Un punto de inflexión para los colegios privados

Una cosa ha quedado clara durante esta terrible pandemia: a este Gobierno le interesa más la muerte que la Educación. Por eso, pese a continuar en estado de alerta sanitaria, pretende seguir con la tramitación de la Ley de la Eutanasia y dejar para más adelante la derogación de la Ley de Educación de Rajoy.

De todos modos, el Gobierno ya aprobó la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) en un Consejo de Ministros y también empezó su trámite parlamentario. Así que los colegios privados concertados ya son sabedores de la próxima desaparición del concepto “demanda social”. ¿Y en qué consiste eso de la “demanda social? Pues en que si un colegio privado es solicitado por determinado número de familias, éste tiene derecho a conservar su concierto educativo y, si el Gobierno de turno fuese partidario de la libertad educativa, permitir incluso la apertura de alguna línea más. Con la nueva ley desaparece esa posibilidad y se buscará la eficacia económica: la primera preocupación será llenar los centros públicos y después, si fuese necesario, ya se contaría con las plazas ofertadas por los centros privados adscritos a los conciertos.

Pero esta pandemia no ha podido evitar otro ataque a la Educación privada, concertada o no. Ante la imposibilidad de aprobar la Lomloe y que ésta se aplique ya el próximo curso, los progresistas que anhelan una igualdad en la mediocridad han cambiado de estrategia y están exigiendo que las familias de los colegios privados dejen de pagar las mensualidades, ya sean de carácter voluntario o no.

Un centro privado, el que no recibe ninguna ayuda estatal, no puede subsistir ni un trimestre si las familias dejan de pagar. Y otro concertado, si le ocurre lo mismo, tardará algo más, pero también tendrá que cerrar sus puertas si esta situación se alarga. Bien sabemos todos que el concierto económico no cubre la totalidad del coste de la escolarización del alumnado. De algún sitio hay que sacar el dinero que cubra con los gastos de la administración, de los servicios de limpieza, mantenimiento y jardinería, de las mejoras de las instalaciones, de los préstamos hipotecarios…

Pero hay que ir más allá, pues hasta de una situación agónica como ésta se puede sacar algo positivo. Ante la demanda de impago de algunos, el equipo directivo de estos colegios va a ser sabedor del grado de implicación que tienen las familias con el ideario del centro. Va a ser consciente de si su labor educativa está bien planteada o si solo cubre una necesidad material y académica que cualquier otro centro educativo, ya sea público o privado, ofrece también. Esta crisis puede servir como punto de inflexión, como una oportunidad para volver a los orígenes y retomar de nuevo aquel ideario que en su día impulsó la creación de estos colegios.