Proctoring, docencia online y cumplimiento normativo: ¿una ecuación imposible?

Resulta particularmente preocupante pensar que una compleja interacción de factores haga invivible la docencia online en este país. Se aprecia en este momento una combinación de elementos realmente explosivos. Los artículos publicados hasta hoy en esta página se habían centrado en la garantía de la privacidad de los menores. La razón para ello es obvia para cualquier experto medianamente informado. Las políticas de escaparate en privacidad han sido particularmente ineficaces. En realidad, y con muy honrosas excepciones, el profesorado en todos los niveles carece de soporte, no ha sido debidamente formado y no cuenta con las herramientas y competencias digitales adecuadas.

Poner una página informativa, realizar algunas campañas y publicar notas de prensa no cambia las cosas. Lo hace una decidida política pública ordenada a llevar a nuestro país al año 2020. Por otra parte, también se aprecia uno de los bandazos usuales en nuestra historia desde finales del Siglo XIX. Una vez más una situación de profunda crisis nos lleva a rechazar lo existente y abrazar lo nuevo con la fe del converso. No son buenas noticias.

El periodo que ocupa desde el final de este curso hasta el inicio del siguiente exige una consideración urgente, y a la vez ponderada, de los factores que pueden incidir en el futuro de una enseñanza asistida desde un soporte digital desde la convicción de que no se trata de un debate entre presencialidad y virtualidad. Fiar todo a lo virtual carece de sentido. Conviene estar preparados para afrontar un rebrote pandémico que nos confine de nuevo. Sin embargo, lo razonable debería ser apostar por la semipresencialidad. Por distintas razones:

• El aprendizaje virtual reforzará competencias imprescindibles para nuestros estudiantes. De hecho, nuestro sistema educativo, y particularmente el universitario, se ha enfrentado a un retraso considerable en esta materia. Resulta sencillamente inconcebible que un mundo en el que ya hace un lustro que existe el trabajo en red, los entornos colaborativos, o las conference call, existan enteras titulaciones que los han empleado de modo sistemático por primera vez.
• La semipresencialidad puede ayudar a reconfigurar horarios y tiempos de presencia contribuyendo así a una racionalización del uso de espacios con motivo de la distancia social.
• En aquellos niveles con madurez suficiente del estudiante, las metodologías de docencia inversa, flipped classroom en entornos online, puede permitir una reconsideración del trabajo en el aula maximizando el esfuerzo de aprendizaje e invirtiendo el modelo tradicional. Si hoy se escucha al profesor en el aula y se trabaja en casa, habría que plantearse qué podría suceder si el proceso se invierte.

En segundo lugar, carecemos de un refuerzo legislativo que ordene la docencia online. Y ello permite soportar reivindicaciones difícilmente justificables en el ámbito de los derechos fundamentales. No es posible una educación a la carta en la que el estudiante escoja a capricho. Confundir la innovación docente, la democracia en las aulas, y los modelos de educación participativa con un descenso del rigor en el aprendizaje es suicida. Y la imposibilidad de disponer de un marco normativo que ofrezca seguridad en las decisiones que eventualmente comprometan derechos fundamentales opera como freno.

En este sentido, y, por último, todas las autoridades concernidas deben entender qué significa enseñar, y qué implica aprender en un entorno virtual o semipresencial. Es sencillamente ridículo leer informes que afirman que ciertos datos del profesorado deben ser públicos en internet para ayudar a los estudiantes a contactar con el profesor. ¿Acaso quién lo redactó no había usado jamás un aula virtual? En este sentido es necesario resaltar, aunque resulten complicados, al menos dos aspectos de entre otros muchos:

• En un modelo de formación basado en competencias y en el que las asignaturas se miden en tiempo trabajado la llegada de entornos online implica monitorización. Las métricas ya no pueden basarse exclusivamente en el “ojo de buen cubero”. Los estudiantes disponen de recursos infinitos y es necesario asegurar que efectivamente se ha trabajado y la aportación deriva del esfuerzo intelectual.
• Y, mal que nos pese, seguirán existiendo pruebas de evaluación. Y algunas de ellas requerirán también de control y monitorización. Y de un modelo tan respetuoso como eficiente para proporcionarlas.

Este país necesita de una reflexión ponderada, de un enfoque proactivo, y de un esfuerzo colectivo de todos los sectores educativos. Cuál sea ese modelo no lo puede decidir libérrimamente un solo profesor, pero tampoco una autoridad de protección de datos. Debe ser fruto de un esfuerzo integrado y multidisciplinar. Nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro.