Decisiones reversibles

Los españoles seguimos inmovilizados por culpa de un estado de alarma que se muestra incapaz de frenar del todo a este coronavirus. Ahora ya podemos salir a pasear y hasta los bares van a abrir sus terrazas. ¿Y qué pasará dentro de un par de semanas? ¿Sufriremos un repunte en el número de contagiados y de fallecidos?

Y mientras tanto, mientras está en juego la vida y la hacienda de miles de ciudadanos, nuestro Gobierno no pierde el tiempo y sigue con los trámites parlamentarios para aprobar cuanto antes la nueva Ley de Educación. No pierde su tiempo, pero sí el de los españoles y también el del próximo Ejecutivo. Porque una ley educativa que nace sin consenso, sin aceptar ni una sola enmienda de los partidos de la oposición, que tampoco acepta las sugerencias de los sindicatos, de la patronal y de diferentes asociaciones de padres, tiene sus días contados. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué caer en el mismo error que, según nuestro actual Gobierno, cometió Rajoy y su ministro José Ignacio Wert?

Una vez más se cumplirá esta falsa creencia: cambio de Gobierno, cambio de ley educativa. Y digo que es falsa porque no es así. Es mayoritaria la opinión, asumida hasta por expertos pedagogos, que cada partido político, una vez en el poder, ha hecho “borrón y cuenta nueva”, derogando la ley educativa aprobada por el partido opositor e imponiendo la suya propia. Son muchas las voces que reclaman un “pacto educativo” para que la Educación no sea nunca más moneda de cambio, para que se paralice esta espiral de cambios continuos. ¿Pero este deseo se ajusta a la realidad? ¿Es cierto que cada gobierno ha elaborado y aprobado su propia ley educativa? Vale la pena detenerse un poco en este punto para aclarar malentendidos.

La Ley General de Educación data del año 1970. Esta Ley, aprobada en tiempo de la dictadura, siguió vigente en su totalidad hasta el año 1985 y parcialmente hasta 1990. El partido ganador de las primeras elecciones democráticas fue la Unión de Centro Democrático. Adolfo Suárez comenzó a gobernar en el año 1977 y también ganó las elecciones del 1 de marzo de 1979. Si es cierto que cada partido, al asumir el poder, elabora su propia ley educativa, podríamos poner fecha a la ley que reformará la del año 1970. Pero no fue así.

La UCD gobernó hasta el año 1982. En este periodo de tiempo sólo se aprobó una ley en materia educativa, la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares de 1980 (Loece), que no derogaba la ley anterior de 1970 y que no llegó a aplicarse por falta de presupuesto. Esta ley fue aprobada en el Parlamento, aunque los partidos socialista y comunista se opusieron.

Será el PSOE, con Felipe González como presidente del Gobierno, el partido que asumirá las riendas del poder en el año 1982 y apruebe la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985. Una Ley que no derogaba ni modificaba en su totalidad a la de 1970, pero que sí suponía la consolidación de la doble red de centros (una pública y una privada, mantenida con fondos públicos) y contempló por primera vez la figura del Consejo Escolar.

La reforma educativa de más calado desde la Ley General de Educación llegaría el año 1990 con Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse). Se cambia la denominación y duración de las etapas educativas, se amplía la obligatoriedad hasta los 16 años, cambia la normativa de centros… ¿Qué partido gobernaba en ese momento en nuestro país? El PSOE de Felipe González.

Antes de que llegara al poder el Partido Popular, el gobierno socialista aprobó otra ley para puntualizar algunos aspectos de las leyes anteriores, la Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (Lopeg) de 1995, que trata el tema de las actividades extraescolares, la autonomía de gestión de los centros docentes, las inspecciones por las administraciones educativas y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos.

José María Aznar ganará las elecciones del año 1996. Si es cierta la teoría del “cambio político, cambio de ley”, este Gobierno no tardaría en derogar o paralizar la Logse y así imponer una nueva ley de corte conservador. Pero no se cumplió el pronóstico. Pasará un año, otro, otro… No será hasta el 2002 cuando el Partido Popular apruebe una ley que pretendía adecuar la Formación Profesional a las nuevas exigencias del sistema productivo, la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (Locfp) y otra de mucho más calado, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), tras seis años de permanencia en el poder. Esta ley dejaba vigente buena parte de la ley socialista anterior y modificaba el plan de estudios en algunas de las asignaturas humanísticas y de la Religión. También incidía en la necesidad del esfuerzo personal del alumnado y no solo en la motivación transmitida obligatoriamente por los docentes, a veces obligados a ser meros espectadores y directores del aprendizaje discente.

En el mes de marzo de 2004 llega al Gobierno el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Cosas de la vida, aquí sí que se cumple a rajatabla la sensación común y mayoritaria de que cada gobierno saca su ley educativa.

A los 15 días de asumir el poder, Zapatero paralizó la aplicación de la LOCE del PP (seguiría vigente la Logse de Felipe González), hasta que sus asesores ofrecieran a la sociedad española una nueva ley educativa. Esto ocurriría dos años después, en el 2006, con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que conserva parte de la Logse, recoge algunos puntos de la LOCE y deroga las otras leyes educativas a excepción de la LODE.

En el año 2011 vuelve el Partido Popular a gobernar, esta vez de la mano de Mariano Rajoy. Dos años después, a finales del 2013, será cuando apruebe la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ley que tiene un solo artículo que reforma, y no deroga, la LOE de Zapatero.

Si nos atenemos a la realidad histórica, no es cierto que cada gobierno haya sacado adelante una nueva ley educativa nada más llegar al poder. Más aún, desde el año 1985; año de la aprobación de la LODE; hasta nuestros días, nuestro sistema educativo ha estado regido durante veinticuatro años por leyes educativas socialistas y 11 años por las leyes del Partido Popular.

Y Sánchez vuelve a caer en el mismo error. Está claro que un pacto educativo de máximos es imposible hoy en día, pues las posiciones ideológicas están muy alejadas, pero sí se podría llegar a un acuerdo de mínimos o, por lo menos, dar voz a los partidos políticos de la oposición y a los sindicatos y asociaciones que no son afines a este Gobierno progresista. Señor Sánchez, le pedimos un simple gesto de cortesía, una oportunidad para que se logre algún acuerdo, aunque sólo sea en un único artículo de la Ley. Si no, ya sabe que su ley va a nacer con una más que próxima fecha de caducidad.