El Parlamento andaluz convalida el decreto de Infantil con los votos de PSOE y C’s

La oposición lo tacha de “decretazo” ante la falta de consenso, asegurando que las nuevas plazas salen de restarle bonificación a las familias andaluzas, por lo que “es un atentado a las clases trabajadoras y medias, de cuyos bolsillos van a salir las nuevas plazas”.
Daniel PeñaJueves, 4 de mayo de 2017
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La consejera, Adelaida de la Calle, durante el pleno.

El pleno del Parlamento convalidó el 20 de abril, con los votos del PSOE y Ciudadanos, el decreto ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) y rechazó la petición del PP y Podemos de que se tramitara como proyecto de ley.

Durante el debate previo, todos los grupos de la oposición, incluido Ciudadanos, que luego alcanzó el acuerdo con PSOE, criticaron la forma de proceder del Gobierno andaluz en la tramitación de esta norma ante la falta de consenso con el sector y por el “desprecio” al Parlamento al recurrir a un decreto ley.

Ciudadanos aseguró que el Gobierno andaluz ha traído tarde y mal esta norma y calificó con un “muy deficiente” la gestión de la consejera.

Sin embargo, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, mostró su satisfacción al convalidar el decreto por la garantía que supone para las familias y el programa de ayudas para las más desfavorecidas.

En el exterior del Parlamento se concentraron unas 300 personas de escuelas infantiles convocadas por algunos sindicatos, mientras que en el salón de plenos siguieron el debate otros representantes del sector que sí apoyan el decreto.

El debate parlamentario fue abierto por la titular de Educación, quien detalló que un total de 300 centros se han adherido al convenio para la escolarización del Primer Ciclo de Educación Infantil, con lo que el próximo curso habrá 15.016 nuevas plazas y se ofertarán globalmente 113.019.

De la Calle también concretó el calendario para la reserva de plazas y matriculación en esta etapa educativa, que se abrió el 24 de abril hasta el 8 de mayo, periodo en el que las familias podrán solicitar también las subvenciones.
El 9 de mayo se publicarán las plazas vacantes y, desde el día 10 hasta el 26 de mayo, las familias que aún no están usando este servicio podrán solicitar plaza, mientras que del 22 de junio al 5 de julio se deberán formalizar las matrículas, plazo que se ampliará hasta el 18 de julio para los niños en lista de espera.

Durante la defensa del decreto ley, la consejera justificó la premura en la aprobación de esta norma en que el próximo julio finaliza la vigencia de los convenios, que además deben adaptarse a los criterios fijados en esta materia.

Entre otras novedades, destacó que será un modelo abierto a cualquier centro público o privado que esté autorizado y cumpla con los requisitos exigidos para mantener la calidad, con lo que se garantiza la permanencia de los 1.610 centros que actualmente prestan este servicio, al tiempo que se abre la posibilidad de que otros 600 centros de Educación Infantil, que hasta ahora solo ofertaban plazas privadas, puedan adherirse.

Gracias a ello, según la consejera, podrán adherirse más familias al sistema, que además mejora el sistema de ayudas con una mayor progresividad al pasar de cuatro a nueve planos.

Sin consenso
La portavoz del PP, Carmen Crespo, acusó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de traer un nuevo conflicto social con este “decretazo”, una norma que se pretende aprobar “sin consenso”. Aseguró que esta norma es un “recortazo” porque las nuevas plazas salen de restarle bonificación a las familias andaluzas, por lo que espetó: “Esto es un atentado a las clases trabajadoras y medias, de cuyos bolsillos van a salir las nuevas plazas”.

Tras augurar que va a haber “escuelas infantiles de primera, de segunda y de tercera”, denunció que no beneficia la conciliación laboral y familiar, al tiempo que reclamó mediante proyecto de ley para poder hacer aportaciones.

La portavoz de Podemos, Libertad Benítez, dijo que su formación no cree en este decreto “por simple sentido común”, pues abre una subasta a la baja en los nuevos centros y pone en riesgo a la clase trabajadora y a las familias mileuristas.

Según Podemos, el decreto beneficiará a la Concertada mientras que los trabajadores, en su mayoría mujeres, verán cómo se precarizan sus condiciones laborales. Consideró, además, que no es casualidad que la mayoría de las decisiones importantes que afectan a la ciudadanía se traigan por la vía del “decretazo” despreciando al Parlamento y negando la voz a los afectados, tras lo que sentenció: “Ustedes se comportan como si esto fuera un régimen absolutista”.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, coincidió en que el Gobierno andaluz presentó “tarde y mal” el decreto ley y se mostró convencido de que si la Consejería hubiera convocado a la Mesa de Educación Infantil “no se lo hubieran tumbado, sino que lo hubieran mejorado. “Ha faltado humildad”, opinó Marín.

El portavoz de IU, Antonio Maíllo, criticó que el decreto se haya elaborado “a prisa y corriendo” y acusó a la consejera de actuar con “absoluta negligencia” por no reunir a la Mesa de Infantil con la excusa de que en julio finaliza la vigencia del actual convenio.

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