Adoctrinamiento

No siempre, y con la frecuencia deseada, nos encontramos con temáticas educativas que trascienden del plano profesional y saltan a lo cotidiano, al día a día de los ciudadanos. Ese privilegio no es habitual y, menos aún, que perdure en el tiempo. Es el caso del adoctrinamiento que pudiera llevarse a cabo en los centros educativos. Constituye un tema de actualidad que, de manera cíclica, nos acompaña. Se trata, por tanto, de una cuestión recurrente que no parece encontrar cauces de solución. Representa una letanía de lamentaciones a la cual acudir para explicitar esta y otras “epidemias” que azotan a nuestro “andamiaje” educativo, si se nos permite adoptar un tono apocalíptico. Parece un hecho inevitable, consustancial al propio proceso de aprendizaje reglado. Objetividad y subjetividad, referidas a la cuestión de los contenidos curriculares, conviven en un difícil equilibrio que se alimenta desde un plano básicamente político. La finalidad de esta estrategia deberá ser consultada a los responsables, precisamente, de plasmar el modelo educativo imperante.

Maticemos, pues, aquellos aspectos que desde una perspectiva estrictamente técnica y, por tanto profesional, contribuyan a la resolución de este crucigrama didáctico.

La Educación formal o reglada constituye una actuación continuada e intencional en el tiempo a través de la cual se desarrolla una oferta de aprendizaje (currículo) establecido por los poderes públicos a través de su marco normativo. Ello implica un proceso de interacción recíproco, del que han de participar todos los integrantes de la comunidad educativa, y que se plasma en un espacio determinado, que no único, y con unos actores reconocidos: profesorado y alumnado.

La propia esencia de toda situación donde se pone en juego el intercambio activo es subjetiva, dado que se conjugan las experiencias, conocimientos, percepciones, sentimientos de sus protagonistas, ocupando el docente un papel destacado, ya sea como conductor o facilitador del proceso de aprendizaje de sus discentes.

Este hecho inevitable e incuestionable, dado que nadie puede desprenderse de su “trayectoria vital” y, por tanto, no existe la neutralidad, está contemplado y regulado en los derechos del profesorado y es denominado como “libertad de cátedra”.

Cuando aludimos al término “adoctrinamiento”, efectivamente, no se hace referencia a este principio básico que garantiza el desarrollo profesional del docente a través de la posibilidad implícita de dar vida a la frialdad de cualquier arquitectura curricular.

Estableciendo un paralelismo, los medios de comunicación serían un buen ejemplo de ello. Nadie efectúa una descripción de los acontecimientos que ocupan la actualidad, en mayor o menor proporción, sin que vayan acompañados de comentarios que enriquecen, concretan, contextualizan, valoran… esa realidad.

Otro ejemplo más cercano de ello lo tenemos cuando, al debatir los puntos de encuentro para llegar a un pacto educativo, aparece el tema de las enseñanzas de las religiones. Dicho de otra manera, si estas deben formar parte de las materias que se le imparten, dentro del horario lectivo, al alumnado.

En una sociedad aconfesional como la nuestra, reflejada en el marco constitucional, la enseñanza pública debe abstenerse de dar entrada a cualquier creencia religiosa como elemento de formación en las aulas.

Aquí no sería acertado hablar de adoctrinamiento, aunque algunos caen en la tentación de hacerlo, dado que todas las confesiones religiosas cuentan con la posiblidad de integrarse en la oferta educativa de los centros a petición de las familias.

Cuando de manera aislada y localizada se producen excesos en esa libertad para impartir el diseño curricular establecido, la Administración educativa dispone de mecanismos para atajarlos. La inspección educativa cuenta, entre sus funciones, con las tareas de control y supervisión, que se ponen en marcha cuando se detectan dichas irregularidades, por exceso, en la manera en cómo planificar los procesos de aprendizaje del alumnado sin desembocar en posicionamientos extremos y condicionantes del derecho que tienen el alumnado y sus familias a la mayor objetividad posible. Todo ello, partiendo del reconocimiento de la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad.

Para emplear la palabra adoctrinamiento con propiedad, tomemos como referente el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, donde indica que supone “inculcar determinadas ideas o creencias”. Es decir, implica la intencionalidad consciente y planificada de transmitir, en el caso educativo, determinados contenidos que desvirtúan la realidad con el propósito de generar una manera concreta de pensar y actuar. El adoctrinamiento es siempre interesado y no persigue la objetividad, como una aspiración, sino que apuesta por la subjetividad, individual o colectiva, con fines dudosos.

En este caso, ya no hablamos de hechos aislados, sino de toda una estructura educativa puesta al servicio de unos intereses partidistas, no consensuados con la sociedad ni contemplados en los marcos normativos, al menos en este último caso, con la claridad suficiente.

