La utilidad de la universidad para el empleo es de un 6 para los alumnos
La Fundación Europea Sociedad y Educación ha presentado dos estudios sobre las percepciones y expectativas que la población adulta española deposita en sus universidades y las opiniones de profesores, estudiantes y PAS. El primero de los informes presenta la visión de los españoles sobre la tarea universitaria, su impacto, su pertinencia y contribución social, y el grado de cumplimiento de sus objetivos: una opinión que resulta tamizada, en ocasiones, por el nivel de estudios de los entrevistados o el hecho de estar cursando o no una carrera universitaria.
Según uno de los responsables de los estudios, Víctor Pérez-Díaz, “con carácter general, los hallazgos sugieren una visión solo moderadamente positiva de las universidades españolas, que quizá pueda deberse a un posible contagio por el malestar general”.
Pérez-Díaz afirma, sin embargo, que “a los ojos de la ciudadanía, las universidades pueden (o deben) cambiar bastante, pues el potencial de mejora implícito en las evaluaciones del público es considerable”.
Nota relativamente baja
Como fin prioritario, los encuestados atribuyen a las universidades la formación de buenos profesionales, seguido del desarrollo de tareas de investigación e innovación.
La eficacia en el cumplimiento de estos objetivos es evaluada, por término medio, con una nota relativamente baja, del 5,5 sobre 10, que es muy parecida a la otorgada a la calidad de la enseñanza universitaria (6,1 sobre 10). La evaluación media de la utilidad de la formación universitaria para la inserción laboral se queda en un 6,3.
La satisfacción media con sus estudios universitarios, tanto de los titulados como de los estudiantes actuales, apenas supera el 6 sobre 10. Las variaciones en dicha satisfacción están asociadas al hecho de estar sobrecualificado o no.
Otro de los autores de los estudios, Juan Carlos Rodríguez, apuntó que “estudiantes, PDI y PAS parecen proclives a explorar cambios institucionales mayores, en la línea de una financiación más diversa, en la que cabe un mayor peso de la empresa privada, de una mayor autonomía universitaria, en general y en el manejo de sus recursos humanos, acompañada de una mayor rendición de cuentas ante el público en general, y no solo ante las autoridades administrativas, y de una apertura a una mayor profesionalización de la gestión en sus distintos niveles”.
Según Rodríguez, “todo ese potencial de cambio habría que encuadrarlo en el marco de un entendimiento de la oferta universitaria como algo diverso, que pueda atender a una demanda diversa, no solo de tipos de enseñanza, sino de combinaciones de enseñanza e investigación”. Sin embargo, esas disposiciones hacia una mayor apertura coinciden “con otras muestras de resistencia al cambio”, afirmó Rodríguez.
Satisfacción media
La satisfacción media con sus estudios universitarios, tanto de los titulados como de los estudiantes actuales, apenas supera el 6 sobre 10. Las variaciones en dicha satisfacción están asociadas al hecho de estar sobrecualificado o no.
Los encuestados han evaluado con un 6,2 sobre 10 la preparación de los profesores universitarios para dar clase, y con un 5,7 su vocación.
Con respecto a los criterios generales para la financiación pública de la enseñanza universitaria, la opción más elegida (36,3%) es la de la gratuidad universal, pero porcentajes sustantivos prefieren la gratuidad solo para quienes no tienen medios (29,3%) o los préstamos a bajo interés para quienes carecen de esos medios (27,5%).
La opinión del público no es claramente partidaria de que las universidades públicas disfruten de autonomía en varios asuntos fundamentales de la vida universitaria. Son más los que prefieren que su modo de gobierno sea el mismo que los que prefieren que cada universidad pueda elegir el suyo. También son algunos más los que creen que el estatuto y la tipología del profesorado deben ser los mismos en todas las universidades que los que creen que cada universidad puede decidir al respecto.
Tan solo en lo tocante al contenido de los programas de estudio son más los que creen en la autonomía universitaria que en la homogeneidad impuesta desde instancias administrativas.
Por otro lado, cerca de un 30% prefiere que se rinda cuentas ante instancias administrativas (gobierno central, comunidades autónomas), mientras que casi un 60% prefiere que se haga ante instancias sociales.