Pérez: "El Estado quiere modificar la Ley Canaria de Educación no Universitaria"

RedacciónMartes, 4 de noviembre de 2014
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El Estado pretende modificar la Ley Canaria de Educación no Universitaria "elaborada, de manera ejemplar" a partir del consenso alcanzado entre los sectores de la comunidad educativa del archipiélago y publicada en el BOC en agosto, ha advertido hoy el consejero regional de Educación, José Miguel Pérez. Así se desprende del proceso que ha iniciado la Administración estatal, a través de sus Ministerios de Hacienda y Educación, apuntando discrepancias en relación a 17 puntos recogidos en el documento y que podría acabar en un recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional de la norma autonómica, ha anunciado Pérez en un comunicado.

En concreto, los puntos de desacuerdo señalados por el Ministerio se refieren a los artículos 29.6 y 29.7, sobre educación infantil; 30.3 y 30.5.a de Educación Primaria; 31.3 de Educación Secundaria Obligatoria; 33.6, 33.13.a y b sobre Formación Profesional; 63.3 y 63.5 sobre el acceso y el ejercicio de la función pública docente; 64.3, de formación y promoción de la carrera docente; 68.1, 68.2, 68.3 y 68.4 de evaluaciones de diagnóstico y las disposiciones adicionales tercera, de estabilidad laboral del personal interino, y sexta, sobre el sistema retributivo.

"El Estado duda de que Canarias pueda ejercer su margen legal de competencia autonómica cuando esta comunidad intenta dar una respuesta educativa legítima adaptada a las características propias de estas Islas", ha dicho el también vicepresidente del Gobierno canario. "Actuamos respetando escrupulosamente la normativa básica del Estado y en ningún caso la contradecimos, pero allí donde entendemos que dicha normativa es mínima e insuficiente para atender las singularidades canarias, desarrollamos nuestra capacidad legal de actuación, como se hizo con la Ley aprobada por el Parlamento de Canarias", ha puntualizado.

Aspectos planteados en la Ley canaria como la regulación por parte del Gobierno autonómico de la participación del archipiélago en las evaluaciones de diagnósticos nacionales e internacionales, la convocatoria con carácter provisional de puestos de trabajo docentes laborales, las competencias autonómicas en la regulación del primer y segundo ciclo de educación infantil, el arbitrio por la comunidad de fórmulas para favorecer la estabilidad de interinos de más de 55 años y 5 años de servicio o el reconocimiento y retribución del profesorado en los términos que se definan en los órganos de negociación correspondientes, "que no contradicen en ningún caso la norma básica", no son, según Pérez, motivos para recurrir estos artículos. "Vamos a defender nuestras propuestas, que son las acordadas entre todos los sectores implicados en la educación de Canarias, aunque nos las recurran", ha avisado.

Pérez considera que los aspectos apuntados por el Gobierno central contra la ley canaria "son inconsistentes, por lo que esta actuación del Estado parece más una estrategia de revancha contra el Ejecutivo canario por haber recurrido en su momento la Lomce, una Ley hecha de espaldas a toda la sociedad". "El Gobierno de España debe considerar que la Lomce es la única norma posible en materia educativa y pretende ignorar el papel de las Comunidades Autónomas", ha manifestado José Miguel Pérez.

El consejero recordó que la Ley Canaria de Educación no Universitaria tiene como objetivos preservar la equidad del sistema educativo, incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas, actualizar la normativa sobre la materia actualmente vigente y asegurar un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio consenso social y sostenible desde el punto de vista financiero y eso siempre atendiendo a las especiales necesidades de la comunidad. El Gobierno de Canarias intentará en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias negociar para intentar resolver las discrepancias apuntadas por el Estado, ha asegurado.

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