El préstamo de libros, más eficiente que las ayudas directas al alumno

El Informe del Defensor del Pueblo sobre los sistemas de gratuidad de libros de texto que se acaba de dar a conocer concluye que “el sistema de préstamo a los alumnos –adquiridos con fondos públicos y posteriormente reutilizados por otros alumnos– resultaría inicialmente más eficiente desde un punto de vista económico que la concesión de ayudas económicas directas a los alumnos”. El informe también revela un descenso de los recursos destinados a estos programas del 45% entre los años 2008 y 2013, aunque con enormes diferencias según comunidades autónomas. Andalucía solo a ha reducido los recursos en menos de un 10% mientras que comunidades como Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha o Madrid han reducido los recursos en porcentajes superiores al 80%. Solo el País Vasco –además de las ciudades de Ceuta y Melilla– ha aumentado las ayudas en un 6,2%. También se da el caso de comunidades que, como La Rioja, han sustituido el programa de préstamo por el de ayudas directas a las familias.

Uso responsable de bienes
En general, el sistema de préstamo obtiene de los distintos sectores educativos “una valoración muy positiva desde el punto de vista de su contribución educativa, al entenderse que fomenta actitudes y valores de uso responsable de los bienes que deben ser compartidos con otros alumnos, y la idea de que los objetos deben ser utilizados mientras sirvan a la finalidad para la que fueron producidos, preservando así fuentes de energía y de materias primas no renovables”, señala el informe.

No obstante, algunos sectores consideran que el libro de texto es un “elemento esencial para el desarrollo de las enseñanzas”, y se inclinan por sistemas de gratuidad que atribuyan la propiedad a los alumnos, para su utilización habitual ya que, según entienden,” simplifican su tarea y hacen posible la obtención de mejores resultados académicos”.

Por otro lado, el equipo directivo y el profesorado de los centros cuestionan que se tengan que encargar de la gestión de los sistemas de gratuidad, por entender que son ajenos a los cometidos educativos que le son propios y restan tiempo de dedicación a la docencia. “Tras el reciente aumento de jornada y carga lectiva a los docentes, este punto debería tomarse en consideración y no sobrecargar al profesorado con labores de gestión que interfieran en su tarea docente, y de la que debería hacerse cargo la Administración educativa en su conjunto y no los centros educativos”, recomienda el informe en una de sus conclusiones. En particular, este organismo propone “la aportación temporal de personal administrativo”.

El Defensor del Pueblo también recomienda modelos o sistemas equiparables en toda España, de forma que los alumnos se beneficien también en esto de situaciones equivalentes en términos de gratuidad. Y, concretamente, el informe recomienda “aplicar preferentemente sistemas de préstamo y reutilización de los libros, en razón de la mayor eficiencia y menor coste que este modelo tiene respecto de otras modalidades de ayudas”.

Fomento de bibliotecas
Junto a ello, el informe también recomienda “complementar los sistemas de préstamo y reutilización de libros con el mantenimiento y fomento de bibliotecas de aula, dotadas con materiales didácticos complementarios y con los correspondientes a asignaturas instrumentales que, con más frecuencia, son objeto de consulta por los alumnos, para facilitar su acceso a los mismos y promover en ellos la adquisición de hábitos de uso de los recursos bibliográficos y culturales que se ponen a su disposición”.

En el caso de la Primaria, donde los materiales son de difícil o imposible reutilización, el Defensor del Pueblo propone –en este caso sí– “aplicar sistemas de ayuda”. Pero el informe incluso va más allá y, a pesar de constatar la reducción de recursos, aconseja “estudiar, para cuando sea presupuestariamente posible, la ampliación del actual ámbito de las políticas de gratuidad de los libros de texto, de manera que se extiendan a otros gastos que deben realizar las familias para la escolarización de sus hijos en etapas educativas obligatorias”.

Por último, el informe recomienda “coordinar y, en su caso, acordar actuaciones a efectos de los programas de préstamo y reutilización, así como los de ayudas directas a la adquisición de libros, con el sector de producción y distribución editorial”. Con ello se pretende “optimizar los recursos destinados a este fin y facilitar el desarrollo empresarial de este sector cultural”.

Hay que tener en cuenta que los libros de texto representan tan solo una tercera parte del total del desembolso que las familias efectúan para proporcionar a sus hijos todos los elementos precisos para su escolarización obligatoria, entre los que se incluyen otros materiales didácticos, libros de lectura obligatoria y otros. Por ello, el Defensor del Pueblo entiende que “la plena gratuidad de los libros de texto correspondientes a estudios obligatorios constituye tan solo una etapa en el camino hacia la consecución del objetivo de plena gratuidad de las enseñanzas obligatorias”.

Sobre los bancos de libros
En los últimos tiempos ha surgido un nuevo modelo de gratuidad que se suma a los dos fundamentales que había: la concesión de ayudas económicas a las familias, bien mediante ingreso en cuenta o mediante la entrega de un bonolibro o similar, que se ceden en propiedad a los alumnos; o el préstamo a éstos de libros que, adquiridos con fondos públicos, se les entregan para su uso temporal y son reutilizados en cursos sucesivos por otros alumnos. La nueva alternativa se basa en la creación de bancos de libros constituidos no por la adquisición pública de textos sino por donaciones de familias y aportaciones de editoriales y otras entidades con las que se constituye un fondo que sirve para el préstamo o intercambio entre las familias participantes.

Sobre este modelo, el Defensor del Pueblo establece ciertas reservas, “en la medida que su implantación –asegura el informe– no puede suponer una dejación de los deberes públicos respecto del objetivo de gratuidad de las enseñanzas obligatorias”. No obstante, el Defensor del Pueblo matiza que “fomentar la solidaridad a través de las donaciones que configuran estos bancos de material escolar es un objetivo loable, pero no debe sustituir a la responsabilidad pública en la materia, ni eliminar la inversión en libros y el fomento que ello conlleva para la industria editorial y la cultura, por no mencionar algunos problemas que pueden surgir en lo que se refiere a la defensa de los derechos de autor y a la propiedad intelectual”.