijo a los diputados del Grupo Socialista. Respecto a la cuestión lingüística, Moneo aseguró que “son otros los que han utilizado la lengua para separar, para diferenciar, desde luego no para integrar”. Y concluyó: “siento decepcionarles, nuestro grupo no pretende hacer del bilingüismo el elemento de confrontación de esta reforma educativa”.

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