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Alberto Galiana: “Los docentes cobrarán un plus por la consecución de objetivos”

Galiana considera que el anteproyecto presentado por el Gobierno socialista "no es lo que necesita el sistema educativo español", puesto que "nos lleva al pasado".
José Mª de MoyaMiércoles, 13 de febrero de 2019
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Alberto Galiana habla con la autoridad de quien se sabe responsable educativo de una de las comunidades con mejores resultados del país, tanto en equidad como en nivel de conocimientos: equilibrio nada fácil. En 2017 La Rioja fue la cuarta comunidad con la tasa de abandono educativa más baja y en PISA 2105 los alumnos riojanos fueron los terceros del país en competencias matemáticas. Quizá por eso saca pecho a la hora de criticar con dureza las reformas que propone el Gobierno: «Medidas como aprobar Bachillerato con alguna suspensa convierte al Estado en un mero expendedor de títulos». Otro de los rasgos que le distingue de sus correligionarios populares es la contundencia con la que defiende el papel de las familias en la Educación, la libertad de elección de centro y la complementariedad de las dos redes. Huye de la correción política aunque sus adversarios le consideren demasiado amigo de la Concertada.

Pregunta. ¿Qué valoración hace del anteproyecto presentado por el Gobierno?
Respuesta. —En primer lugar, creo que no es el proyecto que necesitamos en el sistema educativo español. Es una ley que nos lleva al pasado y está muy trufado de ideología y no de proyectos que verdaderamente podamos decir que sean novedosos o que resuelvan los problemas que tenemos.

¿En Primaria se evaluará por ciclo y no por curso, se titulará en Bachillerato con una suspensa, se limitará la repetición a una vez por etapa… ¿Qué le parece?
—Considero que estas medidas nos conducen a regresar a la idea de que las administraciones educativas, el Estado, se convierte en un mero expendedor de títulos.

Se han suprimido las «reválidas» y se ha regresado al modelo de evaluación diagnóstico como aparecía en la LOE…
—Así es. Creo que, evidentemente, el proyecto no dice que desaparezca la evaluación, porque nadie en su sano juicio a día de hoy puede defender tal cosa, pero sí que es cierto que la devalúa y, en definitiva, nos lleva a una evaluación rutinaria, poco productiva, poco eficiente y que avala un continuismo. Se intuye un cierto conformismo.

Impartir o no la Religión creo que responde a una utilización política de la Educación, frente a la ausencia de verdaderos problemas

¿Qué opina sobre volver a un modelo de gestión más democrática a través del Consejo Escolar?
—Es una vuelta a una idea asamblearia de la dirección. Es decir, en lugar de rendir cuentas a la comunidad educativa en un sentido amplio, la Administración educativa se convierte más en un líder sindical del centro educativo de donde está. Eso es nocivo. porque queda sometida a la presión de grupos impulsados por diferentes ideologías dentro de la comunidad educativa que intentan, mediante una idea superficial de la democracia, controlar la escuela.

¿No le ha sorprendido que no se mencione el MIR docente en la propuesta del Gobierno que era la propuesta estrella y sobre la que hay consenso?
—Efectivamente. Creo que el sistema y la comunidad educativa demandan un modo de selección diferente, una carrera de Magisterio diferente y una mayor adecuación entre oferta y demanda de titulados de Magisterio. Para ello debemos inspirarnos en el modelo sanitario, que tan buenos resultados ha arrojado. Esto permitiría poder hacer una mejor selección.

¿Cómo valora que en el anteproyecto la Religión haya desaparecido de la lista de asignaturas?
—Yo creo que eso responde a una utilización política de la Educación. En lugar de abordar los verdaderos problemas del sistema, se plantean medidas que ahora mismo no reprensentan ningún problema. La Religión hoy día no es un problema.

Se suprime el concepto de «demanda social». ¿Cree que la pretensión es que prevalezca el derecho a programar por parte de las administraciones sobre el derecho a elegir de las familias?
—Es un auténtico sofisma. Se parte de una falsedad, de una contraposición artificial entre planificación y libertad de elección, cuando, en realidad, el mandato institucional insta a que ambos derechos se coordinen. Creo que eliminar el concepto de demanda social irá en contra de la libertad de las familias y mermará el pluralismo educativo y social.

El anteproyecto está trufado de ideología; no es novedoso ni resuelve ningún problema

Queda claro lo que no le gusta. ¿Qué echa en falta?
—Una apuesta por el futuro, por una modernización del sistema. Por esto es profundamente decepcionante. En lugar de ser ilusionante, que es lo que tiene que ser un proyecto de ley fruto del consenso, es una decepción fruto del disenso. Y además, como todo disenso, desde el poder se transforma en una imposición y finalmente en un fracaso. Y no un fracaso solo del Gobierno, sino un fracaso colectivo.

¿En La Rioja sí hay diálogo?
—Desde luego apostamos por un diálogo sincero con la comunidad educativa y también con el tejido empresarial. Por ejemplo, la Formación Profesional está siendo un éxito. Existe un incremento sostenido de alumnos en todas sus etapas.

¿De qué se siente más orgulloso? Saque pecho.
—Por ejemplo, La Rioja es la comunidad autónoma en la que más ha descendido el fracaso escolar en los último años. Ahora nos encontramos alrededor del 12,9% y estábamos por encima del 30% hace 10 años. En cuanto a la incorporación de las TIC, hemos sido la primera comunidad –junto con Galicia– en llevar banda ancha a todos los centros. También hemos emprezado a dar pasos para implantar de verdad una carrera profesional del profesorado.

La Rioja ha sido la comunidad autónoma en la que más ha descendido el fracaso escolar en los últimos años

¿En concreto?
—Queremos que exista una orden específica en el ámbito docente este año para que en el próximo curso los docentes empiecen a cobrar un plus por la consecución de objetivos. Objetivos que tienen que ver con competencias lingüísticas, tecnológicas, desempeño en tutorías o experiencias innovadoras. De manera que el mérito y el esfuerzo se premien.

Por tanto, por ejemplo, los que tengan un B2 O C1 ¿cobrarán más?
—Sí. Esa es una expectativa que queremos cumplir. Hasta ahora han cobrado más pero conforme a un criterio que se asemeja mucho a la antigüedad, pero transitoriamente.

Por tanto, no vinculado a logros educativos concretos…
—Aún no. Pero el decreto que está en vigor para toda la función pública permite que saquemos ahora una orden que marque otro tipo de objetivos específicamente educativos. Esto es lo que debería implantarse a nivel estatal. Nosotros no hemos querido esperar.

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