La nacionalización de la Educación

Pablo Iglesias, nuestro vicepresidente y defensor acérrimo de lo público, está que no se lo cree: la Comisión Europea ha dado luz verde a la reforma temporal de las reglas de la competencia y permitirá a los gobiernos entrar en el capital de las empresas estratégicas que estén en crisis por culpa de la pandemia. El señor Iglesias, y todos los que siguen su misma ideología, están convencidos de que cualquier institución educativa privada, sin importar su titularidad, es una empresa que tiene un único fin: el beneficio económico. Por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos, pues es una empresa que se dedica a algo tan estratégico como la Educación de las nuevas generaciones y muchas de ellas están afectadas por una crisis económica que va a ir a más con la aprobación de la Lomloe.

El estado de alarma sanitaria mantiene cerrados todos los centros educativos, pero sólo los privados, concertados o no, están sufriendo una merma grave en sus recursos económicos. Y es que algunas voces, provenientes de sectores progresistas defensores a ultranza de todo lo público, están instando a las familias de los colegios privados a que dejen de pagar las cuotas mensuales. Si las familias dejan de pagar, los colegios concertados, donde la mensualidad es de tipo voluntario, aún podrían hacer frente a las nóminas de sus docentes, pero no a las del personal de Administración y Servicios ni a los pagos de préstamos o a la compra de material diverso. En cambio, los colegios privados no tendrían ni la posibilidad de pagar el sueldo a sus profesores.

Pero que nadie se preocupe, pues la Unión Europea ha dado con la solución para que todos estos centros educativos no tengan que echar el cierre. El Estado español podrá inyectar capital directamente en esas empresas educativas en apuros y, como no podría ser de otro modo con un gobierno progresista como el nuestro, también les impondrá unas condiciones ideológicas adicionales.

Tras esta intervención, el Gobierno entenderá por fin una exigencia de los equipos directivos que siempre ha sido desatendida: la infrafinanciación de los conciertos educativos. Y es que, para que los centros privados mantengan toda su infraestructura, tendrá que invertir casi el doble de lo que hacía hasta ahora en cada uno de esos colegios concertados. Y también tendrá que insuflar una nueva partida económica a los ayuntamientos, pues a los gastos del mantenimiento, luz y agua incluidos, de los colegios públicos, habrá que sumar el coste de mantener a los privados nacionalizados.

Y pasarán los siete años que la Comisión Europea ha previsto como plazo máximo de la nacionalización de las empresas privadas. Y quizá, en ese año 2027, todavía tengamos en España un gobierno progresista que no quiera desprenderse del control de la Educación; con la única pretensión de hacer efectivo el maravilloso derecho a la igualdad y uniformidad, claro está. De ser así, seguro que se les ocurre alguna estratagema para que la desaparición de la enseñanza privada concertada sea legal del todo. Por ejemplo, establecer que el Claustro de cada centro decida democráticamente si desea permanecer nacionalizado, con la promesa de que cada profesor pasará de forma automática a tener un puesto como funcionario, o si prefiere estar de nuevo bajo la dirección de los anteriores gestores, y exponerse a un posible despido si los números no vuelven a cuadrar. Todos sospechamos de antemano el resultado de ese posible referéndum en los centros donde no ha calado el ideario fundacional entre su comunidad educativa. Quizás ahora, que todavía estamos a tiempo, sea un buen momento para que los equipos directivos hagan sus cábalas… por si acaso.