Un acceso a la docencia solo con plazas capaces de reabsorberse
Duras críticas a los sistemas actuales de selección y acceso a la profesión docente de tipo concurso-oposición, a la contratación de interinos y al desarrollo del primer año en prácticas. Así se recoge en un documento presentado conjuntamente por la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Educación junto a la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado (Cesed).
El actual sistema de selección y acceso “no se ajusta a las exigencias del puesto; tampoco permite evaluar la ejecución de competencias en contextos reales ni las actitudes y habilidades transversales; y en algunos casos potencian una carrera acumulativa más que la mejora de las competencias profesionales”, denuncian ambas organizaciones. Asimismo, constatan una falta de regulación y control del Estado en la selección y acceso del profesorado en centros concertados.
Por eso proponen la implantación de un sistema de acceso a la profesión docente con una denominación específica que habría que consensuar. Con carácter provisional, las dos organizaciones lo denominan APD (Acceso a la Profesión Docente) y estaría dirigido a todos los profesionales de la enseñanza de todos los niveles.
Al APD se accedería a través de una prueba nacional con un número de plazas vinculado a las posibilidades de absorción del sistema educativo –público y privado–. Tendría una duración de dos años y la contratación del profesorado en prácticas se produciría en términos equivalentes a los del MIR de Medicina.
La formación se realizaría en centros de referencia, por lo que habría que crear una red de centros públicos singulares y comprometidos con la formación e inducción del profesorado. Esto implica que deberán regularse sus características, habilitar las condiciones organizativas y los recursos necesarios para llevarlo a cabo e incorporar la función formativa y el carácter experimental en el proyecto de centro. En cuanto a los tutores, ya sean profesionales o académicos, se propone que estén acreditados, por lo que deberían regularse los requisitos.
En el documento también se propone definir un programa formativo y de seguimiento individualizado centrado en la consolidación de las competencias profesionales docentes y de competencias transversales y actitudes profesionales clave. Y especifican que habría que “implementarlo bajo la filosofía de un modelo formativo dual”. Asimismo, sería necesaria una evaluación continua y formativa del proceso y final que condujera a una acreditación requerida en centros públicos y privados y que habilitara con plena competencia y calidad para el ejercicio docente y la función pública.
En el acceso a la oferta pública de empleo, exigen que esté “lo suficientemente bien dimensionada y armonizada con las plazas MIR como para no requerir un concurso-oposición”. En cualquier caso, si el número de puestos es inferior al de acreditados advierten de que “será necesario algún criterio de ordenación”. También consideran que “se debe tener en cuenta la demanda de contratación privada derivada del sistema y la necesidad de un periodo de transitoriedad hasta que se estabilice”.
Definición de requisitos
Tanto la Conferencia de Decanos como Cesed indican una serie de cuestiones que deben definirse claramente en este tema del acceso a la profesión docente. Entre ellas, unos criterios rigurosos de determinación de la oferta de plazas APD y de asignación por comunidades y centros de referencia. O la definición de la prueba de acceso –contenidos, peso del expediente académico y procedimiento de aplicación–. Además, consideran necesario “un compromiso de las administraciones públicas para desarrollar un sistema de contratación estable, dinámico y bien dimensionado de profesorado altamente cualificado.
Por último, exigen “un periodo de transición más o menos largo para evitar fricciones con el sistema actual, que reduzca las bolsas de interinos y dé tiempo a la Privada a ajustarse al sistema e ir renovando sus plantillas”.
Otro de los apartados del documento está dedicado al prácticum, en el que advierten del deterioro estructural de este periodo debido a las políticas de organización académica implementadas por las universidades y que están desvirtuando por completo su carácter formativo.
Actualmente se está restringiendo la dedicación del supervisor universitario en prácticas a entre 0,6-4 horas de atención por alumno –equivalente a dos materias de un total de 32 créditos en los grados de Magisterio y de 12 créditos en el Máster de Secundaria–. Según la Conferencia de Decanos de Educación, “esta dedicación hace inviable un seguimiento y acompañamiento del alumnado, la coordinación con los tutores y con los centros y la evaluación formativa del proceso”.
Tutor sin incentivos
Asimismo, se critica “la falta de consideración y de incentivos al profesorado tutor de los centros de prácticas, que en la mayoría de las universidades no recibe apoyo académico necesario ni incentivo alguno o en algunos casos establece discriminación entre el profesorado de Infantil y Primaria y el de Secundaria”.
En el documento se pone de manifiesto la “negativa” de las universidades a reconocer el carácter formativo singular del prácticum de los grados de Magisterio y del Máster de Secundaria y darle un tratamiento equivalente a las prácticas clínicas de Ciencias de la Salud.
Para ambas organizaciones, estos comportamientos “han convertido el prácticum docente en el envío exclusivamente del alumnado a los centros, sin contemplar la necesaria preparación previa del alumnado, el seguimiento en colaboración con los tutores, la evaluación formativa del proceso y la necesaria colaboración del supervisor universitario y el docente-tutor del centro receptor”.
Por último, consideran fundamental revisar la formación permanente del profesorado mediante una mayor colaboración entre las facultades y los centros para “consensuar un perfil de competencias profesionales flexible”.