“Se trata de hacer de la prueba final de Bachillerato lo más parecido a la PAU”

“Hay que asumir cada vez con más fuerza la tercera dimensión de la universidad, que es la transferencia de resultados. Y eso se llama parques tecnológicos, spin off, o empresas tecnológicas”, afirma Segundo Píriz, presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universidad de Extremadura. Para el profesor Píriz, es preciso “potenciar la relación entre la universidad y la empresa y tomar medidas fiscales para que cada vez haya en las empresas más doctores formados en la universidad”, ya que “el conocimiento debe ser motor de progreso de las empresas, debe hacerlas competitivas”.

¿La CRUE acaba de presentar la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento, según la cual el gasto de las universidades españolas en I+D+i en 2014 cayó 438 millones de euros hasta situarse en 3.187 millones, una cifra inferior también a la de 2012 (3.381 millones) y a la de 2011 (3.224 millones). A la vista de las cifras, parece que la I+TC se ha estancado. ¿Qué hacer ante esta situación?
nRespuesta. Si bien es cierto que el gasto en I+D+i de las universidades españolas ha caído en la cifra que menciona, hay que destacar que el total del gasto en I+D+i representa el 35% del gasto total de las universidades, porcentaje que se mantiene respecto al año anterior. Esto demuestra que las universidades sí que apuestan por la investigación y que, pese a los notables recortes presupuestarios sufridos, han hecho importantes esfuerzos para que la partida en investigación se resienta lo menos posible. Creemos que la investigación tiene que estar en el centro del necesario cambio del modelo productivo, hacia uno más innovador y competitivo, basado en el conocimiento. En este punto las universidades tenemos un papel fundamental que desempeñar. Por todo ello, desde la CRUE hemos solicitado a los partidos políticos un Pacto de Estado por la Educación, pero también por la investigación.

¿Ustedes qué piensan?
Queremos que salga adelante. No queremos vaivenes políticos cada vez que cambia el Gobierno. Necesitamos imperiosamente estabilidad.

Junto a la investigación, ¿qué objetivos se ha marcado en su mandato?
Como expusimos en nuestro programa electoral, trabajamos por una mayor autonomía para las universidades, partiendo de la base de que todos tenemos que cumplir con las leyes pero reclamando una mayor capacidad en la toma de decisiones, porque las 76 universidades que formamos la CRUE somos muy distintas. Hay universidades públicas, privadas, otras son únicas en una comunidad, otras varias incluso en una misma ciudad, pero todas necesitamos de una mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Siempre guiadas por la transparencia y la necesaria rendición de cuentas, podemos actuar más rápido.

Recientemente, la CRUE ha desvelado la deficiente internacionalización de nuestra universidad. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Hacemos también una apuesta clara por una mayor internacionalización. En nuestro documento se demostraba que el porcentaje de estudiantes extranjeros en las universidades españolas era solo del 2,8%. Otros sistemas, como el italiano, el portugués o el griego nos doblan, lo que resulta paradójico si tenemos en cuenta que España es el primer país emisor y receptor del programa Erasmus, ya que entran casi 40.000 estudiantes al año y salen otros tantos españoles a universidades europeas. Y siendo un país tan atractivo para los estudiantes extranjeros (el 86% de los Erasmus no quiere irse de España) por su calidad de vida y por el buen sistema universitario, sorprende es escaso índice de estudiantes matriculados en nuestros campus.

¿Cómo cambiar la tendencia?
Hay que avanzar de acuerdo con las embajadas, como hace Francia, para que las universidades formen parte de la marca España y vengan estudiantes.

Hablemos de financiación. ¿Por qué no llega la ansiada ley?
Hay buena voluntad pero no cristaliza. Mientras, las universidades están sufriendo la crisis y, en todo caso, sus financiaciones son muy ajustadas, lo que obliga a aplicar importantes recortes.

Las universidades afrontan en estos días, con el curso prácticamente acabado, la reforma de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y la implantación de carreras de Grado de tres años…
Son dos causas sobrevenidas. En el caso de las PAU, desde la CRUE nos pusimos al servicio del Ministerio de Educación y encontramos buena disposición.

¿Cómo discurrió la negociación?
Pedimos una moratoria para que en 2017, año en que debía entrar en vigor la ya popularizada como “reválida” del Bachillerato, los exámenes fueran los mismos que este año. Pero esto fue imposible debido a que un Gobierno en funciones no puede modificar una ley orgánica, y las PAU forman parte de una normativa de esta naturaleza. Como contrapartida, el ministro nos propuso formar una comisión mixta para hacer de las nuevas pruebas lo más parecido a las actuales.

¿Qué ha sucedido?
El borrador recoge nuestras propuestas y, pese a que en la vida es muy difícil un acuerdo total, creo que la mayoría de las universidades y de las comunidades autónomas no se sentirán incómodas. Es el mejor sistema de los posibles, el menos malo.

