ANPE ve al Programa Bilingüe en "un punto crítico" y pide su evaluación
El sindicato de profesores ANPE cree que el Programa Bilingüe "ha llegado a un punto crítico y urge una evaluación de su estado" y de sus necesidades de financiación, y subraya que la mayoría de los 1.880 auxiliares de conversación anunciados por el Gobierno regional ya existían este curso. A este respecto, UGT considera que el Gobierno está dando a la sociedad madrileña "una información sesgada, confusa y en algunos casos errónea sobre el proyecto bilingüe", al presentar "como novedosas cuestiones que existen desde hace años", en un nuevo "acto de propaganda de Lucía Figar".
El perfil del auxiliar de conversación "no es el de un profesor", sino un nativo que esté terminando sus estudios o los haya completado recientemente, "no tiene competencia docente y no supone ninguna pérdida de puesto para los españoles", explican fuentes sindicales antes de detallar que cada centro bilingüe ya tenía este curso cuatro auxiliares de promedio, unos 1.680 en total.
De ahí que la principal "preocupación" de los sindicatos –CCOO, ANPE, CSIF y UGT– no sean estos auxiliares, sino la contratación de "profesores expertos nativos, unos 40 el curso pasado, al margen de la legalidad", y sobre la que Educación envió un borrador de decreto al Consejo Escolar que los sindicatos rechazaron por "discriminatorio" hacia los docentes españoles.
La secretaria de CCOO, Isabel Galvín, ha dicho sobre el incremento de 200 plazas de auxiliares que "vigilará que hagan realmente funciones de apoyo y que con estas plazas la Consejería no pretenda sustituir puestos vacantes". Advierte, además, que "si el anuncio de la Consejería escondiera la intención de contratar a la otra figura, de profesores expertos, por una vía paralela de acceso a los centros públicos, sin pedir los mismos requisitos que a los profesores españoles, CCOO lo va recurrir ante los tribunales".
Francisco Melcón, de ANPE, considera que el Programa Bilingüe "ha alcanzado un punto crítico, porque tiene que incrementarse geométricamente la financiación al no haber suficiente profesorado habilitado para dar clase", ha dicho este secretario "ante el anuncio hecho ayer a modo de titular sobre la excelencia" del programa. "Hay un cuello de botella en el proceso de habilitación", que solo pueden hacer los funcionarios, interinos, contratados en centros concertados o teniendo una promesa de contrato para el próximo curso; quienes tengan el nivel C (avanzado) del idioma se habilitan automáticamente y los demás mediante una prueba.
Pide que "se arbitre un sistema nacional de habilitación", que permita el acceso de profesores con alto nivel de idioma de otras regiones, de lo contrario habrá que hacer "una evaluación seria y rigurosa de las necesidades del programa bilingüe y reevaluar su ritmo de implantación". También pide que antes de incorporar a profesores expertos nativos, se haga "una convocatoria de listas extraordinarias o específica de interinos para cubrir las necesidades de puestos docentes en puestos bilingües", y reitera que ANPE rechazará contratos mediante mecanismos distintos a las oposiciones y listas de interinos.
UGT apunta que los profesores nativos que "desde hace dos cursos han sido contratados de forma ilegal", no hablaban español lo que les impedía participar activamente en las reuniones de Departamento y las Juntas de Evaluación, ni tampoco podían atender a las familias del alumnado ni actuar como tutores, "teniendo que asumir estas funciones otros profesores".
Para CSIF, es necesario "reforzar la formación al profesorado y que se permita a las Escuelas Oficiales de Idiomas impartir niveles C1 y C2 como prevé la Lomce", señala su presidente Antonio Martínez. "No se entiende que los profesores nativos no necesiten acreditar su conocimiento del castellano en ningún caso, cuando los profesores españoles que van a trabajar a EEUU o Canadá tienen que realizar entrevistas para demostrar su dominio del inglés", añade.
Los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial rechazan cualquier vía de contratación excepcional o extraordinaria que conculque los principios básicos de acceso a la función pública: mérito, capacidad y publicidad.