"Ninguna universidad recibe financiación pública suficiente para pagar nóminas"

Las seis universidades públicas de Madrid temen que los recortes que el Gobierno regional ha introducido en los presupuestos educativos para 2014 impidan pagar los salarios íntegros de profesores e investigadores, según denuncia el rector de Alcalá y presidente de la Cruma (Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid), Fernando Galván. Para el profesor Galván, que como presidente de la Cruma acaba de comparecer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para presentar la situación de los campus de la Comunidad, la decisión, y posterior rectificación, del Ministerio de Educación de limitar la ayuda adicional a las Becas Erasmus a los alumnos que el curso pasado recibieron una beca general “ha sido lamentable”.

¿A qué se debe la inquietud sobre el pago de las nóminas?
En primer lugar y, sin previo aviso, la Comunidad nos recorta unos 23 millones en la transferencia nominativa entre octubre y diciembre de este año, aunque no en la misma medida para todas las universidades. Además, el Proyecto de Presupuestos para 2014 incluye una rebaja de 43,4 millones más. Y esto es una mala noticia, porque ninguna de las universidades recibe, de hecho, financiación pública suficiente para afrontar el pago de sus nóminas, un fenómeno posiblemente inusitado en la Administración pública.

En esta época de crisis, ¿cómo ha sido la evolución financiera?
Las universidades de Madrid ya no podemos afrontar un envite económico más, como dijo el rector de la Politécnica en el acto de apertura de este curso. En solo cuatro ejercicios presupuestarios, la financiación pública a las universidades ha disminuido casi un 24%, algo verdaderamente inédito e incomprensible, incluso en el contexto nacional de crisis en que vivimos. Por el contrario, la contracción del presupuesto regional en su conjunto es del 11,7%.

Cuantifiquemos ese recorte.
Las universidades de Madrid hemos perdido unos 230 millones de euros y, como se ve, esto no para.

Pero había dos contratos programa que aseguraban la financiación…
Sí, uno de subvención nominativa, que acabó en 2012, y otro de inversiones que se ha incumplido desde 2008.

¿En qué medida?
Desde 2008 se comenzó a recortar en el programa de inversiones. Primero el 50% y, sucesivamente, otros porcentajes hasta dejar las subvenciones en cifras realmente ridículas y absolutamente insuficientes. Por ejemplo, la Universidad de Alcalá recibe 660.000 euros, lo mismo que la Carlos III y la Rey Juan Carlos, cifra imposible para afrontar el capítulo de inversiones que es muy amplio, e incluye, entre otras cosas, el mantenimiento de edificios históricos, como es el caso de Alcalá, o de otros que fueron construidos en los años 60-70 con materiales de baja calidad y se caen de viejos. Esto es muy arriesgado. Por otra parte, y dentro de ese mismo capítulo de inversiones, hay que renovar equipos informáticos, modernizar laboratorios o reparar desperfectos.

¿Tienen el mismo problema las universidades más grandes, Autónoma, Complutense y Politécnica?
El mismo absolutamente, porque aunque reciben algo más, como mucho dos millones de euros, dadas sus dimensiones y necesidades, tampoco pueden resolverlos.

¿Qué tiene que decir de la subida de tasas?
La subida del precio de las matrículas en la Comunidad es desproporcionada y supone un claro deterioro de la equidad social, así como un grave atentado contra el principio de igualdad de oportunidades.

¿Es cierto que las tasas universitarias de Madrid son las más altas de España?
Así es, y me explico. El análisis comparativo de los incrementos aplicados en todas las regiones depara el dato de que, si bien las universidades de Cataluña tienen matrículas más caras en los ámbitos de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud e ingenierías (pero no en Humanidades y Ciencias Sociales), en esa comunidad los alumnos pagan las tasas en función de la renta familiar, mientras que en la Comunidad de Madrid el aumento es universal, es tarifa plana, afecta a todos por igual, sin distinción alguna. Tomemos una titulación, Derecho, en la que todos los alumnos pagan 1.628 euros por un curso completo (en primera matrícula; pero mucho más si repiten alguna asignatura).

¿Qué supone esta circunstancia para los alumnos, para las universidades y para la sociedad en su conjunto?
Con ello, se está expulsando del sistema universitario, o disuadiendo de que ingresen en él, a un conjunto de jóvenes cuyo único demérito es pertenecer a una familia con escasos medios económicos. Además, los efectos trascienden a Madrid, ya que muchos estudiantes de clase media de otras regiones que tradicionalmente acudían a Madrid atraídos por el prestigio y la calidad de los estudios de nuestras universidades públicas no pueden hacerlo por motivos económicos. Por paradójico que parezca, optan por realizar sus estudios en otros países como Francia o Alemania. Y las universidades madrileñas estamos perdiendo un talento precioso que entendemos que el país necesita ahora más que nunca.

¿Tienen datos al respecto?
En efecto, el curso pasado el número de estudiantes españoles que cursaba estudios de máster en Francia se incrementó, por ejemplo, un 20%, que es curiosamente casi el mismo porcentaje de pérdida de alumnos de máster en las universidades madrileñas.

¿En qué medida ha influido la subida de tasas en el número de matriculados en los campus de Madrid?
Las universidades públicas de Madrid han perdido entre un 15 y un 20% de alumnos en los programas máster; y en los grados, por otro lado, los estudiantes han optado por matricularse en menos créditos, aunque esto suponga acabar la carrera más tarde.

