Los centros de Educación Especial en peligro de extinción

Jesús Asensi
Profesor de Religión
27 de julio de 2020
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Nuestro Gobierno no teme afrontar nuevos retos y así quedó demostrado durante la etapa de confinamiento, cuando decidió continuar con la tramitación parlamentaria de su nueva Ley de Educación, la Lomloe. Una ley que cae en los mismos errores que las leyes anteriores: tratar de imponer una ideología sin buscar un pacto educativo de mínimos que permita una estabilidad legislativa imprescindible.

En esta ley se establece, en su Disposición Adicional Cuarta, que en el plazo de diez años la mayoría del alumnado de los centros de Educación Especial, a excepción de los casos que requieran de una atención muy especializada, estará integrado en centros ordinarios. Por eso, la mayoría de los centros de Educación Especial echarán el cierre y sólo quedarán unos pocos para atender a los casos más graves y también aquéllos que se transformen en centros de referencia y de apoyo para los centros ordinarios.

La mayoría de las familias de todos esos niños con diversidad funcional lo tienen muy claro: integración por supuesto que sí, pero Educación Especial por supuesto que también. Apuestan por la libertad de elección y no por una integración obligatoria sin derecho a réplica.

La mayoría de las familias de todos esos niños con diversidad funcional lo tienen muy claro: integración por supuesto que sí, pero Educación Especial por supuesto que también

Pero resulta que nuestro Gobierno ve mucho más allá, pues dispone de una información privilegiada para poder imponer su ideología progresista: la cultura de la muerte. Resulta que, desde que se aprobó la Ley del aborto en 1985 y más todavía desde la reforma liberticida que impulsó Zapatero, el nacimiento de niños con alguna anomalía detectable durante el embarazo casi ha desaparecido. Por ejemplo, se estima que en el año 2050 ya no nacerá en España ningún niño con síndrome de Down. Hoy en día sólo dan a luz un 5% de las madres que son sabedoras del diagnóstico Down de su hijo.

El Gobierno, además de seguir con la tramitación de la Lomloe, también ha impulsado durante este confinamiento la aprobación de la Ley de eutanasia. Una ley que se ha revestido de una falsa compasión para con las personas enfermas y ancianas que ya están hartas de vivir. Una ley que en otros países ha derivado con los años hacia la población infantil y ya permite la muerte de infantes con alguna diversidad funcional física o psíquica.

Este Gobierno presume de integrador y de seguir los acuerdos de diversas convenciones de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y de la Agenda 2030. Pero la cruda realidad es que la Lomloe prevé el cierre de los centros de Educación Especial en el plazo de diez años, cuando en España, gracias al aborto libre, sólo nacerán niños sanos, y en el caso de que alguno se escape por un diagnóstico fallido, se le pueda aplicar también la eutanasia. Este Gobierno prevé el cierre de estos centros educativos porque dentro de unos años ya nadie los necesitará.

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