Escuelas Católicas denuncia la “grave situación” de los colegios privados concertados

“Esta misión requiere una formación adecuada de quienes llevan a cabo las tareas educativas y de gestión en los centros”, añaden en su declaración institucional.

Escuelas Católicas pretende “conseguir una escuela creativa y participativa, abierta a los interrogantes y retos que actualmente plantean los cambios socioeconómicos, culturales y tecnológicos; una escuela que desarrolla el talento emprendedor de sus alumnos como herramienta clave de mejora social; y que busca fielmente dar sentido evangélico desde el corazón de su comunidad educativa y eclesial”.

Por otro lado, esta institución denuncia la “grave situación económica por la que atraviesan los centros privados concertados, al sumarse la difícil situación de las familias a la crónica insuficiencia del módulo de conciertos”.

Por este motivo, Escuelas Católicas también quiso “reconocer y agradecer el esfuerzo solidario realizado por los centros y titulares de los centros para mantener sus puertas abiertas a todas las familias, de manera especial a las más afectadas por el paro, a los inmigrantes y a la población en riesgo de exclusión social”.

Escuelas Católicas considera “fundamental difundir una imagen apropiada ante la sociedad y los medios de comunicación, tanto de la propia institución como de los centros católicos”. Por ello, quiere “trabajar para que su labor diaria y el sentido evangélico del que ésta emana tengan un reflejo fiel y coherente, capaz de transmitir un mensaje de responsabilidad, compromiso y transparencia, serio y profesional”, señala otro de los puntos de su declaración final.

Por otra parte, y ante la convalidación del Real Decreto-Ley que establece la obligación de cotizar por las becas de enseñanza para hijos de trabajadores, manutención, seguros, y otras mejoras sociales, Escuelas Católicas junto a todo el sector de la enseñanza, insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a “mantener las exenciones vigentes hasta ahora por su carácter social, asociado a las especificidades propias del sector educativo, y por el impacto económico inasumible que supondrá para centros y trabajadores, tal y como ha pedido el propio Congreso de los Diputados”. “El futuro de numerosos centros depende de la correcta solución del problema”, añade esta declaración.