Maribel Loranca: "Debería haber un protocolo único para los trabajadores sensibles al Covid"

La trayectoria académica de los alumnos o la conciliación de las familias están en juego en el modo en que se está regresando a las aulas en este curso atípico, pero, aunque a veces no esté en el primer plano, también lo está la salud de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, como recuerda la secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca.

Los centros de enseñanza son también centros de trabajo. ¿Se ha «olvidado» un poco en el debate público en torno a la vuelta al cole esta faceta?
—Absolutamente. En el debate público sobre la vuelta a las aulas la principal preocupación ha sido la conveniencia o no de las clases presenciales y cómo esto influiría en la educación de los escolares. En un segundo lugar, ha preocupado cómo las familias podrían conciliar su vida laboral si los escolares no asistieran a clase y, finalmente, cómo podría afectar la vuelta al colegio a los posibles contagios de la población en general, si los niños y niñas se podrían contagiar en el colegio y “pasar” ese contagio a sus casas.

Aun siendo estos tres aspectos muy importantes, lamentablemente no hemos visto en la opinión pública preocupación por los trabajadores del sector, personas que van a estar expuestas durante muchas horas, trabajando en espacios cerrados, con numerosa afluencia.

Desde FeSP-UGT consideramos fundamental garantizar la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector de forma que puedan realizar su trabajo sin riesgo para su salud.

¿Se puede analizar el riesgo de contagio en un centro educativo desde la perspectiva de riesgos laborales?

—Claro que se debe analizar esta situación desde el punto de vista de los riesgos laborales, y de hecho se contempla. La peculiaridad de esta situación, al ser una pandemia, es que se traspasan los límites que competen a los riesgos laborales, ya que estos solo se aplican a los centros de trabajo y a sus trabajadores. Por tanto en esta situación el Gobierno articula medidas de obligada aplicación para toda la población, no sólo para los trabajadores.

Respecto a las medidas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, el Gobierno ha publicado un procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2 donde se recogen las medidas concretas que deben aplicar frente a esta problemática, estableciendo medidas concretas para el caso concreto del virus. Además, en los protocolos de Educación hay medidas concretas que afectan a la prevención de riesgos laborales, como es el hecho de que los trabajadores que se hagan cargo de casos positivos de Covid-19 deban llevar mascarillas tipo EPI, es decir, de mayor protección que las mascarillas quirúrgicas que debe llevar el alumnado, o la obligación de comunicar la infección de un trabajador al servicio de prevención.

En un centro educativo, ¿son los adultos -personal docente y no docente- los más vulnerables?
—Entendemos que sí, pues, afortunadamente, el virus no suele afectar a la salud de los jóvenes. Esto no significa que no puedan infectarse, que sí que lo hacen, pero en la mayoría de los casos no presentan síntomas o no son de gravedad y prácticamente no hay fallecimientos en esa horquilla de población. Pero sí que pueden contraer el virus y, lo que es más importante, lo sin síntomas aparentes pueden dispersar y contagiar a otras personas. Por tanto, pueden infectar a los trabajadores de los centros escolares. Y los trabajadores de los centros escolares en función de su edad y otras características de salud como hipertensión, obesidad, afecciones pulmonares previas, etc., tienen un mayor riesgo para su salud. De ahí la importancia de garantizar la seguridad y salud de este colectivo de trabajadores y trabajadoras.

¿Conocen las cifras de profesores que no han podido incorporarse por ser vulnerables frente al Covid-19?
—Desconocemos el número de profesores que no se han podido incorporar al trabajo por esta causa. De todas formas, con cifras consolidadas del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2018-19, había 40.485 docentes en las enseñanzas no universitarias mayores de 60 años, que es un factor para ser considerado trabajador especialmente sensible. Del curso que acaba de finalizar, el 2019-20, aun no tenemos datos definitivos.

El procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐Cov‐2 ha creado la definición de trabajador especialmente sensible en relación al coronavirus y su definición es: “las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años”.

La condición de trabajador especialmente sensible debe determinarla el servicio de prevención de riesgos laborales del centro, que es dependiente de la propia administración para los centros de carácter público o el servicio de prevención contratado en el caso de los centros privados. Estos servicios de prevención deben emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección de cada trabajador especialmente sensible para que puedan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora. En el protocolo hay un anexo con las recomendaciones de actuación para estos casos. Desde nuestro punto de vista estas son demasiado limitadas, ya incluso teniendo dos o más valores que determinan ser trabajador especialmente sensible (llamado comorbilidad) recomiendan que se realice la actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas.

Por tanto, ser trabajador sensible no determina inmediatamente la baja laboral, sino que se deben realizar adaptaciones para garantizar que puedan hacer su trabajo de forma segura. El problema, la mayoría de las veces, es cómo se aplica la norma y si prevalecen los intereses económicos sobre los sanitarios. A veces se puede exponer a un riesgo excesivo a un trabajador especialmente sensible por no querer darle la baja laboral. Dadas las características del sector de la enseñanza, entendemos que habría que tener mayor cuidado con los trabajadores especialmente sensibles.

<strong>¿Creen que es necesario regular el teletrabajo docente?</strong>
—Claro. Ahora se ha puesto de moda el tema del teletrabajo, pero desde el 2001 ya hay un <strong><em>Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo</em></strong> en el que ya se dan ciertas directrices y recomendaciones. De hecho, el Gobierno está preparando una ley que concrete y especifique más estos temas. Hay que tener en cuenta que esta pandemia ha potenciado el teletrabajo en muchos sectores. El problema es que lo ha hecho de forma urgente y en muchos casos nos ha pillado con el pie cambiado.

En el teletrabajo en la docencia es clave lograr un equilibrio entre las clases presenciales y online y formar al profesorado en nuevas tecnologías.

¿Cuál es el mayor punto débil en los protocolos de medidas preventivas?
—La posibilidad de contagio aumenta según el número de personas que forma parte del grupo de convivencia estable. A grupos más numerosos, más fácil es que haya contagios y, por tanto, se tenga que aislar a todo el grupo. Por eso es fundamental tener grupos lo suficientemente pequeños, para que en caso de cuarentena no se aísle a un grupo muy numeroso.

<strong>¿Cree que deberían unificarse los criterios entre las distintas comunidades?</strong>
—Hay una guía básica del Gobierno consensuada con las CCAA con las principales medidas preventivas, con recomendaciones básicas generales, pero cada comunidad puede adaptar aspectos tan importantes como el número o si la Educación es completamente presencial o mixta.

Lamentablemente en estos meses el único acuerdo al que han llegado las Administraciones educativas se ha ceñido al ámbito higiénico-sanitario, que, con ser fundamental, no es el que venimos reclamando. La previsión en junio de la mayoría de las comunidades, confiando en una evolución favorable de la pandemia que no se ha producido, era comenzar el curso a coste mínimo, recuperando una normalidad académica que no existe. Ni la Conferencia Interministerial de Educación y Sanidad del 27 de agosto ni la Conferencia de Presidentes del 4 de septiembre avanzaron en un acuerdo global en materia organizativa y pedagógica que conllevara una mayor inversión educativa. Solo se pretende garantizar la Educación presencial hasta 2º de ESO y a fecha de hoy solo la Comunidad Valenciana y Asturias aseguran que van a cumplir la recomendación de un máximo de 20 alumnos por aula

Ni siquiera en el tratamiento y apoyo de los trabajadores y trabajadoras de colectivos especialmente vulnerables hay una posición común que, a nuestro juicio, debería responder a un protocolo único acordado por las Administraciones educativas y sanitarias en todo el Estado.