Disparidad de precios universitarios, un tema sin resolver
Como viene sucediendo desde hace largo tiempo, un nuevo informe alerta de la disparidad de precios públicos de una misma carrera universitaria según de qué comunidad autónoma se trate. Tras el exhaustivo y vigente Datos y Cifras de la Universidad Española, que elabora Crue Universiades Españolas, acaba de hacerse público el estudio del Observatori del Sistema Universitari (OSU). Con datos de este mismo curso, analiza y compara el precio de las tasas de grados y másteres de las universidades españolas y advierte de la disparidad de precios de una misma carrera dependiendo de la región en la que se cursen. Además pone de relieve la gran variedad de precios que existe y concluye que esa disparidad en las tasas académicas ni está justificada ni se basa en criterios claros.
La denuncia no es nueva y se repite de forma recurrente, sobre todo cuando el curso avanza y se llega el tiempo de fijar los precios para el que vendrá. Los datos de los informes, unos más exhaustivos que otros, no dejan lugar a la duda: España se encuentra entre los países europeos con las tasas universitarias públicas más altas –solo superada notablemente por Reino Unido e Irlanda, a menor distancia de Holanda y casi al mismo nivel que Italia– y con un porcentaje de becarios de los más bajos de nuestro entorno, el 27%. Y las ayudas de distinta naturaleza también se alejan de las vigentes en el conjunto de la UE o la OCDE. Así la igualdad de oportunidades ante la universidad es casi utópica. Y esto se ha agudizado debido a la profunda y ya larga crisis económica que ha sumido a las familias en la precariedad y hasta en la pobreza. En este contexto de crisis, el ajuste fiscal en las comunidades autónomas y la aplicación del polémico decreto del 20 de abril de 2012, hicieron y siguen haciendo más profunda la sima de la diferencia de precios entre autonomías.
Como ejemplo de disparidad, el informe del OSU compara los precios de los estudios de Humanidades –los más baratos debido a la baja experimentalidad que se les aplica– y refiere que entre Cataluña y Galicia se advierte una diferencia de casi 1.000 euros. En la primera, su coste es de 1.516 euros por curso, mientras que en la segunda se queda en 591 euros. Una diferencia abismal es la que encierran las tasas de Medicina que en Andalucía tienen un precio de 757 euros y en Cataluña se disparan hasta los 2.371 euros.
Los informes revelan, más bien ratifican, que Cataluña, Madrid –pese a que este curso bajó las tasas ligeramente– y Castilla y León tienen los precios más elevados, en tanto que Galicia, Extremadura y Andalucía están en la parte baja de la horquilla. Además, hay que tener en cuenta que algunas comunidades como Andalucía tienen un precio único para todas las carreras y Cataluña, al igual que otras administraciones autonómicas, aplica cinco tramos distintos. Esta comunidad optó en 2012 por los precios más altos pero promovió y aplicó las Beques Equitat (Becas de Equidad), unas bonificaciones que se devuelven al estudiante tras matricularse en función de su tramo de renta. Algunas comunidades ofrecen también diversas ayudas, siempre insuficientes, eso sí.
Como media, Madrid y Comunidad Valenciana tienen los pecios más elevados y Cataluña los bajos y altos más elevados, entre 1.516 y 2.372 euros, por curso de Grado, según el último informe conocido. En el caso del Máster habilitante, es decir, el que es imprescindible para ejercer, el precio más alto es el Máster en Abogacía que se imparte en Madrid con un coste de 4.968 euros. El Máster no habilitante más caro lo imparte Cataluña y asciende a 3.952 euros.
Ante esta situación, desde algunos ámbitos políticos, en vísperas de celebrar sus congresos –por ejemplo el PP–, se ha lanzado el globo sonda de que se podrían bajar los precios. Pero, ¿cómo compensarían a las universidades la pérdida de los recursos que allegan a través de las tasas y que ya ven disminuidos al bajar el número de alumnos? No hay que olvidar que, desde que comenzaron los recortes, las tasas han contribuido a la “supervivencia” de los campus, ya que las administraciones educativas se vieron obligadas en muchos casos a optar por la parte más alta de la horquilla.
En cualquier caso, el debate sigue abierto. Para unos, el precio debe estar vinculado al rendimiento. Ahora, de algún modo es así, ya que se penalizan las segundas y sucesivas matrículas. Otros consideran que la universidad pública debe ser semigratuita y también hay quienes piensan que los precios deben acercarse más al coste del puesto por alumno. Finalmente, existe otro grupo que apuesta por subir el precio de las matrículas.
La cuestión no es fácil, máxime cuando nadie acaba de exponer claramente el coste de un puesto universitario y qué porcentaje de ese coste cubren las tasas.
En definitiva, cada vez se hace más urgente aprobar un sistema de financiación universitaria realista y moderno, donde se contemple el modelo de tasas y de becas que debe implantarse para que nadie por motivos económicos quede fuera de los estudios universitarios y para que las instituciones puedan desempeñar con garantías de éxito sus funciones y competir en calidad.