¿Es posible un modelo educativo para toda España?

Podrían haberse utilizado otros títulos: “El sistema educativo español”; “Los sistemas educativos de las CCAA”; “La Educación en España”; ·La equidad del sistema educativo español”.

Cada uno de los posibles títulos hubiera condicionado una actitud diferente para afrontar su redacción. Cada uno de los posibles títulos significarían diferentes realidades actuales de la Educación en España, y seguramente la subjetividad de cada cual nos haría decantarnos ahora por uno u otro.

En la actualidad, cada comunidad autónoma, en el desarrollo de sus competencias de Educación, por acción u omisión, ya hacen, no solo, lo que pueden y es posible sino también aquello que les aleja del modelo de otras o de la media nacional, sucediendo esto cada vez más y de forma más irreversible.

Todo ello puede poner en duda la existencia de un sistema educativo español como tal. Analicemos la situación desde una perspectiva constructiva.

Los precedentes históricos del sistema educativo español fueron poco halagüeños. En 1960 la población agraria todavía suponía el 40%; siendo la población analfabeta un 10 por ciento y solo dos tercios de la población de 13 años estaba escolarizada; menos alentador era que todavía en 1974 solo el 43% de los chicos de 16 años estuvieran escolarizados, con lo que ello todavía condiciona el presente.

Por lo tanto es necesario valorar en su justa medida el avance hasta la realidad actual de ese 100% de la población de 6 a 16 años escolarizada. El incremento inversor en Educación como país en los últimos 20 años ha sido de más de un 70% incluidos los años de la crisis, aunque es preciso señalar que en los últimos años la evolución del gasto público ha sido muy negativa para algunas regiones, siendo no tanto para otras, y lo que ello afecta negativamente a la necesaria equidad.

En resumen, estos significativos indicadores deben ser tomados como grandes avances históricos, como también lo ha sido la reducción, entre los años 2000 y 2014, en 20 puntos porcentuales de la población que entre 25 y 64 años su máximo nivel era la ESO o similar, situándose recientemente en un 43%, aunque todavía lejos de la media de la OCDE de un 22%.

A pesar de estos avances reconocibles de carácter general, se ha ido produciendo una descompensación territorial de otros indicadores básicos que son preocupantes.

El sistema educativo español actual se encuentra totalmente descentralizado administrativamente, con amplias competencias de las comunidades autónomas para el establecimiento de modelos organizativos propios, con peculiaridades muy diferenciadas. Por ejemplo, en la red de oferta de plazas escolares financiadas con fondos públicos entre lo público y lo privado-concertado, nos situamos desde un 82,3%-17,7% respectivamente a un 58,2%-41,8%, entre las comunidades autónomas más polarizadas. Resaltar también que en términos casi generales, con una casi nula incentivación para la creación de nuevos centros educativos de iniciativa social; siendo el engrosamiento o disminución de líneas escolares de los colegios privados concertados ya existentes la práctica más habitual, frente al importante fomento de la construcción de centros públicos por sustitución o en zonas de nueva creación.

Con paradojas añadidas como una diferencia de gasto por alumno entre comunidades autónomas que llega prácticamente a doblarse entre los 5.000 a 10.000 euros aproximadamente, generadora de diferencias entre españoles que no dan cobertura a esa concepción equitativa que debe poseer un sistema educativo moderno y democrático.

¿Cómo debe ser un sistema educativo financiado con fondos públicos en un país que cree que todos los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades en cuanto a su formación y, por tanto, de su capacidad de desarrollo individual en libertad?

¿Qué características deben adornarle para evitar decisiones arbitrarias que beneficien a algunos para perjudicar a otros? Por tanto, ¿en dónde deberían estar los límites para evitar desviaciones que descompensen a los alumnos en sus expectativas de éxito escolar?

Todo sistema educativo público tiene una serie de elementos básicos que lo estructura y unifica dándole esa consideración de “sistema”. Así, la conformación del currículo académico ha ido transcurriendo desde las transferencias en una senda de reparto de responsabilidades entre la administración del Estado y las comunidades autónomas que han conseguido un equilibrio casi imposible para el logro de un diseño del conocimiento general estándar que deben tener todos los alumnos españoles.

En el porcentaje de diseño curricular específico correspondientes a las CCAA puede que haya pesado más la necesidad subjetiva e innecesaria de demostración del peso del poder político autonómico a ejercer que las necesidades objetivas del conocimiento requerido. Así, se han provocado diferencias de cargas lectivas en materias troncales instrumentales, como las Matemáticas y la Lengua española, de más del 30% de variación según casos entre las comunidades autónomas. Y en aras de la realidad geopolítica actual, pocas esperanzas hay de no seguir avanzando en esa línea.

Las configuraciones del calendario escolar no han sufrido variaciones territoriales muy sustanciales, inicialmente gracias a la implantación básica desde hace unos años del número de días lectivos mínimos en España; eso suponiendo que la diferencia de entre 175 días lectivos a 180, que por ejemplo en Primaria tienen algunas comunidades autónomas entre sí, no sea considerada significativa. Sí que es remarcable la aplicación del concepto de la jornada continua en Educación Primaria totalmente implantada en algunas CCAA y erradicada totalmente en otras, lo que sí lleva a una muy sustancial diferencia de las condiciones laborales de los maestros y del contexto en que reciben instrucción académica los alumnos.

Los criterios de promoción y titulación han sufrido variaciones legales recientes que intentaban evitar la falta de criterio uniforme para la obtención del título básico académico de la ESO. Sucediendo que algunas CCAA con hasta 14 suspensos acumulados se otorgaba y en otros no se permitía con más de cuatro; pero en estos momentos coyunturales ya no se sabe si esa unificación de requisitos tan necesaria a nivel estatal va a llegar a producirse de forma efectiva.

