FPA: convertir la generación perdida en irrecuperable
El Ministerio está a punto, con su diseño de las evaluaciones referidas a la formación de adultos, de debilitar toda una red de centros educativos dirigida a un colectivo de personas que son las principales víctimas de las carencias del sistema educativo de las últimas décadas.
La Lomce pretende mejorar estas deficiencias y su objetivo máximo es, tal y como señala su preámbulo, reducir el abandono educativo en España. Según las estadísticas oficiales, de hecho, este indicador lleva ya unos años en descenso. Pero hay que recordar que hace un lustro estaba al 30% y aquellas personas que sufrieron esta lacra académica durante su escolarización, solo han desaparecido de la estadística, no de la realidad, y en gran medida ya no aparecen en los porcentajes porque son mayores de 25 años y, por tanto, ya no se recogen en un indicador que mide el nivel formativo entre los 18 y los 24.
A estas personas, el sistema educativo les debe una segunda oportunidad, porque por su rigidez fueron expulsados del sistema. Para ellos, la red de centros de personas adultas significa la oportunidad para reengancharse a su itinerario académico. Este colectivo no se beneficiará de una reforma educativa encaminada a mejorar la escuela actual porque ya no está en ella. De ahí, en parte, lo injusto de extender la concepción Lomce a un alumnado Logse empezando por el tejado, es decir, por la evaluación, que es la última fase de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.
La propuesta de evaluaciones del Ministerio mina el carácter reglado de estos centros y los convierte, de golpe, en poco más que academias para la preparación de unas pruebas externas centralizadas, lo que los aleja de los objetivos de la etapa recogidos en la LOE/Lomce de, entre otros, “ofrecer la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional” (artículo 1); “mejorar su calificación profesional” (artículo 3.b) o la que dice: “se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes” (artículo 4).
Hay que entender que, a diferencia de los institutos, en adultos la escolarización es voluntaria, por lo que retirar la oficialidad de su Educación al arrebatarles la concesión de títulos oficiales debilitará en enorme grado su matrícula y por tanto la propia red y el servicio que presta a un colectivo que merece especial atención. Contrasta con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del propio gobierno que prevé la mejora del nivel formativo de estas personas.
No solo esto. El borrador sobre evaluaciones prevé una introducción dual de éstas en la formación de adultos, de tal forma que plantea dos evaluaciones diferentes para un mismo objetivo: alcanzar los títulos de ESO y Bachillerato. Es decir, para las actuales pruebas libres, organizadas por las autonomías, el Ministerio introduce una evaluación global centralizada y por competencias. En estas pruebas libres se respeta la organización por ámbitos, en el caso de la ESO para adultos. En cambio, para aquellos que cursen la Educación Básica o el Bachillerato en un centro de formación reglada, para alcanzar los títulos tendrán que superar la evaluación “de acuerdo con las prescripciones recogidas en este real decreto para la ESO y para el Bachillerato respectivamente”. Es decir, la misma que las del instituto.
El diseño no es lógico. Así, la evaluación que sigue la misma organización que la FPA reglada será la prueba libre, pero los adultos que cursen la FPA tendrán una prueba diseñada para asignaturas de instituto y no de adultos. Incluso, en la ESO, a los adultos se les exige más que a los jóvenes, ya que solo la podrán hacer si aprueban sin ningún suspenso.
Ana Alcázar de Velasco es coordinadora de Secundaria del Centro de Adultos “INAV”