La nueva ley de Educación derogará la Lomce y reeditará la LOE

La ministra considera que no se trata de una reforma completa del sistema educativo, pero son cambios que “permitirán liberarlo de rigideces”. El anteproyecto de ley se encuentra en trámite y está abierto a sugerencias de toda la comunidad educativa.
Emma Prieto LópezJueves, 29 de noviembre de 2018
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El pasado miércoles, 28 de noviembre, el Congreso de los Diputados acogió la Comisión de Educación y Formación Profesional en la que la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los representantes parlamentarios de los partidos políticos debatieron sobre la ley de Educación. En este sentido, Celaá, en su intervención, presentó el anteproyecto de la nueva ley educativa. “No es una reforma completa del sistema educativo, pero sí permitirá liberarlo de rigideces”. También reconoció que “era una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la Lomce, los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo, apartándolo de forma preocupante del objetivo de equidad”.

En trámite

El anteproyecto se encuentra en trámite de audiencia e información pública, por lo que está abierto a sugerencias de toda la comunidad educativa. “Abrimos ahora un tiempo para la aportación y el diálogo”, ha subrayado Celaá.

Además, la ministra recordó a los presentes en la Comisión de Educación que la Lomce no es “una ley reguladora de todo el sistema educativo, sino que modifica diversos aspectos de la LOE, así como aspectos concretos de la LODE y la Ley Orgánica de Universidades.

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Desde el punto de vista jurídico, limitarnos simplemente a derogar la Lomce, que a su vez modificó parcialmente la LOE, no resolvería los problemas planteados

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“Desde el punto de vista jurídico, limitarnos simplemente a derogar la Lomce, que a su vez modificó parcialmente la LOE, no resolvería los problemas planteados, puesto que las modificaciones permanecerían en la LOE modificada en 2013. Además, esa decisión de derogación sin otros cambios introduciría una situación jurídica contraria a la deseable claridad que deben perseguir todas las normas jurídicas”, ha detallado Celaá.

Compromiso político

En cuanto al contenido del anteproyecto, Celaá explicó que “en coherencia con el compromiso político anunciado, nos limitamos a modificar los aspectos más controvertidos que la Lomce incorporó a la LOE, sin perjuicio de que, con dicho objetivo, y únicamente desde el punto de vista de la técnica jurídica empleada, se hable de derogación formal de la Lomce”.

Celaá ha informado de que se hará público un texto consolidado de la LOE, tras las modificaciones que ahora se proponen con este anteproyecto, que facilite su comprensión y lectura.

Título único al final de la ESO

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es el del establecimiento de un título único al final de la ESO. En este sentido, el anteproyecto elimina los itinerarios de la Educación Secundaria Obligatoria y se modifican los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) y establece los Programas de Mejora de las Oportunidades a partir de 3º de la ESO, con los que se podrá obtener el título único de Secundaria que permitirá acceder tanto al Bachillerato como a los ciclos de Formación Profesional. Además, la ministra de Educación y Formación Profesional, insistió en que, con la reforma educativa, todo el alumnado terminará la ESO con un nivel adecuado de expresión oral y escrita tanto en castellano como en las lenguas cooficiales. “La reforma de la ley educativa hará hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la ESO con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse tanto en castellano como en las lenguas cooficiales”, declaró.

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La repetición debe de ser la última de las opciones

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Por otro lado, esta reforma propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, tiene como objetivo disminuir el índice de repetición. Sobre ésto, la ministra explicó que “en el modelo español se abusa mucho de la repetición como fórmula de solución del bajo rendimiento y la repetición de ser la última de las opciones”, indicó Celaá.

En definitiva, lo que la ley propone es que se produzcan excepciones. Es decir, que si el estudiante debe repetir, la decisión tiene que adoptarse de manera colegiada por todo el equipo docente, previa constatación de que se han tomado medidas previas y se han evaluado sus resultados: “Sólo se trata de posibilitar que el equipo profesional de cada centro analice las circunstancias de cada estudiante como, de hecho, ya sucede, y decida y valore la posibilidad de que una asignatura no le haga perder un año completo”, explicó la ministra.

