Las becas de la frustración

El Gobierno está de enhorabuena pues por fin se ha resuelto una tremenda injusticia para con los universitarios que estaban obligados a sacar un seis y medio de media si querían disfrutar de una beca de estudios. ¿Cómo era posible que a la gente sin posibles se le exigiera semejante nota? ¿Acaso pensará alguno que a la universidad sólo pueden ir los superdotados? Menos mal que Pedro Sánchez y los suyos han caído por fin en la cuenta y a partir de ahora ya no contará el expediente académico para conceder las becas –bastará con tener una media de cinco– sino la renta que tenga la familia demandante. ¡Por fin el pueblo se podrá codear con la élite en este país!

Vista esta decisión unilateral del Gobierno, podemos caer en la cuenta de la importancia que tiene conocer la historia de la Educación para aprender de los errores pasados. La Ley General de Educación del año 1970, este año se cumple medio siglo de su aprobación, elevó la edad de la Educación obligatoria hasta los 14 años, pero la realidad fue otra bien distinta. Como la edad mínima para trabajar era y es de 16 años, la mayoría de los jóvenes, cuando acababan octavo de Educación General Básica (EGB), continuaban sus estudios un par de años más. Más aún, pues hasta los que habían repetido un par de veces, y ya tenían los 16 al finalizar octavo, intentaban ampliar su vida de estudiante. Las opciones para los que aprobaban el último curso de EGB eran dos: el Bachillerato o la Formación Profesional. La opción para los que suspendían era sólo una: la Formación Profesional. Esto, traducido al lenguaje de un joven de 14 años, significa que los listos cursaban Bachillerato con la mira puesta en la universidad y los menos listos hacían un par de años de FP para poder trabajar de algo al cabo de los años.

¿Será posible que esa mala fama de la Formación Profesional perdure hoy en día? Pues si nos fijamos en las estadísticas, la respuesta es que sí. En países como Alemania o Austria el porcentaje de alumnos que cursan estudios universitarios es menor del que tenemos en España. Allí la Formación Profesional tiene prestigio y es una opción que eligen también estudiantes con expedientes brillantes. Son conscientes de las necesidades del mercado laboral y son capaces de entusiasmarse por desempeñar trabajos manuales y técnicos.
Aquí en España la universidad está masificada y hay carreras que, aún a sabiendas de su poca demanda laboral, gradúan a miles de estudiantes un año tras otro. No son pocos los titulados universitarios que, aún más en esta época de necesidad por culpa de la pandemia, están trabajando en el campo, en fábricas y en almacenes.

Graduados universitarios con una nota media de sobresaliente, un máster y hasta con un doctorado se las ven y se las desean para poder encontrar un puesto de trabajo de lo suyo. Y llega este Gobierno y condena a miles de estudiantes con la beca de la frustración. Gracias a esa obsesión inexplicable por la igualdad, muchos estudiantes desmotivados, no se puede decir otra cosa de aquellos que obtienen una media de un cinco, perderán unos años valiosísimos de su vida para obtener un título universitario mediocre que no les va a servir para nada. Este Gobierno, al concederles una beca universitaria que nada les aportará para su provecho profesional, les ha impedido abrir su campo de miras para que se plantearan cursar algún módulo de formación, medio o superior, que sí les hubiera facilitado su inserción laboral en esta sociedad tan competitiva.

Señora Celaá, ya está bien de tanta propaganda populista. Usted sabe que en nuestro país no se necesitan tantos titulados universitarios y que los primeros que no van a encontrar trabajo van a ser esos jóvenes becados con un expediente de cinco.