La universidad necesita resurgir en 2018
Comienza el nuevo año y la universidad sigue remando contracorriente y sorteando los problemas con un esfuerzo añadido de profesores e investigadores. Cada nuevo año, al hacer balance de los 12 meses pasados, los universitarios se esfuerzan por alentar la esperanza en que todo comenzará a cambiar y se verá el final del túnel. Pero es un ejercicio difícil, ya que la institución parece abandonada a su suerte. Para los altos responsables políticos cuenta muy poco, por no decir nada. Con un ministro del ramo que se ocupa de otros menesteres y con unas asignaturas pendientes que amenazan con convertirse en eternas, el año 2018 puede pasar a los anales de la historia universitaria como lo ha hecho 2017, es decir, sin acciones que supongan un cambio de marcha en ese motor de progreso que supone para un país la universidad.
Es verdad que las comunidades autónomas se esfuerzan, de acuerdo con los rectorados, por suavizar la situación y acometen acciones, como la bajada o congelación del precio de las tasas. Pero también es verdad que sobrevivir a un decenio duro, austero y plagado de recortes en la enseñanza superior es difícil y, en la mayoría de los casos, apenas se puede atender lo estrictamente imprescindible.
Sin embargo y si nos atenemos a los mensajes de que la crisis ha hecho crisis, 2018 puede ser el año de la recuperación, de la puesta en marcha de planes reiteradamente anunciados. Y de nuevo, en el elenco de temas pendientes aparece la renovación de las plantillas, y la estabilización de un importante sector del profesorado, la internacionalización o la casi manida gobernanza, y todas ellas enmarcadas en un modelo de financiación que garantice unos mínimos de supervivencia y estabilidad y establezca mecanismos de competencia en calidad. Es verdad, y el Ministerio que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha utilizado durante 2017 dos aniversarios importantes para maquillar la imagen de la universidad. Los 30 años de la creación el programa de movilidad europea Erasmus y los 10 de la aplicación del puesta en marcha en España del Espacio Europeo de Educación Superior, popularizado como Plan Bolonia, con ser de gran relieve, no muestran la realidad o lo hacen de manera sesgada e inexacta. Estas efemérides son para tener en cuenta, pero no sirven por si solas para justificar una política universitaria que deja mucho que desear.
La internacionalización de nuestro sistema universitario alcanza porcentajes muy bajos, no llega la tres por ciento, pese a ser una prioridad para el Gobierno de Mariano Rajoy. Y es que el programa Erasmus, del que España es líder en recepción de alumnos y ocupa uno de los primeros lugares en cuanto al envío de estudiantes a otros países, no es en su sentido estricto un modelo de internacionalización sino de movilidad de estudiantes y profesores. No obstante, ha servido de lanzadera para la apertura al exterior de los universitarios y para su desarrollo profesional. Para elevar al cota de internacionalización, es decir de permanecer durante una carrera o gran parte de ella en un país distinto al de origen. España debería promover un programa con la implicación de todos los agentes sociales y culturales, sin abandonar el actual Erasmus+, como se denomina el originario plan de movilidad, antes bien, potenciándolo con una mayor dotación económica para asegurar la igualdad de oportunidades.
En cuanto a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, hay que decir que está sorteando las dificultades y los estudiantes se adaptan con buenos resultados al modelo. Parece un camino sin retorno, aunque su puesta en marcha sin recursos ha dificultado su eficacia y ha generado propuestas de cambios, por ejemplo en la duración de los grados, más por cuestiones económicas –de ahorro–, que por calidad educativa y formativa.
Sea como fuere, el proceso de modernización de la universidad española no se puede ralentizar más porque corremos el riesgo de depender del conocimiento de otros países que han prestado mayor atención y recursos a la enseñanza superior y a la investigación. Quizá una buena labor de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y una mayor confianza en la institución superior podrían hacer de 2018 el año en que se produjo su ansiado salto de calidad. El Pacto de Estado educativo tiene en la universidad uno de sus jalones y el tiempo apremia.