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La Lomce prevé 4.800 docentes menos en Bachillerato y 4.000 más en la ESO

Paloma Díaz SoteroMiércoles, 30 de enero de 2013
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La “eficiencia” de los recursos existentes es “el eje sobre el que pivota” la reforma educativa. De ningún modo lo es “el incremento de la inversión en Educación”. Sobre esta base, la memoria económica de la Lomce, presentada por el Ministerio a las CCAA, hace un puntilloso ejercicio de cálculo, poniendo al máximo rendimiento horario al profesorado (20 horas semanales en la Pública y 23 en la Concertada) y al máximo de su capacidad a las aulas (30 alumnos por grupo en ESO y 35 en Bachillerato), con objeto de cuantificar el número de docentes estrictamente necesario para implementar la reforma educativa.

La memoria, a la que ha tenido acceso MAGISTERIO, indica en cuánto debe incrementarse la plantilla pública y concertada de ESO y proyecta el ahorro que supondrá el futuro Bachillerato si las CCAA aplican todas las posibilidades de compactación y especialización que prevé la Lomce.

A tenor de los cálculos efectuados por el Ministerio, una aplicación óptima de la nueva ley –la máxima aspiración del Gobierno– traería consigo una reducción de la plantilla docente pública en un millar de trabajadores.

Ahora vamos por partes. La memoria económica establece que, en un principio, para poner en marcha la Lomce, hará falta que se incorporen a la ESO 3.954,9 profesores en los centros públicos y 2.679,6 en los concertados, que podrían proceder del Bachillerato, según señala el propio texto.

Esa necesidad viene generada por el adelanto de la elección de materias a 3º (Matemáticas académicas o aplicadas) y por el carácter orientador de 4º (vía aplicada o académica).

Significa “un incremento del coste” de 143,2 millones en la Pública y 86,5 en la Concertada. Como el gasto procede del cambio curricular, será asumido por el Gobierno central. En aquellas CCAA con mayor presencia de Concertada, la implantación le saldrá más barata. Como precisa el texto, “el coste anual estimado por profesor de Secundaria” es de 36.208 euros en la Pública y de 32.270 euros en la Concertada.

El beneficio, o menor perjuicio, para los concertados es evidente: verán aumentar su plantilla subvencionada y podrán menguar el número de asalariados por cuenta propia en Bachillerato.

Según el Ministerio, el coste señalado se repartirá entre los dos primeros años de implantación y ésta no tendrá lugar hasta, como mínimo, el curso 2014-15, según el calendario que baraja José Ignacio Wert. En cualquier caso, su Departamento se encarga de recordar que la “flexibilidad” otorgada por la nueva ley a los centros y a las administraciones autonómicas para configurar su oferta hace difícil dibujar “un escenario común a partir del cual realizar las estimaciones de costes”. De hecho, se recuerda que en la previsión no se han tenido en cuenta circunstancias como lenguas cooficiales o centros bilingües.

Más difícil todavía, según fuentes del propio Ministerio, es hacer proyecciones para el Bachillerato, dado que las especializaciones que prevé la ley son sólo una posibilidad ofrecida por ésta y no puede darse por hecho que las administraciones vayan a optar por especializar a todos sus centros en los primeros años de implantación. Igual sucede con la compactación de materias, para la que Educación da más flexibilidad de la que pretendía en un principio. Por ello, da por hecho que la reorganización curricular del Bachillerato será muy progresiva.

Pese a ello, aunque oficialmente niegue un ahorro mucho menor al proyectado cuando empezó a diseñar la reforma, la memoria económica precisa a cuánto podría llegar ese ahorro con una Lomce aplicada en su plenitud por administraciones y centros.