Vayamos por partes. Hablemos de los másteres.
El aumento en las tasas de los másteres ha sido verdaderamente grave, y muy pocos hablan de ello. El aumento en las tasas de los másteres ha sido tremendo: en el curso 2011-12 el precio medio del crédito estaba en 29 euros, y hoy se ha disparado hasta los 65 euros, es decir, ha sufrido un incremento del 124%, lo que traducido a cifras supone que un máster de los más baratos, no habilitantes profesionalmente, valía en el curso 2011-12, entre 1.700 y 1.800 euros. Pues bien, en los últimos dos cursos esa cifra ha ascendido hasta 3.900 euros. En consecuencia, se ha producido un notable descenso en el número de matriculados.

De cara al futuro, ¿qué consecuencia tendrá esa caída de matrícula?
Es una sangría que hará que muchos de nuestros profesores e investigadores, cuya media de edad es muy alta, estarán jubilados dentro de pocos años y entonces no tendremos suficiente masa crítica de calidad para relevarlos, para continuar la excelente labor que vienen realizando. Ocurre que esos estudiantes que estamos perdiendo en máster no harán nunca el doctorado, o al menos no lo harán con nosotros, y es talento y recursos que perdemos no solo hoy, sino para el futuro.

¿Y en los estudios de Grado?
En este caso más que de bajada de matrícula se debe hablar de inscripción de los alumnos en menos créditos o asignaturas, aunque tarden más en acabar la carrera, porque el coste del crédito ha subido más de un 60% en dos años y las segundas y sucesivas matrículas son muy caras.

¿Ha influido el cambio al modelo de Bolonia en esta decisión?
Sí. El proceso de transición a Bolonia que aún estamos experimentando, con la desaparición de las antiguas licenciaturas de cinco años y su sustitución por grados de cuatro años implica lógicamente la matriculación de un menor número de créditos.

¿Cómo influye el que los alumnos prolonguen voluntariamente su tiempo de permanencia en la Universidad?
Provoca serios problemas económicos y docentes, al hacerse los grupos más grandes. Exige un mayor gasto en las prácticas, por ejemplo, y una gran distorsión para atender la docencia. Para unas asignaturas estamos bien y para otros no llegamos o nos quedamos cortos. En definitiva, se está provocando un problema en la gestión interna, en la formación de grupos, de horarios, lo que implica una mayor dificultad en la planificación docente y en los propios procesos de enseñanza-aprendizaje.

Usted es rector de la UAH y ha debido aplicar medidas para paliar los efectos de los recortes. ¿Ha habido despidos en su universidad?
Nos hemos visto obligados a no prorrogar algunos contratos de profesores, fundamentalmente asociados, pero en general hemos optado por cambiar las condiciones de los contratos en lugar de no renovarlos.

¿En qué sentido?
Hay que tener en cuenta que el asociado es un profesional que viene a la universidad entre tres y seis horas semanales para transmitir su experiencia a los alumnos. Nosotros les hacíamos contratos anuales pero ahora, como la ley y el convenio nos los permiten, hemos formalizado contratos por el periodo concreto que los asociados imparten docencia. En la mayoría de los casos, hemos acortado contratos.

¿Y han ahorrado con esta medida?
Sí. Este procedimiento nos ha permitido ahorrar casi dos millones de euros.

¿Con qué criterios han aplicado la reducción del horario?
Hemos repartido la carga. No podíamos reducir demasiado en Económicas o Arquitectura, o Medicina o Enfermería, donde el ejercicio profesional es esencial para impartir una enseñanza de calidad y donde, por consiguiente, hay muchos profesores asociados. En Humanidades, la limitación horaria ha sido más acusada, por ejemplo.

¿También hay otras decisiones que afectan a departamentos y facultades?
En efecto. Hemos modificado la estructura departamental y facultativa de acuerdo con la tendencia que se advierte en las universidades europeas que, además, nos ha permitido ahorrar un millón de euros.

¿En qué consiste esa modificación?
Hemos fusionado departamentos y facultades.

¿De qué forma?
Teníamos 43 departamentos y los hemos dejado en 23. En realidad, nuestra estructura departamental era poco funcional, pues unos departamentos eran muy grandes, con 50 o más profesores, y otros muy pequeños, con ocho o diez. Además, no hay que perder de vista que el Departamento tiene un director y un secretario, que son profesores, con sus complementos salariales, una auxiliar administrativo, etc. Todo ello, al final, genera importantes ahorros.

¿Y en el caso de las facultades?
Naturalmente. La situación nos ha llevado a ahorros en gastos de consumo como luz, teléfono, papel… El salario no podemos tocarlo, porque viene establecido en los Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios, y por convenio en el caso de los laborales pero, por ejemplo, estamos en un gasto de electricidad equivalente al de 1998. Hay que hacer filigranas para mantener una universidad en la que hay alrededor de 30.000 personas.

Supongo que los impagos y abandonos van creciendo.
Se ha incrementado ese fenómeno y hemos pedido soluciones, como todas las universidades. El curso pasado hubo unos 600 estudiantes que en mayo no habían pagado y, en consecuencia, al cierre de actas no se les podía calificar, era como si no se hubieran matriculado. Con todo, es muy difícil aquilatar porque siempre hay alumnos que dejan la carrera por diversos motivos, no siempre económicos. Pero, en cualquier caso, creamos una bolsa con 100.000 euros, para situaciones sobrevenidas, es decir para ayudar a aquellos alumnos que no pudieron pagar la matrícula por algún percance familiar y atendimos unos 50 casos.