Las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato son competencia del Estado
Es una de las conclusiones del dictamen emitido por el máximo órgano consultivo en materia educativa, reunido en comisión permanente el 12 de mayo, sobre el proyecto de real decreto que regula tales evaluaciones finales, que comenzarán a aplicarse el curso próximo.
En el informe sobre el proyecto, el Consejo Escolar cree que permitir a las comunidades fijar las preguntas y el calendario es “contrario” al artículo 29.4 de la Lomce, que dice: “El Ministerio de Educación establecerá para todo el sistema educativo español los criterios de evaluación y las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria”. Por ello, habla de la “improcedencia” de que se otorgue a las comunidades competencias del Estado en esta cuestión.
Igualmente, el Consejo considera que se debería unificar no solo el periodo de la convocatoria ordinaria de las evaluaciones, sino también de la extraordinaria, en especial en el caso del Bachillerato.
“El hecho de que en ciertas comunidades se pudiera realizar la convocatoria extraordinaria en junio otorgaría cierta ventaja comparativa al alumnado de dichas comunidades frente al de otras” que lo hicieran en septiembre a la hora de efectuar la elección de estudios superiores y la matriculación, señala el dictamen.
Lengua cooficial
Sobre el proyecto de orden ministerial de las características, diseño y contenido de las pruebas, el Consejo Escolar sugiere que se clarifique por qué se habilita a las comunidades con lengua cooficial un día más para las pruebas (de cuatro a cinco) para esta asignatura. También pide que el texto definitivo que apruebe el Ministerio precise que el alumnado podrá solicitar siempre que lo desee la revisión de las pruebas.
En relación con esto, varios sindicatos y asociaciones de docentes y padres pidieron el pasado 18 de mayo la paralización de los decretos de la Lomce que deben desarrollar estas evaluaciones finales hasta la constitución de un nuevo gobierno. Las Federaciones de la Enseñanza de CCOO, UGT, STES y la Ceapa señalaron que “los gobiernos en funciones no pueden actuar salvo en caso de que concurran las condiciones de interés general y urgencia” y, en su opinión, “no ocurre con este asunto educativo”.
En un comunicado, recuerdan que presentaron un voto particular conjunto contra los textos sobre las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato durante la reunión del Consejo Escolar del Estado celebrada la semana pasada. En dicho voto exigieron la retirada del proyecto de decreto y de la orden ministerial que desarrolla estas evaluaciones porque el Congreso tomó en consideración, el pasado 5 de abril, una proposición de ley para paralizar el calendario de implantación de la Lomce.
“Esta situación política y jurídica deslegitima al Gobierno en funciones para seguir desarrollando la Lomce, sobre todo en referencia a las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, que han sido los elementos más rechazados de la norma”, argumentan.
Esta decisión también afecta al alumnado sujeto a estas pruebas externas ya que no habrá cursado los mismos programas debido a que “el Gobierno ha sido incapaz de hacer aplicar (entre las comunidades autónomas) la norma de forma homogénea, tanto por la falta de consenso como por su mala factura técnica”, afirman.
Estas organizaciones también presentaron votos particulares para pedir la retirada del real decreto sobre becas para el curso próximo y otro que modifica el acceso y la admisión a la FP porque creen que “generan desigualdad y lesionan el derecho a la Educación”.
Por otro lado, más de 160 centros públicos del País Vasco y de la Federación de Ikastolas se plantaron la semana pasada ante la prueba de 3º de Primaria y reclamaron un sistema de educativo y de evaluación propio. El Departamento de Educación dejó en manos de los colegios el desarrollo de esta prueba, que también aparece en Heziberri –el plan del Ejecutivo para mejorar la calidad de la enseñanza–, que el curso pasado no pudo realizarse por el plante de las familias.