El informe para la reforma abre la vía a la contratación directa de profesores

La Comisión de Expertos para la reforma universitaria, presidida por María Teresa Miras, ha elaborado el documento Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español en el que se recogen las conclusiones del grupo de trabajo designado en abril de 2012. Además de María Teresa Miras, han trabajado en el documento Óscar Alzaga, José Adolfo de Azcárraga, José Campmany, Luis Garicano, Félix M. Goñi, Rafael Puyol, Matías Rodríguez Inciarte y Mariola Urrea.

En el informe, de 84 páginas, se recomienda que las comunidades autónomas entren a formar parte del gobierno de las universidades, que los rectores y profesores puedan elegirse entre españoles y extranjeros y que las facultades no puedan contratar a sus propios doctores durante al menos tres años.

Además, el informe abre una vía paralela al funcionariado, ya que los catedráticos y profesores podrán ser funcionarios o contratados indefinidos, y denuncia que sobran centros y títulos. El documento se acompaña de una adenda de los profesores Óscar Alzaga y Mariola Urrea, por entender que la propuesta “puede encerrar riesgos para la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”.

Los expertos proponen una financiación “por objetivos” y que se deje a la autonomía universitaria la determinación del precio de las tasas, con una política generosa de becas de movilidad nacional e internacional y préstamos, ya que el texto se muestra crítico con el actual sistema.

Resaltan que el gasto medio de un universitario es de 10.000 euros por curso y reclaman que se invierta el 3% del PIB en Educación, se vincule la financiación a la empleabilidad de los títulos, se establezcan normas de permanencia para los alumnos y que la financiación pública sea suficiente y estable. En el texto se hace hincapié en la necesidad de luchar contra la endogamia, de reducir la oferta de titulaciones y de que las universidades españolas se especialicen.

Un punto de partida
La elaboración del informe no parece que haya sido un camino de rosas. Dos de los 11 expertos –Salvador Barberá y Elisa Chuliá– renunciaron a formar parte de la Comisión y, aunque lo han firmado los nueve que permanecieron, dos de ellos (los ya mencionados profesores Alzaga y Urrea) han emitido un voto particular.

Ahora, se teme que desde las universidades surjan críticas. Tal vez este ha sido el motivo por el que el ministro José Ignacio Wert se ha reunido con representantes de la CRUE para preparar el debate del documento y transmitirles que “en modo alguno es una guía única para la eventual reforma de la institución superior, sino un punto de partida”.

Los expertos advierten de que su punto de partida lo ha constituido el hecho de que la sociedad “a menudo” vive a espaldas de la universidad, cuando debería cuidar y exigir más de su sistema universitario, y que si se desea que tenga “verdadera calidad internacional” se debe conseguir una “mayor diferenciación y especialización” de las facultades, porque es excesiva la proliferación de títulos y de centros. Se pide evitar la “multiplicidad excesiva de títulos” estableciendo a escala nacional un mínimo de alumnos para impartir un título, que se incentiven alianzas universitarias, la formación multidisciplinar y se haga pública la empleabilidad de los graduados.

La comisión apela a la excelencia y la competitividad de las universidades y para ello defiende la evaluación de la calidad cada cuatro años, pública y externa.

En definitiva, con las propuestas, se pretende conseguir a medio plazo 10 universidades de calidad, con las exigencias más altas para aceptar a sus alumnos; 25 o 30 especializadas en algunas áreas; y el resto correspondería a universidades con mayor énfasis en la enseñanza.

Actualmente hay 50 universidades públicas –47 presenciales– y 31 privadas, que atienden a 1.490.000 estudiantes.

Voto particular
La principal discrepancia en el seno de la Comisión de Expertos se refiere a que el informe recomienda el acceso a las plazas de Personal Docente e Investigador (PDI) a través de acreditaciones públicas nacionales según el número de plazas requeridas y también por la contratación directa e indefinida por las propias universidades. Ante esa segunda vía, Alzaga y Urrea muestran reservas y se cuestionan “la compatibilidad de otorgar a una administración pública como la universitaria la capacidad de contratar de forma directa a un colectivo significativo de profesores”.

Aunque no rechazan la conveniencia de que en las universidades “existan mecanismos flexibles de contratación” que faciliten la entrada “a magníficos colegas procedentes de otras universidades” y, por supuesto de otros países, advierten de las “dificultades de acomodar las fórmulas de contratación directa, propias del ámbito privado, cuando quien contrata es una universidad pública sometida al Derecho público”.

Tampoco les parece convincente que el documento final de la Comisión de Expertos recomiende hacer coincidir el número de profesores acreditados –en la actualidad hay más de 5.000 acreditados sin plaza– con el número de plazas convocadas por las universidades, de tal forma que solo haya acreditados cuando haya plazas.

Alzaga y Urrea creen que si fuera así, dentro de unos años tendríamos un número importante de profesores trabajando en la docencia y en la investigación “sin ningún tipo de estímulo ni reconocimiento”.

• Algunos de los aspectos más destacados del informe

­­­-Profesorado

• El informe propone que haya profesores titulares y catedráticos de universidad funcionarios o contratados. Los funcionarios seguirán accediendo con un proceso de concurso parecido al actual, acreditación por la Aneca y concurso a la plaza correspondiente. Y los contratados lo serán directamente por la universidad entre los doctores que se presenten mediante un proceso que decidirá cada campus. Recomiendan una modalidad de contrato de formación de cinco años que puede convertirse, en el mejor de los casos, en ese contrato indefinido.

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• Consejo de Universidad
• Será el único órgano que dé representación de los intereses académicos y de la sociedad y supondrá la desaparición del Consejo de Gobierno y del Consejo Social. Se recomienda que tenga un tamaño de entre 15 y 20 miembros. De ellos, el 50% será elegido por el Claustro de la Universidad, con mayoría de Personal Docente e Investigador (PDI) y con al menos un alumno y un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS). Un 25% del Consejo será ocupado por la comunidad autónoma correspondiente (esto constituye una importante novedad) y el 25% restante será elegido por los dos grupos anteriores entre personas internas o externas a la universidad, nacionales o extranjeras de interés para los programas de la institución.

­­­-Rector

• Será elegido durante cinco años (ahora son cuatro), por el Consejo de la Universidad. Ahora lo elige el Claustro o la comunidad universitaria mediante sufragio universal ponderado. Estará abierto a académicos de cualquier universidad, tanto españoles como extranjeros, que deberán acreditar su excelencia, en el caso de los españoles, con tres sexenios o tramos positivos de investigación. Tendrá plenas funciones ejecutivas y nombrará no solo a vicerrectores y secretario general sino también a los decanos y directores de centros. Con la normativa actual, la elección de los representantes de los distintos sectores se hace por votación en cada centro y el Claustro.
• Claustro
• Limita su composición a 60 o 70 miembros frente a los hasta 300 actuales. Un 80% serán profesores y un 20% alumnos y Personal de Administración y Servicios (PAS).

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• Financiación

El informe reclama una financiación por resultados y recomienda vincular entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades públicas a los resultados de investigación y docencia. Pone como objetivo destinar el 3% del PIB a las universidades, más becas de movilidad nacional e internacional y ayudas al estudio, porque el sistema actual es “muy deficiente”. También propone recuperar el programa de Campus de Excelencia Internacional.

• Reordenación de la oferta
• El informe considera excesiva la oferta de títulos y apela a su contención. Reclama establecer con carácter nacional un número mínimo de alumnos por debajo del cual habría que eliminar una titulación de un campus concreto. Los expertos vuelven a insistir en la especialización de las universidades y que unas sean eminentemente docentes y otras investigadoras.