¿En qué consiste?
Hacer casi lo mismo que se venía haciendo con una coordinación con el Ministerio. Cada autonomía podrá poner sus preguntas y se tendrá en cuenta la nota de cada universidad en todo el territorio nacional. De este modo, no se romperá el distrito único. En definitiva, se trata de hacer de la prueba final del Bachillerato lo más parecido posible a las actuales PAU.

¿Y de la selección de los alumnos por la correspondiente universidad?
Con la ley en la mano, cada universidad puede hacer lo que quiera. Yo voy a acatar lo que diga la mayoría. Pero si se hace la prueba específica, el alumno tendrá una nota que no le vale en el resto de los campus porque es un examen distinto al de la mayoría.

Abordemos el segundo problema, los grados de tres años.
Es muy complicado. La mayor parte de los rectores no entendemos que un mismo Grado en un mismo país, incluso en una misma ciudad, acredite a un mismo estudiante para que sea abogado, físico o químico estudiando indistintamente tres o cuatro años. Puede haber grados de tres y de cuatro años, pero deberán tener distinta denominación y acreditar para distintas competencias. No nos parece lógico que tres años sean exactamente igual a cuatro porque si es así estamos engañando al de tres, al de cuatro, o a los dos a la vez.

Pero la confusión no es buena para nadie…
Claro. No entendemos nada, no puede ser. Vamos a ponernos de acuerdo. Desde las universidades estamos pidiendo autonomía, no anarquía. Creo que desde el Ministerio se debe coordinar porque los rectores no nos negamos a que haya grados de tres o cuatro pero necesitamos más coordinación para no ir dando bandazos.

¿Tan urgente es cambiar la duración de los grados?
El sistema surgido del Plan Bolonia es muy joven y no se ha evaluado suficientemente, ya que los grados están en pleno proceso de verificación o acreditación. Por otra parte, con el nuevo modelo, la tasa de rendimiento académico ha subido diez puntos con relación al modelo anterior, y eso significa que, tal vez, no haya que cambiar. En todo caso, vamos a analizar los pros y los contras y a pelear porque el precio de los másteres sea similar al del que tienen los grados.

Pero eso supone una mayor financiación…
Así es, porque lo que dejas de recaudar por tasas o te lo compensan o tienes que bajar la calidad de la docencia. Es todo muy complejo. De ahí que reclamemos un Pacto de Estado.

¿Cómo han reaccionado las universidades ante la complejidad del proceso?
Las universidades hecho un ejercicio de responsabilidad. Aquella Asamblea de la CRUE en la que acordamos retrasar hasta el curso 2017-18 la implantación de nuevos grados salió bien y los argumentos fueron muchos. Es difícil explicar a la sociedad que estudiando tres años tendrán la misma formación que con cuatro.

¿Qué horizonte vislumbra?
Tras ese aplazamiento al que me acabo de referir, será difícil una nueva prórroga. El Gobierno que salga de las urnas tendrá que tomar medidas. Lo más acertado sería dictar algunas normas; necesitamos un Gobierno que corrija esta cuestión.

Los precios públicos de los estudios universitarios son siempre motivo de polémica. ¿Cuál es la situación en España?
Es también una cuestión polémica. Las tasas suponen el 20% del coste de un puesto, y España es el cuarto país con las tasas más altas, solo por debajo de las islas británicas y de Italia. En Alemania son prácticamente gratuitas y los alumnos apenas pagan 60 euros por gastos administrativos.

¿Qué hacer en España?
La solución es difícil. Lo que no se entiende es que dependiendo de la comunidad, el precio público sea 2,5 o tres veces más caras. Por ejemplo, en Madrid y Cataluña el precio público duplica o triplica el del resto de las comunidades. Necesitamos una armonización porque, debido a la crisis, el Gobierno fijó una horquilla de precios muy amplia y las administraciones regionales no tuvieron más remedio que optar por la parte más alta. Necesitaban recursos y los recortes rebajaron mucho la disponibilidad.

En su opinión, ¿cuál es el modelo ideal?
El ideal sería la gratuidad al menos en la primera matrícula, aunque esto hoy por hoy no lo asumiría ninguna comunidad porque habría que incrementar la financiación entre un 20 y un 25%. La universidad es un servicio universal, rentable para las personas y para la sociedad, que debe estar abierto al mayor número de ciudadanos pero que hay que regular.

¿Cree que debe estar vinculado el rendimiento a la gratuidad?
Sí. Cuando un alumno no rinda, las segundas y sucesivas matrículas no pueden ser gratuitas. Pero, al menos hay que dar a todos la oportunidad de estudiar, con la premisa de que los alumnos deben rendir al máximo, y dejar claro que la sociedad paga el esfuerzo. En cualquier caso, los precios públicos deben ser bajos.

¿Y las becas?
La realidad de las becas es que aunque se ha invertido más –según el Ministerio, este curso ha habido 644.000 becarios y una inversión superior a los 1.470 millones de euros–, lo cierto es que esto supone solo el, 0,11% del PIB, mientras la media de los países de nuestro entorno es del 0,31%, lo que supone la tercera parte de la inversión de la OCDE en ayudas.