TSJCV suspende el recorte de unidades concertadas en un instituto de Alicante
Así se recoge en un auto facilitado por el propio órgano judicial, que estima las pretensiones del centro afectado, aunque le reclama una fianza económica equivalente a la financiación pública de la que disfrutará gracias al restablecimiento del concierto anterior.
El litigio tiene su origen en la resolución de la Conselleria de Educación del pasado 19 de mayo que denegó a la entidad demandante financiación pública para ocho unidades de bachillerato durante cuatro cursos, concretamente los comprendidos entre 2017-18 y 2020-21. En esa misma resolución, la Generalitat únicamente concedió el concierto para seis de esas unidades, así como, provisionalmente, para una séptima unidad, de 2º de Bachillerato, y solo para el curso escolar que empieza este mes de septiembre.
"Hermanos Maristas" recurrió la decisión de Educación y solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV que la suspendiera de forma cautelar hasta la resolución definitiva del pleito. El centro escolar alegaba que la ejecución de la orden administrativa le podía causar "perjuicios irreparables o de difícil reparación", pues los alumnos que solicitaron plazas no serían recuperables. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del TSJCV ha admitido ahora dicha suspensión, como ha hecho con otros recursos interpuestos por el mismo motivo por diversos centros escolares de la Comunitat Valenciana.
El auto recuerda que el nuevo curso está a punto de comenzar y si la decisión de Educación se ejecutara de forma inmediata, una hipotética sentencia favorable al centro "carecería de eficacia alguna" en el futuro. Además, según exponen los magistrados, el interés general al que alude la legislación en estos casos "no puede ser simple y llanamente el de la Administración, sino el de la ciudadanía y, preferentemente, la ligada por razones escolares, la comunidad docente".
En cualquier caso, la resolución exige a "Hermanos Maristas" que presente una fianza equivalente a la financiación pública que va a recibir en los próximos dos años por las unidades concertadas recuperadas, con el objetivo de que la Generalitat pueda recuperar ese dinero en caso de una sentencia favorable a sus intereses.