Esta situación no es novedosa dentro del mundo educativo reglado. Ha existido siempre. Ricardo Nassif (1958), por contar un ejemplo, señalaba las muy conocidas “antinomias pedagógicas”, la cara y la cruz de una misma moneda: la Educación.

En ese conjunto de paradojas, la formación de las jóvenes generaciones se muestra como un instrumento que puede ayudar al cambio social o a perpetuar el orden imperante, teniendo como elemento vehicular la cultura, entendiendo esta como el conjunto de saberes preponderantes en un determinado momento y en una determinada sociedad.

Esta dualidad nos conduce directamente a establecer un binomio inseparable. El adoctrinamiento va íntimamente ligado a la instrumentalización de la educación; es decir, a dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de los discentes a unos intereses políticos, sociales y económicos concretos, alejados de un desarrollo integral de la persona.

Conforme a lo expresado, el adoctrinamiento propiamente dicho no es de carácter individual, sino colectivo, y viene avalado por unos planteamientos de política educativa muy concretos y apoyados en unos marcos legislativos que lo posibilitan.

Nuestro modelo de organización territorial se basa en un estado autonómico, donde cada comunidad goza de un margen amplio de maniobra. A tal fin, en nuestras leyes orgánicas, en todas ellas, se establece una clara distribución de competencias entre las distintas administraciones. Competencias que abarcan todos los niveles de la gestión educativa. Se trata del principio de diversidad de nuestro sistema que garantiza la necesaria adecuación a las singularidades de cada territorio. Junto a él, y en el mismo nivel de paridad, se sitúa el principio de comprensividad, el cual asegura que todos los ciudadanos de este país reciben una formación equivalente, en los distintos tramos de la escolaridad, independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcan. Ello garantiza el principio de igualdad por lo que respecta a las titulaciones y, en consecuencia, su reconocimiento a efectos académicos y laborales en cualquier punto de nuestra geografía. Nuevamente, nos hallamos ante un delicado equilibrio que es preciso mantener.

Esta flexibilidad se traduce, en el marco estrictamente curricular, en disponer de la libertad para acomodar la oferta educativa a las señas de identidad del hecho autonómico. Para ello, desde las propias leyes orgánicas y con más claro reflejo en los Reales Decretos y Decretos curriculares se establecen unos porcentajes para hacer realidad esas diferencias definitorias. En el caso de las comunidades con lengua propia, disponen de un 45% de libertad de movimientos, y de un 35%, en aquellas cuya única lengua vernácula es el castellano.

El devenir del tiempo ha conducido a la existencia de diecisiete sistemas educativos y dos ciudades autónomas, regidas por el Ministerio de Educación, que comparten muchos elementos, pero que, entrando en aspectos de índole cualitativa, tienden a diferenciarse cada vez más. De ahí que afirmemos que tenemos tantos sistemas educativos como realidades autonómicas al contar con sus propios decretos de enseñanza que difieren entre sí, incluso hasta en lo común.

En fechas recientes, y con un carácter marcadamente anecdótico aunque comunicado con escaso acierto, se han señalado una serie de ejemplos llamativos de esta flexibilidad curricular que aparece reflejada en el material del alumnado; para entendernos todos, libros de texto.

Ello ha provocado el pasar, de una posible carcajada inicial, a una profunda indignación al ver lo que deben aprender nuestros alumnos y alumnas en los centros docentes, forzando y distorsionando una misma realidad dependiendo de la “lente autonómica” con la que se enfoque.

Los editores se convierten, de forma automática, en los responsables de esta fiebre adoctrinadora que estamos padeciendo. Son unos lacayos del poder establecido cuando, simplemente, se está dando cumplimiento a un marco normativo que nos vincula a todos en el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones, siendo, de esta forma, desde los principios de la concepción democrática y autonómica del país. Curiosa paradoja, también.

Los materiales impresos y digitales que emplea el alumnado y que proceden del sector editorial responden con rigurosidad a los diseños curriculares establecidos en cada ámbito autonómico, conjugándolo con planteamientos innovadores procedentes del campo de la didáctica. Por cierto, rigurosidad que no está contrastada fehacientemente en aquellos casos en los que se alude a materiales de creación propia, sin duda deseables pero con la necesaria supervisión.

Si en nuestros centros educativos se está produciendo una situación generalizada de adoctrinamiento, cuestión que requeriría el oportuno estudio que viniese a confirmarlo o desmentirlo, sería la administración educativa central la encargada de dar respuesta a través de una acción curricular proactiva que nos otorgase garantías y seguridad de una sociedad constituida por ciudadanos libres, con el principio de equidad e igualdad de oportunidades como expresión de la excelencia educativa.

Carlos Marchena es director de la División Educativa de Grupo Anaya.