Wert, frente al reto de implicar a los centros y CCAA en la reforma
“Necesitamos la colaboración de comunidades autónomas, de docentes, de directores y de toda la comunidad educativa para conseguir que sea un éxito”. Así se expresó la semana pasada la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, consciente de que si la reforma no cuenta con el apoyo de la oposición política, al menos logre la implicación de la comunidad educativa. La aprobación definitiva de la Lomce la semana pasada en el Congreso es “el principio de un largo recorrido”, según Gomendio, y ahora es el momento de empezar a poner en práctica todas las medidas contenidas en la ley.
“Tenemos que comenzar con mucho desarrollo reglamentario –reconoció la secretaria de Estado– que permita la implementación en el siguiente curso académico”. Después de ser firmada por el rey y publicarse en el BOE, la Lomce comenzará a implantarse el próximo curso para Primaria y Formación Profesional Básica.
En la ESO se aplicará en los cursos 2015-16 y 2016-17 para 1º y 3º y para 2º y 4º, respectivamente, y la primera evaluación final de ESO, necesaria para obtener el título, se realizará en el año 2017.
En Bachillerato, la reforma comienza para el primer curso en 2015-16, y para el segundo en 2016-17, y su primera evaluación final será también en 2017. La selectividad, que se suprime, se mantiene, no obstante, para los alumnos que quieran acceder a la universidad antes del curso 2017-18.
Desde las organizaciones educativas que hacen una valoración más constructiva de la reforma, FE-USO –aunque la rechaza– pide que, “a partir de ahora, se retome la vía del consenso para que su implantación provoque el menor impacto posible en las plantillas y en la organización de los centros, y sin que dificulte todavía más el trabajo docente”.
La patronal Escuelas Católicas cree que el texto final no alcanza “el grado de aceptación necesario para que su aplicación sea motivadora e ilusionante”. Por ello, pide al Gobierno “más coherencia en el desarrollo normativo de la ley y espera de todos los grupos sociales y políticos un espíritu dialogante a lo largo de dicho proceso”.
Para el sindicato ANPE, la principal pega es que la Lomce “se orienta hacia el cambio curricular y organizativo, dejando al margen la situación del profesorado”. Además, cree que “existe un grave desajuste en la distribución de competencias para la concreción del currículo”. Según ANPE, “las evaluaciones censales no pueden ser el principal elemento vertebrador del sistema educativo, sino que debe serlo el currículo académico básico”.
En el caso de las comunidades autónomas, además de la oposición radical de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias o Asturias, con sus recursos de inconstitucionalidad correspondientes, las comunidades del PP tampoco son absolutamente sumisas a la reforma. En este caso, el principal problema es de orden económico, ya que consideran que no está clara la financiación necesaria para aplicar la reforma. El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, ya ha anunciado que convocará a la comunidad educativa para analizar la aplicación de la ley en la comunidad. Mateos ha manifestado que el Ejecutivo autonómico realizará las “adaptaciones” que sean necesarias para aplicarla.
El consejero ha asegurado que para ello se necesitarán recursos económicos, porque son “esenciales”, y ha expresado que está seguro de que el Gobierno central los pondrá.