Criterios variados que con otras variables de acción para la mejora de obtención de resultados supone que en la actualidad existe una diferencia autonómica de hasta más de 20 puntos en la obtención de la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. El ejemplo de la reacción negativa de un importante número de CCAA a las pruebas de “estándar de aprendizaje”, para garantía de umbral de mínimos, tampoco ofrece esperanza de que este eje básico ayude a la existencia de un sistema unificado.

El acceso a los servicios complementarios y a las ayudas de carácter social también presentan variaciones sustanciales, y así con determinada renta en una zona de España el comedor escolar puede ser gratuito para ese alumno que con las mismas características en otros lugares deberá pagar cuota completa o bonificada; lo mismo en las ayudas a los libros de texto y material escolar, o en el acceso o no a tramos complementarios a las becas del Estado. Por tanto, tampoco encontramos en este eje una línea posible y real de convergencia.

Los rendimientos comparados de gasto público y resultados distribuidos por cuadrantes de alto/bajo gasto y alto/bajo rendimiento nos ofrecen ejemplos de comunidades autónomas en todos y cada uno de las cuatro posibles opciones. Tres CCAA en bajo rendimiento y alto gasto, seis en alto rendimiento y alto gasto, dos en bajo rendimiento y bajo gasto y finalmente tres en alto rendimiento y bajo gasto. Más diversidad y dificultad para acceder a la equidad general no es posible.

Además hay profundas diferencias entre comunidades en otros aspectos, desde los que defienden la máxima autonomía para los centros a los que no quieren ni planteársela; de los que quieren que en los procesos de admisión existan zonas únicas de máxima libertad de elección de centros para los padres, a aquellos que defienden las zonificaciones atomizadas que prácticamente determinan que sea la administración la que elige escuela para cada alumno. Y mientras que unos opinan que los directores deben ser elegidos casi de forma asamblearia, otros entienden que se debe producir un nombramiento directo de la Administración sin intervención de nadie más… ¿Por tanto, qué esperanza nos queda en la pretensión de un sistema educativo español?

La aplicación de diferentes políticas claves están produciendo efectos de polarización de resultados finales que separan a las comunidades autónomas en más de un curso académico de instrucción acumulada en los alumnos de 15 años. Es verdad que los contextos socioeconómicos condicionan los resultados académicos, pero tenemos aquí la paradoja de que en una nación el gasto por alumno no tenga precisamente esa compensación a las rentas bajas. Así, en las CCAA de alta renta la inversión en Educación es mayor que en las que menos renta presentan, provocando un efecto de reforzamiento y agravamiento de las situaciones discriminatorias existentes.

El debate sobre cómo deben ser los sistemas educativos del futuro lleva a un enfrentamiento de gran polémica y he aquí en dónde se encuentra el foco del disenso, siendo harto difícil el acuerdo sobre temas clave como la autonomía de los centros, la libertad de creación de centros, la libertad de elección o el desempeño de la función directiva entre otros.

Parece que sobre estos aspectos anteriores hay una verdadera dificultad insalvable, lamentablemente, para llegar a acuerdos; sin embargo hay aspectos que en principio podrían no ser considerados como nucleares y deberían acordarse con generosidad de todas las partes implicadas para beneficio de todos.

Las propuestas que se describen a continuación aportarían una mejora de la cohesión territorial y una mayor garantía a la justicia distributiva de la riqueza nacional a efectos del sistema educativo financiado con fondos públicos:

1. Sistema nacional de datos educativos: modelo consensuado de estructura de datos estandarizados; público, transparente, actualizado, de acceso libre y universal que refleje las distintas realidades de los territorios de España; que ayude a la toma de decisiones autonómicas y nacionales por las autoridades competentes en la búsqueda de la convergencia nacional de resultados, así como para el conocimiento de la sociedad en general.

2. Modelo nacional del gasto equitativo en Educación: establecimiento de una horquilla de referencia del coste básico unitario de puesto educativo, y determinación de aquellas variables intervinientes de sobrecoste a aplicar para su financiación compensatoria según contexto diferencial por territorio o por circunstancias grupales especiales.

3. Sistema nacional de protección social educativa: establecimiento de modelo unificado de tipología de ayudas al estudio y becas que complementariamente y añadidas a las del Estado otorgan las CCAA, así como de sus umbrales de acceso y cantidades referenciadas. Así mismo con la tipología de servicios complementarios esenciales y de otro tipo, estableciendo referenciales unificados de las bonificaciones o exenciones.

4. Plan nacional de mejora de resultados escolares con Evaluaciones diagnósticas de mitad de cada etapa escolar y acciones correspondientes de reforzamiento académico: establecimiento de umbrales mínimos referenciales de fracaso escolar por etapa y centro, a los efectos de la obligación autonómica de disponer de un conjunto de acciones que promueva la elevación de los niveles de conocimiento de las promociones correspondientes de alumnado.

El papel de la Conferencia Sectorial de Educación, del Ministerio de Educación y de las consejerías de Educación iría ajustándose en un entrelazamiento coherente que sin vulnerar el modelo actual de Estado establecido, podría contener e ir moderando las desviaciones que están produciendo la dificultad de reconocer un sistema educativo público nacional.

La propuesta a su vez ofrecería la oportunidad de seguir buscando las soluciones singulares necesarias, pero en armonía territorial general, que respondan a la idiosincrasia de las diferentes características de los territorios de España.