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¿Autonomía o centralización de las competencias educativas?

Próximas las elecciones generales en nuestro país, uno de los temas de los que escasamente se habla, salvo por alguna formación política, es de la distribución competencial en España de la gestión del sistema educativo público.
Jueves, 12 de noviembre de 2015
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Algunos opinan que la descentralización autonómica para la Educación ha sido inconveniente; generadora de mayores diferencias de las prestaciones, de la inversión y de la calidad educativa resultante. Incluso se llega a afirmar que algunos responsables educativos autonómicos han tomados decisiones imposibles en un país serio, rompiendo en algunos casos la unidad y equidad del sistema.

Otros en cambio consideran que esta descentralización ha servido para modernizar la instrucción pública incrementando en general los presupuestos e inversiones, aumentando la competitividad y transparencia. Con un importante avance de aproximación a la idiosincrasia de cada territorio, demostrando así mayor sensibilidad a las necesidades diferenciales.

Objetivamente sí podemos decir que la diferencia de resultados, según la OCDE, entre la mejor y la peor CCAA española es mayor que entre el mejor y el peor país europeo, con distancia de hasta 15 meses de instrucción entre los alumnos. Así como desigualdades de casi el doble de gasto por alumno entre la que más y la que menos; siendo también una realidad paradójica que el incremento inversor en Educación como país en los últimos 15 años ha sido de un 75% y eso ha sido primordialmente por los presupuestos de las Consejería de Educación.

La piedra angular puede que sea el papel del Ministerio de Educación, sus funciones y utilidad. A veces actúa como un órgano de coordinación, a veces de guía y referencia, a veces de imposición, a veces unificador, a veces de dispersión… Ser todo y ser nada puede estar muy cerca, el desempeño del Ministerio está claro sobre el papel, pero la realidad es muy diferente.

La gestión autonómica de la Educación ha establecido procesos muy dispares no solo en la logística para el acceso, sino que ha planteado diferencias en los contenidos, criterios de evaluación no semejantes, criterios de promoción desiguales y prestaciones sociales expresadas en becas y ayudas que se parecen en poco; quizás no deberíamos extrañarnos que los resultados difieran tanto.

La duda de la existencia o no de un sistema educativo español coherente y equitativo inevitablemente está en el aire.

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