La Lomce pasa el examen del Consejo de Estado, pero no llega a la ‘excelencia’

El anteproyecto de la Lomce ha superado su último trámite antes de ser arrojado al rifirrafe parlamentario. El Ministerio ha interpretado el dictamen emitido por el Consejo de Estado como un respaldo indubitado a los “pilares” de la reforma, hasta el punto de concluir que el anteproyecto “irá al Consejo de Ministros con el apoyo del Consejo de Estado”, según Montserrat Gomendio. Las recomendaciones y objeciones hechas, dijo, se refieren a “aspectos que suscitan mucha atención mediática, pero no son esenciales”. Sólo algunas serán atendidas.

La nueva arquitectura
El informe unánime de los consejeros de Estado saluda las modificaciones introducidas en 4º de la ESO, la consolidación de un itinerario hacia la FP, la desaparición de los PCPI y de los PROA en favor del nacimiento de la FP Básica y de los programas de apoyo.

Aboga por separar itinerarios lo más tarde posible en el sentido de las recomendaciones internacionales, pero admite la solución planteada en el anteproyecto porque la elección de una vía no impide cambiarse a otra, incluso al presentarse a la reválida. El Gobierno sale airoso en uno de los puntos de la reforma más cuestionados por la oposición.

Evaluaciones
El Consejo da su apoyo explícito a las evaluaciones censales y estandarizadas a cargo del Ministerio y no rechaza su carácter de reválida en ESO y Bachillerato; la publicación de resultados, tampoco. Lo que sí pide explícitamente es que la Administración los emplee para mejorar deficiencias del sistema.

También reclama que se garantice que serán funcionarios quienes ejecutarán y corregirán las pruebas, y de ningún modo contratados o empresas. Gomendio aseguró que la intención es que los exámenes sean corregidos por docentes ajenos a cada centro, incluso de otras autonomías para garantizar que se cumplen unos estándares nacionales.

Asignaturas
El dictamen valora como “confusa” la nueva distribución de materias en troncales, específicas y de configuración autonómica, en función del organismo competente para diseñarlas. Pone de relieve, pero no cuestiona, el novedoso carácter jerárquico que se introduce en el currículum y el peso explícito que se da a las troncales, cuyo diseño y evaluación es competencia del Gobierno central, frente al resto.

También reclama que la ley obligue a las administraciones a ofertar todas las materias optativas de cada ciclo para que poder cursarlas no esté condicionado por la demanda.

Suspensos
Al Consejo de Estado no le parece “coherente” que se permita a los alumnos presentarse a la reválida de ESO con tres suspensos. “No constituye un estímulo para el estudio”, afirma. La número dos del Ministerio apunta que lo estudiarán, pero sin mucha determinación.

EpC y Religión
Recomienda la obligatoriedad de cursar una materia que “garantice conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, la justicia, la igualdad, la ciudadanía y los derechos civiles”.

Y sugiere: “Dado que sobre el contenido de esta asignatura se ha planteado polémica social, el Estado podría fijar su contenido completo, o al menos fijar las bases en la Ley”.

Pero aquí el Ministerio se mantiene en sus trece: no piensa recuperar EpC y alega que los contenidos recomendados se impartirán “de manera transversal”.

Por otro lado, el Consejo de Estado destaca el “mayor peso” otorgado a la enseñanza religiosa “al tener una carga horaria similar al resto de materias” y “configurarse como una asignatura específica fija con una alternativa”, llamada Valores Culturales y Sociales.

Esta división, advierte, supondría una “discriminación” para los alumnos que opten por la Religión, ya que “no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos”.

Educación responde que estudia cómo garantizar que todos los alumnos puedan estudiar en algún momento valores éticos y sociales.

Directores y consejos
El Consejo respalda el salto de poder brindado a los directores, pero rechaza que el perjuicio para los consejos escolares sea tan alto: “Deberían mantener algunas competencias de decisión o codecisión”.

Respecto a la elección del director, reclama que “se sopese seriamente” la pretendida reducción de los representantes del centro en la comisión de selección: “Perder la representación mayoritaria en beneficio de las administraciones contradice el aumento de autonomía de los centros” que la ley preconiza.

La financiación
Entre las “insuficiencias” descritas destaca la referida a “valoración económica”. “El coste estimado de implantación es muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura”, señala el dictamen. El Consejo reclama “una clarificación de los costes efectivos y la fijación de los compromisos en el tiempo para su financiación”.

Según Gomendio, intentarán “explicarlo mejor”, pero no recalcularán las estimaciones.

El dictamen más extenso, plagado de correcciones

• El dictamen del Consejo de Estado sobre la Lomce, con 184 páginas y casi 52.000 palabras, supera la extensión de los dictámenes que emitió en 2002 sobre la LOCE (10.000 palabras) y en 2005 sobre la LOE (13.500).
• Los consejeros de Estado hacen incontables observaciones y correcciones de redacción, estilo, coherencia intertextual y precisión técnica. Antes de llegar hasta aquí, el anteproyecto había recibido críticas de la comunidad educativa referidas a una redacción confusa, imprecisa y aparentemente improvisada.
• El Consejo sugiere que la ley matice su título, al tratarse de una modificación de la norma vigente.
• Se sorprende de que la ley fije en sus líneas su propio calendario de implantación y de que, además,”se pretenda en dos años implantar una reforma tan profunda como la proyectada”.
• Hace notar la redundancia confusa e innecesaria en la definición de ‘currículum’ por usar palabras sinónimas –“nociones” y “conocimientos”, y “habilidades” y “destrezas”– con la pretensión de describir acepciones diferentes.
• Critica el uso indistinto de "estándares de aprendizaje evaluables” y “resultados de aprendizaje evaluables", cuando son cosas diferentes.
• Advierte de que olvida atribuir a alguien la responsabilidad de fijar dichos “estándares”. “Se trata de una omisión que procede subsanar, confiriendo tal competencia al Gobierno”.
• Corrige que debe hablarse de “Gobierno” y no de “Administración del Estado” en algunos puntos.
• Recomienda fijar un número mínimo de horas para el currículum básico para evitar malentendidos.
• Delata cierta dejadez en la regulación de Infantil, y de las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas.
• Critica numerosas “insuficiencias”, por ejemplo, en el “modelo plurilingüe”, al no precisarse sus bases, y en la aplicación de la tecnología en la enseñanza, al omitirse la “planificación de dotaciones” y “procedimientos”.