Tres posibles años de Bachillerato

El del Bachillerato es otro de los puntos calientes del anteproyecto de ley. Lo es porque, este ciclo educativo, seguirá siendo de dos años, pero los estudiantes que hayan finalizado el primer curso con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo, sino solo las materias pendientes. La idea, según indican desde el Gobierno, es flexibilizar esta etapa educativa y motivar a los alumnos. Por ello, Celaá afirmó que apenas llegará al uno por ciento el alumnado que hará los dos cursos de Bachillerato en tres años por tener que completar las asignaturas suspensas.

El papel de la Religión

La Religión, en esta propuesta de ley, quedaría regulada estrictamente con los acuerdos firmados con la Santa Sede. En este sentido, la Religión “seguirá siendo de oferta obligada para los centro y de opción voluntaria para el alumnado”. Y la asignatura, además, “seguirá siendo evaluable”. En el caso de los estudiantes de Bachiller, la asignatura de Religión dejará de contar para la nota media. En opinión de la ministra: “la Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media”.

Como equivalente para aquellos que no cursen Religión, se impartirá la materia de Valores cívicos y éticos en un curso tanto de la Educación Primaria como de la Educación Secundaria. “La Educación en valores es un pilar básico del desarrollo personal y la piedra angular de una sociedad moral y democrática, un aprendizaje imprescindible para formar ciudadanos, que la escuela tiene por tanto que garantizar para todos los alumnos y alumnas”, declaró la portavoz del Gobierno.

Tratamiento de las lenguas cooficiales

Con respecto a las lenguas cooficiales, el proyecto plantea volver a la distribución de competencias en relación con el currículo en todas las etapas del 55% marcado por el Gobierno en comunidades con dos lenguas oficiales y del 65% del Ejecutivo en regiones con una sola lengua oficial. La propuesta, además, “trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad autónoma” y “hace incapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la Educación Básica con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua”, recalcó Celaá.

Tras la explicación de la ministra de Educación, el presidente de la Comisión de Educación y Formación Profesional, Íñigo Méndez de Vigo, dio paso a la intervención de los grupos parlamentarios.

Otros representantes parlamentarios

Oskar Matute, del grupo Parlamentario Mixto, señaló tras la intervención de Celaá que “no es una propuesta de gran cambio, porque nos devuelve a la del 2006 con algunos matices”. De igual modo, este grupo consideró necesario compartir con la portavoz del Gobierno algunos puntos: “Poner en valor la Formación Profesional, acercarse a la inmersión lingüística en Cataluña analizando los indicadores que permiten demostrar que el castellano es una lengua en retroceso” fueron algunos de ellos.

El grupo parlamentario vasco, por su parte, mostró su acuerdo con “el diagnóstico de la Lomce” y consideró “interesante el tema de las reválidas”. Además, el portavoz del grupo declaró que “hay quien pretende que exista el derecho a no saber una lengua y eso es muy grave”.

Ciudadanos, en contra de la reforma

Esquerra Republicana consideró que la Lomce adolecía de tres elementos fundamentales: “Falta de acuerdos entre partidos, financiación inexistente y sesgo ideológico ultraconservador”. En este sentido, el grupo reconoció que combinar de nuevo “una reforma educativa con recortes presupuestarios no resultará creíble”.

La intervención de Ciudadanos también vino a ‘criticar’ el anteproyecto de ley presentado. El partido dirigido por Albert Rivera consideró que “el modelo se aleja de las formas democráticas mínimas” y pidió a la ministra que “sea sincera y que elimine la palabra consenso por la de imposición”. En este sentido, desde Ciudadanos consideraron que “no se puede gobernar al estilo ‘Porque yo lo valgo’ que tiene el Partido Socialista”. Quizá, por ello, la portavoz de la formación naranja consideró que “este anteproyecto tiene tanta carga ideológica que, más que una ley, parece un mitin electoral”.

Degradación del título de Bachiller

En opinión de Ciudadanos, lo que es PSOE pretende es “eliminar la Lomce sin derogarla”. Por ello pidieron al Gobierno que “abandone su postura de Gollum, de El Señor de los Anillos y dejen de considerar a la Educación como su tesoro”.

El Partido Popular, por su parte, consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez busca “degradar el título de Bachillerato al permitir que los alumnos continúen con una asignatura suspensa”. Y al mismo tiempo consideran que “la evaluación no es un fin en sí mismo sino un medio para la mejora de resultados”.

Como cierre de la jornada, la ministra volvió a tomar la palabra para recordar que la medida propuesta por los socialistas contribuye a “ampliar el nivel educativo de los jóvenes”.

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