El Gobierno quiere contemplar las diferencias autonómicas en la futura ley educativa
En respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado sobre la política relativa a los funcionarios docentes, Méndez de Vigo sostuvo que “es necesario trabajar en un marco jurídico de acceso estable, que sea permanente y previsible” y esté basado en los principios de mérito y capacidad y sujeto a evaluación.
“Somos conscientes de la importancia de dar certeza y seguridad a los profesionales”, subrayó, para recordar que la tasa de reposición es de nuevo del 100% y que se pretende reducir la interinidad en las plantillas docentes en un 90% en los próximos tres años con el objetivo de que la tasa de interinos sea del 8%.
Tasa de interinidad
La senadora del grupo vasco María Eugenia Iparragirre alertó de que una tasa de reposición del 100% y junto a la actual política de sustituciones no reducen la tasa de interinidad, tan solo permiten cubrir vacantes por jubilación. Además, criticó que el Ejecutivo limite la capacidad de actuación de Euskadi a través de diferentes leyes y de medidas de racionalización del gasto. “Nuestra actuación debe responder a razones de índole pedagógica, algo que debe determinar cada comunidad autónoma, y no a razones de índole económica”, dijo Iparragirre.
Méndez de Vigo insistió en que, pese a las discrepancias en las interpretaciones de leyes y competencias, el Gobierno tratará de “encajar” las visiones y aseguró que “busca permanentemente la colaboración con los gobiernos de las distintas comunidades autónomas”.
El ministro reconoció que la Educación en España es “mejorable”, pero defendió que no hace falta reformularla completamente, porque “no es necesario partir de cero”. En ese sentido, destacó que hay que aprovechar las mejores experiencias de las comunidades autónomas para desarrollarlas en otros territorios.
Un texto consensuado
Por otro lado, la semana pasada también se dio a conocer que el texto de consenso para un Pacto por la Educación en el que se trabaja en el Congreso versará en principio sobre 14 puntos (ver página 5), dos de ellos estarán dedicados a la financiación y a la profesión docente. Lo explicaron varios portavoces de Educación a la salida de la primera reunión de la Subcomisión para concretar un texto consensuado, después de que desde el mes de febrero pasado se hayan celebrado más de 80 comparecencias de expertos educativos.
El portavoz de Educación de Podemos, Javier Sánchez, explicó que el primer punto se dedicará al sistema educativo en cuanto a un diagnóstico y los objetivos a conseguir.
El segundo punto, dedicado a la financiación, es de los más relevantes para Podemos, que señaló que estaba más abajo y se ha subido de posición a petición de la formación morada y del PSOE.
En cuarto lugar, se intentará consensuar sobre la profesión docente.
La portavoz educativa de Ciudadanos, Marta Martín, especificó que los 14 puntos han salido al exponer cada grupo los diversos temas a tratar, aunque apuntó que cada punto tendrá sus apartados.
ERC se desmarca
Por otra parte, esta fase del pacto reunirá a los grupos parlamentarios dos días a la semana (martes y miércoles) y, tal y como se acordó el pasado verano, tendrá que haber un documento consensuado en enero.
No obstante, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha anunciado que va a seguir asistiendo a la Subcomisión pero solo como “observador crítico”, pues en principio no firmará la ponencia o documento de trabajo que salga de estas reuniones.
Lo dijo el portavoz de Educación en el Congreso de ERC, Joan Olòriz, quien añadió: “Si se quita la intervención del Estado, si se sacan a los presos, si hay un diálogo realista y potente, si se dan muchas de estas circunstancias, que no se han dado en seis años, entonces estaríamos en este debate”, dijo.
PDeCAT es escéptico
Otros partidos escépticos con el pacto como el PDeCAT han asegurado que continuarán asistiendo a los trabajos de la Subcomisión del pacto, así como el PNV, que espera un acuerdo que reconozca “la singularidad del modelo educativo País Vasco” y el “respeto competencial”.
Por otro lado, la Comisión de Educación del Congreso aprobó la semana pasada instar al Gobierno –a petición del PDeCAT– a parar el calendario de aplicación y desarrollo de la Lomce y sus normativas, en especial, los decretos que regulan las evaluaciones finales de Secundaria y Bachillerato.
La proposición no de ley salió adelante con 18 votos a favor y 17 en contra, y en ella se solicita que de “forma inmediata” se paralice la Lomce y, en concreto, el real decreto por el que se rigen las pruebas finales de 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato que comenzaron a implantarse el curso pasado.
PP y Ciudadanos votaron en contra al argumentar que los trabajos para el pacto ya significan que se trabaja para una nueva norma y, además, el decreto sobre las pruebas finales de ESO y Bachillerato ya paralizaba las pruebas obligatorias para conseguir un título.
Carmen González (PP) destacó que si se hubiera paralizado el calendario de la Lomce se dejaría “en el limbo” a muchos estudiantes y se crearía una gran “incertidumbre”.
Marta Martín (Ciudadanos) calificó la iniciativa de “caducada” y de “absurda” y tachó al PDeCAT de estar “en un matrix”.
Por su parte, el diputado del PDeCAT Sergi Miquel, respondió diciendo que los que están “en un matrix” son ellos, aunque también reconoció que su propuesta se había presentado hacía un año. La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, recordó que su formación se opone a la Lomce y a las pruebas finales de etapa que contempla porque todo forma parte de una norma que ha llevado a “un modelo ideológico conservador y neoliberal”.