Por un lado, la compactación de materias genera “una reducción de carga horaria equivalente a 2.534,4 profesores” y un ahorro de casi 92 millones. Por otro, se aborda la reducción de la plantilla docente en caso de que las administraciones decidan especializar a sus institutos en Ciencias, Humanidades o Ciencias Sociales allí donde puedan: en localidades con tres o más centros. Este horizonte, para el cual está concebida la Lomce, implica 2.281 profesores menos en Bachillerato y un ahorro de 82,5 millones de euros.

  • Más FP cuesta
  • La memoria económica de la Lomce prevé unos gastos añadidos y variables que delega en las CCAA. Lo llama “costes de consolidación del sistema” y dependerán, según fuentes del Ministerio, del alumnado que las administraciones autonómicas consigan retener en las aulas (reducción del abandono) y derivar a FP Básica (antiguos PCPI) y a FP Media; en definitiva, del éxito de la reforma en su objetivo de alcanzar los estándares de la UE en 2020.
  • Así, han dibujado tres escenarios posibles de gasto a cuatro años. Cuantos más chicos y chicas vayan a FP (mayor éxito), más caro:
  • El escenario más negativo costaría 50 millones: prevé un 50% de titulados en Bachillerato, un 20% en FP Media y un 10% en FP Básica.
  • El más realista acarrearía 334 millones por haber conseguido un 50% de titulados en Bachillerato, 22,5% en FP Media y 12,5% en FP Básica.
  • El más optimista conllevaría 927 millones, con 55% en Bachillerato, 25% en FP Media y 12,5% en FP Básica.
  • La reforma saldrá más cara a las CCAA que presentan mayor abandono escolar y menos alumnos en FP.
  • Una de las grandes esperanzas de la reforma contra el abandono escolar es la FP Básica. Según los cálculos del Ministerio, el coste de un alumno en FP Básica es 1.808 euros mayor que en la ESO. El incremento de alumnado previsto en la nueva vía ‘aplicada’ costará 53 millones. Y la ampliación de perfiles profesionales en los centros exigirá otros 59 millones más.
  • Sin embargo, los cálculos del Ministerio no explicitan cuánto profesorado hará falta para FP Básica ni qué impacto tendrá en los centros. Parece obvio que requerirá mayor presencia del perfil docente de FP, pero Educación aún no especifica cuánto procederá de allí y cuánto de la ESO.
  • El gasto en evaluaciones
  • ­­­Cinco millones

La partida destinada a las evaluaciones censales, llamadas a ejercer un control del sistema y un puntal para la rendición de cuentas, apenas supera los cinco millones de euros. Sin embargo, Educación sólo contempla los gastos de la ejecución de las pruebas: el coste de que un número determinado de profesores atienda y corrija los exámenes. No cita el supuesto coste de la elaboración de la prueba.

  • 6º de Primaria

Se estiman dos días de trabajo: uno para realizar las pruebas y otro para evaluarlas. Aunque se contempla dentro del calendario escolar y, por tanto, no requiere remuneración adicional al profesorado responsable de ella, el Ministerio cifra “el coste de la prueba por profesor al día en 33,7 euros”: 18,7 de media dieta más 15 por transporte. En total, los dos días salen por 67,4 euros por docente . Como se consideran necesarios 21.542 docentes, la evaluación de competencias sale por 1,4 millones de euros.

  • Reválida de ESO

La evaluación al final de la ESO se repartiría en dos convocatorias: junio y septiembre. Educación ha estimado la necesidad de 1,5 profesores por centro para la de junio y uno solo para la de septiembre. En total, 17.134 docentes. Los implicados tendrían cuatro días de trabajo para “evaluar, revisar y elaborar informes”. Como en el caso de Primaria, las administraciones no tendrán que pagar días extra (fuera del calendario escolar) a los evaluadores, pero entre dietas y transporte de cuatro días, el Ministerio deberá pagar 134 euros a cada uno: 2,3 millones.

  • Prueba de admisión a FP

(para los alumnos procedentes de FP básica). Educación calcula cinco euros por alumno que se presente y estima que lo harán 20.744 estudiantes. En total, 103.720 euros.

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