La mayoría de los colegios concertados recibe donaciones de 25 euros al mes
El pasado mes de septiembre salía a la luz un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que se destacaba que nueve de cada 10 centros concertados exigen a las familias el pago de cuotas voluntarias. Según este estudio, publicado en la revista OCU Compra Maestra, la media anual de estos cobros asciende a 501 euros, aunque se señalan importantes diferencias entre ciudades y, de hecho, en Lérida se dispara hasta los 1.025 euros anuales.
Para realizar el informe, la OCU visitó de forma anónima 205 colegios de 18 ciudades haciéndose pasar por padres de un supuesto alumno de Primaria. Tras los resultados, la organización criticó duramente a los centros concertados por entender que no impartían una Educación gratuita y se remitía a la LOE para recordar que “impide expresamente exigir cuotas ni establecer servicios obligatorios asociados a aportaciones económicas”. La ley actualmente vigente recoge que sólo se puede cobrar por servicios complementarios (comedor o transporte) o actividades extraescolares con carácter voluntario, aunque son completamente lícitas las donaciones realizadas por los padres siempre que se traten de un acto libre.
Pero la realidad es que la actual coyuntura económica, con continuas rebajas por parte de las administraciones en las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento y el salario del profesorado, ha obligado a los colegios concertados a tirar aún más de los padres para mantener el nivel y calidad de las prestaciones que ofrecen. Y es que las actividades extraescolares y los demás servicios complementarios, como transporte y comedores, están ayudando a la financiación de los centros ahora más que nunca.
Módulo insuficiente
Las dificultades económicas que atraviesan los colegios concertados aparecen reflejadas en el estudio publicado por Escuelas Católicas de Madrid (ECM), titulado Encuestas sobre Administración y Gestión 2012. Emilio Díaz, secretario regional de ECM, apunta que “todo parte de una premisa, y es que el módulo económico del concierto es insuficiente en el 100% de los casos”. En el cuadro de la página anterior sobre la cuantía del déficit del curso 2010-11, se puede observar cómo un 20,29% de los centros reconoce un déficit de más de 250.000 euros durante el curso. El siguiente porcentaje no se queda atrás, ya que un 19,81% de los centros reconoce un déficit de entre 150.001 y 250.000 euros. Por tanto, el 40% de los centros concertados pertenecientes a Escuelas Católicas de Madrid tiene un déficit que supera los 150.000 euros durante el curso. Estos datos no varían apenas con respecto al curso anterior 2009-10, donde también se alcanza ese 40% de centros con un déficit de más de 150.000 euros.
Vías alternativas
“Estos datos de déficit hacen que se tenga que buscar una alternativa de financiación que cada centro escoge como la más eficaz, sin ser excluyentes entre sí, y que suponen recursos adicionales para cubrir esos déficits”, explica el secretario regional de ECM. En los dos gráficos de la página anterior sobre vías alternativas de financiación, se puede observar cómo el comedor se convierte en la vía más recurrente de financiación, a través de la cual los centros ofrecen a los alumnos un servicio indispensable. Según el estudio de ECM, el precio mensual del comedor –sin incluir actividades extraescolares del mediodía– es de 110-120 euros en el 38,16% de los centros, y de 90-110 euros en el 32,85% de los centros. En los datos, referentes al curso 2010-11, sólo en el 2,42% de los colegios el precio del comedor supera los 140 euros al mes, con lo cual, además de ser la vía más importante de financiación, se ofrece un servicio asequible para las familias.
Al comedor le sigue la aportación voluntaria directa y la guardería al comienzo o final de la jornada escolar. En los gráficos de esta página se observa cómo la mayor parte de los centros está percibiendo como donación anual de las familias entre 0 y 250 euros, lo que supone unos 25 euros al mes. Estas donaciones deben ser, como su propio nombre indica, voluntarias, así que los centros tienen derecho a pedirlas, pero no pueden exigirlas. Para Emilio Díaz, “las cantidades se mueven dentro de unos umbrales básicos, mínimos y asequibles” y señala que “la mitad de los centros de esa columna del gráfico, que oscila entre los 0 y los 250 euros anuales, está realmente en cuota 0”, lo cual significa que son muchos los centros que no tienen esa cuota establecida.
En este sentido, el secretario regional de ECM asegura que “las cuotas voluntarias resultan en estos tiempos un recurso indispensable para el funcionamiento de los centros, pero los mismos centros se ocupan de ajustar mucho las cantidades para que no generen un impacto negativo sobre las familias ni supongan un elemento disuasorio”. “Es una donación voluntaria”, insiste.
En el gráfico de la página anterior sobre la apreciación del descenso en el abono de la aportación voluntaria, vemos cómo la mayoría de centros asegura que ha disminuido esa donación, mucho más en el curso 2010-11 (64,73%) que en el curso 2009-10 (59,33%). Eso sí, la mayoría de centros cifran esa disminución en tan sólo un 5% o menos. Según Díaz, “las familias saben que, aunque no hay obligación de aportar esas cuotas, sí que hay un compromiso moral porque, con un módulo totalmente deficitario, se convierten en un elemento básico para el sostenimiento de los centros”. Por eso el representante de ECM asegura que le transmiten a las familias “la importancia de mantener ese compromiso con el centro para que no se vea abocado al cierre o a la pérdida de calidad”.
Realidades distintas
Como ya hemos señalado, los datos del estudio corresponden a Madrid, una comunidad donde el peso de la escuela concertada es muy importante, ya que casi la mitad de los alumnos acuden a un colegio concertado. Para Emilio Díaz, “las realidades entre comunidades son distintas, ya que, por una parte, está la realidad sociológica y cultural de los distintos territorios, y por otra, el posicionamiento político del Gobierno de turno”. Pone como ejemplo el posicionamiento de la comunidad andaluza, y advierte de que “es excesivamente fiscalizador y limita y restrige la donación, que es un derecho fundamental del individuo”.
Hay que recordar que la Consejería andaluza ya ha impuesto en varias ocasiones numerosas sanciones a centros concertados por entender que estaban cobrando las cuotas de forma irregular. Andalucía es también una de las comunidades que menos gasta en la enseñanza concertada. La Junta financia con 2.220 euros la plaza de un alumno en un colegio privado, 3.000 euros menos que para un puesto público, según se recoge en la encuesta sobre financiación y gastos de la enseñanza privada publicada el pasado año por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un estudio que se realiza cada cinco años y cuya información, en esta ocasión, se refería al curso 2009-10.
Pero, aunque la situación en la Comunidad de Madrid sea mejor a priori, el secretario regional de ECM recuerda los problemas que recientemente han tenido en relación a la enseñanza concertada, sobre todo a raíz de que la Consejería decidiera retirar los conciertos a los ciclos formativos de FP de Grado Superior.
El pasado jueves, el presidente madrileño, Ignacio González, avanzó en el pleno de la Asamblea que la Comunidad concederá en los próximos dos años un total de 22 millones de euros en becas de nueva creación, que beneficiarán a tres de cada cuatro alumnos de FP de Grado Superior en función de la renta familiar. Su cuantía llegará hasta los 290 euros mensuales y serán para los alumnos de primer curso, ya que los de segundo curso mantendrán su concierto hasta que finalicen sus estudios, en idénticas condiciones a como los han empezado.