Central o común

Que el sistema educativo acentúe su carácter común resulta controvertido cuando tal propuesta se toma como una malentendida “recentralización”. Por eso no debe confundirse –pero el sustento de las consignas es débil– lo central con lo común. Además, los detractores de la centralización saben distinguir, en el alcance de su desacuerdo, cuándo se ejerce aquella por el Estado o por las administraciones autonómicas. Cierto, entonces, que el nuestro es un Estado descentralizado, pero en las administraciones competentes suele ser bastante férrea la que podría entenderse como centralización autonómica.

Así las cosas, parece advertirse, si bien de forma no general, una reclamación de lo común; no solo para la adecuada articulación del sistema educativo sino con objeto de garantizar la justa igualdad de oportunidades. Dos ejemplos vienen el caso. La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEBAU) es uno de ellos, con expresas quejas ante la obtención de plazas, para determinadas enseñanzas superiores, en función de las características de las pruebas realizadas por cada Administración, las calificaciones obtenidas en las mismas y, por ello, las distintas posibilidades de acceder a plazas en las comunidades autónomas. Esto es, como el resultado de la prueba permite la concurrencia para el acceso a la universidad en todo el Estado, que tal prueba no sea única, sino elaborada por las distintas administraciones, lleva a una movilidad del alumnado inducida por las calificaciones que, según qué Administración u órganos universitarios de la misma, se obtienen con mayor o menor dificultad. El Ministerio de Educación establece unas características comunes para tales pruebas, pero es apreciable el desigual grado de cumplimiento de esa regulación a fin de determinar lo común. De ahí que se manifieste la necesidad de una prueba única, común para todo el Estado, en lugar de características generales poco vinculantes aunque se detallen en una prescripción normativa.

Otra muestra de la oportunidad de lo común tiene que ver con el acceso a la formación y capacitación para la docencia, precisamente mediante “pruebas nacionales” que seleccionen a los candidatos con un número de plazas ajustado a las necesidades del sistema educativo.

Luego no se trata de “recentralización”, sino de pertenencia e idoneidad, de justicia en última instancia.

Antonio Montero es inspector de Educación y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla