El Gobierno renuncia a unificar los horarios lectivos docentes en toda España

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de febrero revertir los recortes educativos aprobados por el PP en 2012. El proyecto de ley deja finalmente en manos de las comunidades el establecimiento de la parte lectiva de la jornada semanal de los profesores, aunque recomienda que no sea superior a 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en el resto.

Diego FranceschMartes, 26 de febrero de 2019
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno.

La nueva norma elimina también el incremento de alumnos por aula, así como la necesidad de tener que esperar 10 días lectivos para sustituir a un docente funcionario de baja.

Según el texto, las comunidades autónomas proveerán los recursos necesarios para garantizar que no se supere el número máximo de alumnos por aula y no se pueda aumentar un 20%, como permitía el PP.

Ignora al Senado
La ley, sin embargo, no incluye las enmiendas introducidas por el Senado, relativas a imponer un número de horas igual para los docentes de toda España, algo que han rechazado los grupos nacionalistas, Unidos Podemos y el PSOE.

La diputada de Cs Marta Martín lamentó que no se fijen las mismas horas para los docentes de todas las comunidades autónomas, algo que le parece que “genera desigualdad y es un agravio comparativo”. “Defender la igualdad por parte del PSOE habría sido un riesgo muy grande porque habrían cabreado a sus socios independentistas y nacionalistas”, aseguró.

Para el sindicato ANPE, el Gobierno “esquiva la enmienda del Senado para que la jornada lectiva sea de 18 y 23 en todo el país”, que este sindicato había promovido en el Consejo Escolar del Estado, lo que supone “un varapalo a la vertebración del sistema educativo y de las condiciones de trabajo del profesorado en el conjunto del Estado”, dice ANPE.

La ley no incluye las enmiendas introducidas por el Senado, relativas a imponer un número de horas igual para los docentes de toda España

“El Gobierno –añade el sindicato de profesores– le ha pasado la patata caliente a las comunidades, que deberán negociar en sus ámbitos la jornada lectiva del profesorado, lo que favorecerá que haya una disparidad entre comunidades, incomprensible al tratarse de cuerpos estatales, que se verá condicionada no sólo por la voluntad política, sino también por la disponibilidad económica de cada región, lo que propiciará la existencia de comunidades de primera y de segunda en materia educativa”.

Sin criterio pedagógico
Para STES, la nueva ley “desaprovecha la oportunidad de mejorar la normativa más allá de la LOE”. Para este sindicato, lo deseable sería que las ratios “hubieran podido restablecerse con criterios más pedagógicos en beneficio de la calidad educativa y la igualdad de oportunidades del alumnado”.

Por otro lado, el sindicato FSIE, que representa a la Concertada, ha denunciado que el Gobierno ignora el dictamen del Consejo Escolar del Estado que aprobó que “las Administraciones públicas impulsarán y adoptarán las medidas necesarias para que, junto con la negociación colectiva, se posibilite que la carga lectiva semanal de los docentes sea análoga en los centros sostenidos con fondos públicos”.

Agravio a la Concertada
FSIE recuerda que el Gobierno ignora también numerosas sentencias del Tribunal Constitucional en las que afirma que “la carga lectiva de los docentes de centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) debe ser análoga”.

Para STES, la nueva ley "desaprovecha la oportunidad de mejorar la normativa más allá de la LOE"

“Ni el PSOE ni el Gobierno han explicado –dice FSIE– por qué defienden, con su inacción y continuo desprecio por las peticiones y propuestas de diversos organismos oficiales y organizaciones relacionadas con el sector, que los docentes de la enseñanza concertada trabajen más horas (25 en todos los niveles) y además lo hagan por un salario menor”.
Además, este sindicato añade que el Ministerio “falta a la verdad cuando afirma que esta ley fue presentada a las organizaciones sindicales de la enseñanza el pasado 26 de julio”. FSIE dice que es “completamente falso”.

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