Urge actualizar el modelo de conciertos

José Mª de Moya
Director de Magisterio
6 de noviembre de 2018
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La semana pasada Cicae (asociación que aglutina a medio centenar de colegios privados) y Ceapa presentaron el Estudio nacional de precios de colegios concertados en el que se denunciaba el cobro de cuotas altas y la falta de voluntariedad en el cobro de las mismas. A estas alturas ya nadie duda de la intención con la que ambas entidades presentan este estudio. Están en todo su derecho pero socaba el principio de neutralidad científica porque buscan lo que quieren encontrar. Los primeros por intereres mercantiles y los segundos por razones ideológicas se han unido en el objetivo común de acabar con la llamada “nueva concertada”. Pero es que además hay un error metodológico notable. Fuera de la Comunidad de Madrid no sabemos lo que están midiendo en cuanto que el muestreo se ha hecho sobre una selección previa de centros facilitada por el cliente (Cicae y Ceapa) a la empresa demoscópica. Permítaseme la ironía. Si el cliente ha preseleccionado a colegios que cobran cuotas altas, es previsible que el estudio concluya que los colegios visitados cobran cuotas altas.

En todo caso, demos por buenos los resultados y vayamos al fondo de cuestión. La llamada “nueva concertada” se asienta sobre el equilibrio inestable de tres intereses cruzados. El de una familias que desean escolarizar a sus hijos en colegios “privados” a precio de nueva concertada (unos 200 euros de ahorro por hijo aproximadamente). El de una Administración que desea favorecer la libertad de elección de centro y de paso ahorrarse el coste que supone construir colegios públicos (unos 10 millones de ahorro por colegio aproximadamente). Y el de unos promotores de colegios que quieren aprovechar una legítima oportunidad.

Pocos pueden estar en contra de que la Administración atienda las necesidades de escolarización mediante una oferta plural. A pocos puede incomodar que se amplíen las posibilidades de elección de centro por parte de las familias, siempre dentro de una ordenada planificación. Solo falta acomodar el marco legal a las nuevas demandas sociales, muy distintas hoy de las que inspiraron el modelo de conciertos hace ya 28 años. Afrontemos el cambio antes de que sea tarde.

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