La Defensora del Pueblo denuncia retrasos de hasta un mes en las sustituciones

Las administraciones educativas dejan transcurrir un tiempo excesivo desde que un profesor deja de impartir clases por causar baja, hasta que la plaza es cubierta por un sustituto. Es una de las principales denuncias referentes a los docentes que realiza la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Informe Anual de la institución que entregó el pasado 27 de febrero al presidente del Congreso, Jesús Posada. La Defensora del Pueblo recuerda que “las normativas en las que se establece la dotación mínima de personal exigen la inmediata cobertura de las bajas de manera que los centros cuenten en todo momento con la plantilla completa”.

Sin embargo, Becerril advierte en su informe de que “el retraso en la sustitución del profesorado ha sido práctica habitual en determinadas comunidades autónomas, casi siempre por razones relacionadas con la limitación de los medios económicos disponibles”. Y señala como causante de esta situación al Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público, ya que entiende que “ha dado soporte normativo a dichas prácticas, al contemplar la cobertura de las bajas sólo a partir del décimo día de inasistencia del profesor titular, debiendo entre tanto proceder el centro a prestar atención a los alumnos afectados con los medios personales de que ya disponen”.

En las quejas planteadas, referidas en su mayoría a casos de Castilla-La Mancha y, en menor medida, de Valencia y Madrid, no se cuestiona, sin embargo, la aplicación de las normativas, sino el hecho de que las administraciones educativas cubran las bajas docentes una vez sobrepasado el límite temporal establecido en las normas. Ejemplo de estas quejas es la falta de sustitución de bajas por razones médicas de dos profesoras de la provincia de Toledo que, pese a su duración próxima al mes, no fueron objeto de cobertura.

Además de a los condicionantes económicos, la tardanza responde también a otros factores, como la complejidad y la prolongación de los procedimientos de contratación. En este sentido, el informe reseña como ejemplo una queja relativa a Castilla-La Mancha, en la que la necesidad de una autorización previa de la Consejería de Hacienda para la contratación de personal sustituto, sólo válida por cuatro meses, obligó a dar por concluido el contrato, interrumpiendo las sustituciones de mayor duración, y a reiniciar el proceso de autorización.

Para la Defensora del Pueblo “son indudables las consecuencias negativas para los alumnos y, en ocasiones, difícilmente reparables, que se derivan de estos retrasos”. Otro ejemplo que señala el informe se refiere a un pequeño centro docente de una línea (tres grupos de Educación Infantil y seis de Primaria) en el que las bajas causadas simultáneamente por cuatro profesores no se cubrieron hasta que transcurrió el periodo de 10 días indicado, tiempo durante el cual el resto de docentes no pudieron desa-rrollar las actividades lectivas ordinarias y tuvieron que limitarse a mantener el orden en el centro y a custodiar a los alumnos.

Empleados públicos
Por otro lado, y como cabría esperar, un buen porcentaje de las quejas recibidas a lo largo de 2012 han sido planteadas por personal del sector público, que ha venido soportando de manera directa las consecuencias de la crisis económica y de los recortes presupuestarios. La mayoría denuncia la pérdida de su puesto de trabajo –especialmente aquellos cuyo vínculo jurídico tenía carácter temporal– y la merma general de sus derechos laborales: la disminución neta de retribuciones, la congelación de la masa salarial varios años consecutivos, la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la reducción de los días de libre disposición, la eliminación de los días adicionales de vacaciones en razón de la antigüedad, el incremento de la jornada laboral y la supresión de la aportación pública a planes de pensiones.

En el informe también sale a la luz la tasa de reposición del 10% en ámbitos como el docente y la consecuencias negativas que tiene para la calidad de los servicios que los empleados públicos prestan a la comunidad.

La Defensora del Pueblo exige que, en cuanto a la planificación de recursos humanos, “una vez superada la fase más crítica de la crisis, las administraciones públicas den a conocer sus previsiones futuras de personal en un horizonte superior al de la oferta anual”. Asimismo, recomienda que, en cuanto a la supresión de la paga extra, se restrinja su aplicación a la cuantía no devengada y se concrete el destino de las cantidades derivadas de la supresión de la paga.

OTRAS QUEJAS RECIBIDAS POR EL DEFENSOR
­­­- Instalaciones precarias
El informe denuncia la utilización inicialmente planteada como temporal por las administraciones educativas, de instalaciones escolares precarias (aulas prefabricadas, instalaciones no construidas para uso educativo, etc.), que no cumplen las condiciones mínimas. Según la Defensora, “las administraciones educativas tendrían que realizar todos los esfuerzos posibles para anticipar, de forma más precisa, el volumen y ubicación de la demanda de plazas escolares”.
­­­- Construcción de centros
La insuficiente oferta de plazas educativas, causada por el retraso con que, en ocasiones, se aborda la construcción de nuevos centros o la ampliación de los existentes, es uno de lo motivos más frecuentes de quejas en materia de escolarización. La complejidad y prolongación de los procesos de obtención por los ayuntamientos de los solares precisos para la ejecución de nuevas instalaciones escolares son con frecuencia causantes de dichos retrasos y, en último término, de la prolongación de las condiciones de escolarización inadecuadas de los alumnos.
­­­- Cierre de colegios rurales
A lo largo del verano del año 2012 el Defensor del Pueblo recibió una serie de quejas, procedentes en su mayoría de pequeñas localidades de Castilla-La Mancha, y en menor medida de Andalucía y Galicia, en las que se cuestionaban decisiones adoptadas por las respectivas autoridades educativas de proceder al cierre de pequeños colegios, escuelas unitarias o aulas dependientes de centros rurales agrupados, ubicadas en pequeños núcleos rurales, escolarizándose a su alumnado en centros de localidades o municipios próximos.

• Lentitud en acreditación

En cuanto a las enseñanzas, las que han suscitado un mayor número de quejas han sido las de FP. La lentitud con la que se está produciendo la implantación efectiva de los procesos de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, y el hecho de que no se hayan convocado los correspondientes a determinadas especialidades ha continuado generando quejas, que se han referido, sobre todo, a las comunidades autónomas de Illes Balears y de Madrid.