¿Políticas o política educativa?
Por mucho que algunos se empeñen en desmembrar el territorio nacional para transformar el ejercicio de una competencia pública en una parcela de poder, España seguirá siendo la nación que es, porque los ojos de la historia así lo proyectan y las ventanas internacionales así nos reconocen.
Cuando los indicadores públicos internacionales que otorgan el pulso comparado hablan de nuestro sistema educativo hablan de España como un global, como un modelo integrado que analizar. Esa integración en la que nos observan no es un sumatorio de partes independientes, es un conjunto entreverado de variables comunes.
El concepto del «Abandono Escolar Temprano» es el indicador menos «educativo» tanto por su fuente de origen como por lo que describe de calidad interna del sistema. Pero sin duda proyecta el valor que la sociedad española y las instituciones dan a la educación para la formación personal y profesional de un pueblo.
Trimestralmente la Encuesta de la Población Activa nos informa sobre los resultados de las acciones políticas estratégicas para huir de la lacra de la falta de continuidad formativa de nuestros jóvenes, y en este primer trimestre del 2017 nos vuelve a ofrecer curiosas y paradójicas evidencias.
En este caso el dato en el primer trimestre de 2017 sobre el Abandono Escolar Temprano sitúa a España en el 18,5%, la mejor media que se logra desde la existencia del indicador, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Nadie sensato dejaría de alegrarse de esta mejora que va a provocar mucha felicidad individual en personas jóvenes que así verán como su vida futura pasa a tener un sentido positivo del que hubieran carecido de haber engrosado la parte negativa del porcentaje.
Pero no sobra preguntarnos qué papel tienen las presuntas idiosincrasias territoriales en los modelos de gestión educativa de las comunidades autónomas, observando las ostensibles diferencias en los resultados de los indicadores educativos.
Así mismo habría que cuestionarse si acaso son los territorios de España tan peculiares en su idiosincrasia que requieren respuestas tan diferentes a problemas semejantes. Y más aún si esas peculiaridades coinciden exactamente con los límites territoriales de las comunidades autónomas o son otros los criterios que las determinan; como pueden ser el nivel socioeconómico de las familias, la distribución de la renta, la tipología de los centros educativos incluida su variabilidad inter/intracentros, la oferta de programas de recuperación escolar, la orientación profesional, etc.
Finalmente habría que interrogarse si los españoles creemos realmente que la educación es un bien de Estado, y si de ello derivamos que es uno de los procesos clave estratégicos en el desarrollo económico y social de nuestro país.
Ahora bien ese progreso alentador de reducción en 2017 del 3,4%, que sobre los datos del 2014, nos aportan; también es seguro que no lo disfrutan todos los españoles con equidad y con semejanza de igualdad de oportunidades. Dependiendo del sitio del territorio nacional en dónde residan disfrutarán de verdaderas acciones estratégicas contra el abandono escolar o de acúmulos de ocurrencias sin fundamento.
¿Cómo puede ser que en la misma horquilla temporal de tres años haya una comunidad que haya empeorado más de tres puntos y otra por ejemplo que haya mejorado casi cinco puntos? Si analizamos, por ejemplo, que además la que ha empeorado haya dispuesto incluso más de 11.000 euros a mayores de renta per cápita del 2014 que aquella que ha mejorado.
¿En todo caso cómo se distribuye en el territorio nacional ese éxito de mejora de la media nacional?
En 2014 la peor de las comunidades autónomas estaba en un 27,7% y la mejor en un 9,4%, es decir 18,3 puntos porcentuales de diferencia. En 2017 la peor se encuentra en un 27% y la mejor en un 7,3%, es decir una diferencia entre ellas de 19,7%. Por tanto la polarización entre la mejor y la peor se incrementa, y hablamos de diferencias internas en el país, simplemente de territorio geográfico.
Hay otras mejoras objetivas, y así el número de CCAA (tomadas Ceuta y Melilla como una) que estaban peor que la media nacional en el 2014 eran nueve y en el 2017 primer trimestre ocho; ciertamente ya no hay ninguna región que supere el treinta por ciento como así pasaba en el año 14, y el número que se situaban más allá del 20% ha avanzado de diez a seis.
De las seis que han empeorado en los datos del 17 dos han tenido una tendencia constante de deterioro en la horquilla de años tratada y cuatro han sufrido un altibajo en intervalo intermitente de mejorar para empeorar. Lo que nos viene a decir que algunos ya conocían su deterioro constante, que no han conseguido frenar; y para otros es una situación parcialmente sobrevenida.
En definitiva podemos observar claramente una ausencia de constantes lógicas en la evolución del indicador «Abandono Escolar Temprano» en España, y que la bienvenida mejora en la media nacional en realidad también enmascara dispersión de estrategias con dispersión de resultados.
Si realmente creemos que lo que nos indica el “Abandono Escolar Temprano” es determinante para el futuro de nuestro país, tanto como para que sea una política estratégica ¿no debería conllevar la toma de decisiones homogéneas de carácter estatal y ser de obligado cumplimiento, para que así no distinguiera a los españoles por territorios?
¿Si hay buenas prácticas evidentes, no deberían generalizarse?, ¿si hay españoles que sufren esa lacra de no poder normalizar su vida por falta de formación suficiente, no deberían tener la misma oportunidad de mejora vivan en cualquier zona de la España en donde residan?