Nuevo intento de pactos educativos desde los consejos escolares autonómicos

En la última comisión de participación autonómica del Consejo Escolar del Estado surgió el debate recurrente de iniciar un proceso de consenso educativo que partiera desde el seno de este órgano consultivo. Se trataba de tomar la iniciativa en el ansiado y recurrente anhelo de alcanzar un Pacto por la Educación en España.
Pablo RoviraMartes, 12 de enero de 2016
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Una aspiración reivindicada por entidades, partidos políticos y personalidades de muy diversas procedencias e ideologías y que, sin embargo, nunca ha sido posible. Tan solo Ángel Gabilondo, ministro de Educación entre 2009 y 2011, estuvo cerca de conseguirlo.

Esta idea expresada en el Consejo Escolar del Estado no ha llegado a cuajar, fundamentalmente, por el momento político que se vive sin un Gobierno definido. Entonces, cuando se debatió la iniciativa, en pleno proceso electoral, se optó por no iniciar un debate adelantándose a un cambio –o no– político.

Sin embargo, tras las elecciones autonómicas del pasado mayo, han sido los consejos escolares autonómicos los que han tomado la iniciativa “desde abajo” para construir este Pacto por la Educación. Las intenciones, al menos en este primer estadio, se quedan circunscritas a lo autonómico, sin aspiraciones nacionales. Pero sí que señalan una nueva tendencia: la construcción de pactos desde la representatividad del sector educativo que representan los consejos escolares. Sin ocultar, no hay que equivocarse, el ‘mandato’ político de cada una de las respectivas consejerías.

En los últimos meses, los consejos escolares de las comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria han iniciado los trabajos para la redacción de un documento que sirva como base para negociar un Pacto por la Educación para sus respectivos territorios. Estos procesos difieren entre sí, pero comparten la intención de que los términos iniciales del acuerdo partan del lugar donde están todos los agentes educativos representados.

Las cuatro iniciativas parten del ‘mandato’ de la Administración respectiva para que redacten un documento base para el acuerdo. A partir de ahí, comienzan las diferencias.

El caso de Madrid
Como comenta el presidente del Consejo Escolar de Madrid, Rafael Carbonell (ver entrevista en la página siguiente), “el acuerdo para la transformación educativa busca un espacio en común que nos permita dotar de estabilidad al sistema educativo”. De esta forma, el itinerario de esta iniciativa ha sido de ida y vuelta. Desde la Presidencia de la Comunidad y la Consejería de Educación se propuso la iniciativa y participación política y este encargo lo asumió el Consejo Escolar con la organización de jornadas y debates de expertos sobre cada uno de los aspectos a abordar. Siguiendo recomendaciones de la Unión Europea sobre las áreas específicas para el cambio educativo, el Consejo Escolar de esta Comunidad organizó debates sobre contenidos y currículum, evaluación, prácticas de aprendizaje, prácticas de enseñanza, organización, liderazgo y valores, interconectividad e infraestructuras.

Estos debates generaron un documento específico de trabajo que será la base para la negociación del acuerdo. Tal y como señala Carbonell, “al Consejo Escolar no le llega, como es común, una propuesta ya definida y elaborada sobre la que debe dictaminar; sino, todo lo contrario, nace del propio Consejo Escolar teniendo en consideración lo que dicen los que realmente saben de Educación”.

Comunidad Valenciana
“Este proceso para la transformación educativa de la Comunidad de Madrid pone el foco en el interior del aula, lo que supone introducir nuevas formas de enseñar”, apunta el presidente del Consejo Escolar de Madrid. Paradógicamente, lo contrario a lo que aspira el proceso iniciado en el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana. “Tiene una explicación. Todos los informes internacionales señalan que hay factores de éxito alejados del aula. El decálogo pretende tener un concepto más amplio del aprendizaje, no centrado en la Educación”, señala su presidenta, Encarna Cuenca. Esta autonomía también ha iniciado un debate para establecer un catálogo de medidas para mejorar el éxito escolar que aspira a ser la base de un consenso sectorial y político en torno a la Educación.

Según Cuenca, “hemos partido de un documento consensuado, que fue el plan de lucha contra el fracaso escolar que Las Cortes valencianas aprobaron de manera unánime al final de la pasada legislatura. Un tesoro. Con este documento, propusimos 10 líneas prioritarias de actuaciones en las que incorporamos todos los elementos que contenía el pacto político más las sugerencias de los sectores representados en el Consejo Escolar. En estos momentos, proponemos acciones muy concretas para conseguir desarrollar cada uno de los puntos del decálogo”.

Efectivamente, durante la pasada legislatura, una comisión parlamentaria trabajó específicamente en las medidas para mejorar el éxito escolar y la empleabilidad de los jóvenes valencianos. De esta comisión salió un acuerdo unánime, firmado por todos los partidos representados en la asamblea autonómica, con medidas muy centradas en la mejora organizativa y metodológica escolar. Sin embargo, que ningún ponente de dicho acuerdo (de ningún partido) repitiera en la actual legislatura –y el cambio de Gobierno– dejaron ese acuerdo político, en un primer momento, arrinconado. No obstante, ahora ha servido de base para el trabajo que acaba de iniciar el Consejo Escolar valenciano.
“Una vez lo tengamos acabado, lo enviaremos a los diputados y lo elevaremos a la Administración”, señaló Encarna Cuenca.

El pacto de Aragón
Un mandato político más directo es el que existe en las iniciativas comenzadas en Aragón y Cantabria. El presidente del gobierno aragonés, Javier Lambán, anunció esta idea en el inicio del actual curso escolar. El encargo de que el Consejo Escolar de Aragón trabajara en un documento que sirviera de base para consensuar una Ley de Educación aragonesa. Para ello, el propio ejecutivo presentó un documento de bases al Consejo Escolar. Así, el Consejo Escolar autonómico presentó en noviembre a la Consejería los cuatro grupos de trabajo que desarrollarán esta labor de construcción de un documento. Estos grupos serán los que elaborarán los textos fundamentados en los cuatro principios esquematizados por la Consejería como son la equidad, la calidad, la participación y la planificación del sistema educativo. Se espera el primer borrador para el mes de marzo. Además, este plan establecerá una dotación mínima presupuestaria para la Educación, expresada en porcentaje sobre el PIB, e independiente de la coyuntura económica, así como exigirá al Gobierno nacional su participación en proyectos de cooperación.

El acuerdo de Cantabria
En el caso cántabro, también la iniciativa partió desde la Consejería de Educación. En la primera sesión plenaria del Consejo Escolar de esta Comunidad esta legislatura, el consejero Ramón Ruiz solicitó al Consejo Escolar la redacción de “un documento inicial que sirviera para el debate de un posible Acuerdo por la Educación de Cantabria”. Para ello, el consejero también entregó un documento base a los miembros del Consejo Escolar en el que se recogen las prioridades políticas de la Consejería para la actual legislatura.

De esta iniciativa ya ha surgido el primer ámbito de consenso, que no es otro que la jornada organizada recientemente por el Consejo Escolar en torno a los bancos de libros de texto y las recomendaciones sobre esta cuestión hechas desde este órgano consultivo a la Consejería.

En definitiva, un enfoque autonómico y representativo que todavía no se plantea dar el paso a un nivel estatal de debate y negociación para llegar a un pacto nacional.

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