La FAPA y Cicae denuncian irregularidades en los centros de "nueva Concertada" de Madrid
La FAPA Giner de los Ríos y Cicae –asociación de colegios privados e independientes– han registrado conjuntamente en la Asamblea de Madrid dos informes en los que denuncian las irregularidades cometidos en varios centros concertados de Madrid. Dichos informes, realizados por dos consultoras independientes (Univer Audit y Garlic), detallan las anomalías en el cobro de cuotas de muchos colegios de la llamada nueva Concertada.
En primer lugar, los informes concluyen que el 100% de los centros visitados exigen un pago fijo obligatorio, unos 148 euros mensuales de media, siendo en algunos casos la cifra algo superior. Tanto los centros privados como los padres de la Pública consideran que este hecho vulnera todas las normativas vigentes, especialmente la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que dispone la obligación de impartir estas enseñanzas gratuitamente.
Auge del modelo
En un comunicado conjunto explican que muchos de estos centros fueron construidos en la última década, años de especial auge para el régimen de conciertos, gracias a que la Comunidad de Madrid cedió terreno público a precios ventajosos.
“Los documentos demuestran que el patrón con el que opera gran parte de estos centros educativos difiere del de una entidad benéfico docente receptora de subvenciones públicas, asemejándose más a las de organizaciones con una estructura de entramado empresarial complejo”, añaden.
En segundo lugar, los informes coinciden en que solo el 20% de los colegios analizados menciona el carácter no lucrativo de las cuotas. “La ley indica que se considera una falta grave, motivo de retirada del concierto, que estos centros generen lucro con la percepción de estos cobros”, continúa el comunicado.
Mientras, el 77% de los estudiados no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres. Según el documento, de estos el 39% tampoco lo refleja por escrito, y el 23% que sí lo menciona en la visita y sí aparece reflejado por escrito, de manera verbalizada tiende a explicar que tienen carácter obligatorio, e incluso que “que la Administración les obliga a ponerlo así”.
Coste por alumno
Según sus cálculos, un alumno en las etapas de enseñanza obligatoria supone a una familia un desembolso medio de unos 3.000 euros anuales. Cantidad en la que se incluyen los gastos de la cuota complementaria, junto con la del comedor.
En este sentido, indican que “las familias para conseguir una plaza escolar en estos colegios, están desprotegidas, pues deben aceptar las condiciones de pago mensual que se les exigen, sin informarles debidamente de su carácter no obligatorio, o bien omitiendo datos en sus informaciones, como el contenido de estas actividades, o el horario de prestación de las mismas”. A este parecer, denuncian un “nivel de presión muy elevado a la hora de aceptar este impuesto revolucionario”.
Por último, recuerdan que tan solo cuatro centros efectuaron cambios para adaptarse a la legislación tras un primer estudio realizado en el curso 2015-16. Tras presentar estos dos nuevos informes en la Asamblea, ambas organizaciones instan a la Administración a que adopte “nuevas y mejores medidas de control y rectificación de las prácticas irregulares, que perjudica a las familias y tanto a la enseñanza pública como a la privada independiente” .